El juicio de los expertos al decreto del gobierno de Kast para acelerar los permisos ambientales
El juicio de los expertos al decreto del gobierno de Kast para acelerar los permisos ambientales CARLOS ALONSO Una de las primeras medidas que anunció el Presidente José Antonio Kast fue la firma de seis decretos. De esos, uno tiene relación con resolver los atrasos en tramitación de permisos.
La idea de la instrucción presidencial busca agilizar 51 recursos de reclamación pendientes en el SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental). Según el decreto, hay proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada que enfrentan retrasos administrativos fuera de todo plazo legal, bloqueando inversión por US$ 16.300 millones. El instructivo presidencial lo que está haciendo es exigir que se cumplan los plazos establecidos actualmente en la Ley, lo que implica mejorar la gestión, según especialistas en el tema. Agregan que no se requiere cambiar las normas. Así, para los recursos ya vencidos hoy se establece una resolución con un máximo de 90 días corridos desde la recepción del oficio. Por su parte, para los nuevos recursos presentados ante la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) hoy se establece un máximo de 30 días hábiles. Y si los recursos están siendo tramitados en la instancia correspondiente al Comité de Ministros, actualmente se exige una resolución de un máximo de 60 días hábiles. Por orden del Presidente de la República ahora esos plazos se deben respetar. Ante este decreto, los expertos se dividen ante la efectividad que tendrá la medida. Para algunos es efectista y solo busca entregar una señal política, pero con poco efecto en la práctica. Sin embargo, para otro lo ven como una medida positiva para acelerar la inversión.
Juan Ignacio Gómez, coordinador legislativo para LyD sostiene que "es una medida de gestión, con plazos que no son legalmente vinculante para el sistema, pero donde su fuerza viene de su emisor: el Presidente de la República.
Entonces, no realiza cambios de fondo al sistema, pero si pone a trabajar con mucha más fuerza al estado porque es una orden del Presidente". En ese sentido, la eficacia de la medida va a depender de la capacidad de gestión de la nueva administración.
Por eso, la medida es significativa, porque apunta a que una parte importante de los problemas asociados a la permisología es pura gestión y así el impacto debería ser doble: no solamente porque se va a poner al día lo atrasado y se resolverán los procedimientos en menores plazos, sino porque hay una señal de que la inversión es una prioridad que se instala en La Moneda". Otra visión entrega Ezio Costa, director Ejecutivo de ONG FIMA: "El instructivo es una herramienta de uso común en la administración pública y que tiene alcances limitados. En este caso, creo que su principal objetivo es la señal política, pues no veo que vaya a tener efectos relevantes en otro sentido.
Lo que puede resultar preocupante es, luego, que medidas tome cada ministerio para favorecer a ciertos proyectos, ahí hay que poner atención a la legalidad y probidad de esas medidas más específicas". Por lo mismo señala que "el anuncio actual es un anuncio principalmente político y en ese sentido, tendrá poco efecto inmediato". Jorge Cash, abogado experto en temas medioambientales, sostiene que "el anuncio impone al SEA una exigencia inédita en su modelo y estructura de trabajo, que requerirá de gran liderazgo". En ese sentido, explica que el decreto "se instruye a la autoridad ambiental, resolver asuntos de alta complejidad técnica en tiempos acotados, que podrían implicar un alto grado de recursividad si se desatiende el estándar de motivación de las resoluciones, lo que podría complejizarse, si no se nombran pronto los ministros que faltan en los Tribunales Ambientales, a efectos de que resuelvan con mayor celeridad los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones del Comité de Ministros".®. Según el decreto, hay proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada que enfrentan retrasos administrativos fuera de todo plazo legal, bloqueando inversión por US$ 16.300 millones.