Deuda histórica: Propuesta con "treta"
Deuda histórica: Propuesta con "treta" E l traspaso de la educación desde el Estado central hacia los municipios tuvo su antecedente normativo en el DL 3062 de rentas municipales, dictado en diciembre de 1979. La reglamentación fue definida en el DFL 1-3063 de junio de 1980. En diciembre de este último año comenzó el proceso. A su vez, el DL 3551, publicado en enero de 1981, estableció una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. En ese momento, atendido el carácter especial de la asignación, se entendió que el traspaso no garantizaba recibirla. Este es el origen de la llamada "deuda histórica". Desde entonces ha sido una reivindicación del Colegio de Profesores. Sucesivos gobiernos han considerado que no existe tal deuda, amparados en al menos dos pronunciamientos de la Contraloría en distintos momentos del tiempo. Tampoco de los pronunciamientos judiciales --que han existido para casos puntuales-se puede desprender que esta "deuda" se halle vigente. El Colegio de Profesores, entonces, modificó su planteamiento, solicitando, en su defecto, una reparación simbólica. Es algo que a varios gobiernos tampoco les ha hecho sentido. Sucede que, a través del tiempo, se han entregado numerosos beneficios para mejorar la situación de docentes en ejercicio y también retirados; aunque siempre podrán estimarse insuficientes.
En este contexto, el actual gobierno ha optado por postular una reparación, por una sola vez, que ascendería a $4,5 millones por docente "afectado", que se pagaría en un proceso de seis años, según la edad de los beneficiarios. Estos alcanzarían a casi 57 mil 600 personas. Este lunes y martes el gremio ha organizado una consulta para establecer si los potenciales beneficiarios acogen el planteamiento. La directiva no se ha pronunciado, pero de sus palabras se desprendería que les parece mezquino. El costo, sin embargo, bordea los US$ 275 millones, un desembolso relevante y que no está claro aún cómo el Gobierno pretende financiar. Es una iniciativa que tendrá que discutirse en el Congreso. El proyecto que la respalde seguramente se enviará si se aprueba la consulta. Pero su debate podría volverse complejo si se piensa que, después de las elecciones en curso, comenzarán a darse los primeros pasos para perfilar candidaturas para el próximo año. La fragmentación del Congreso y los arrestos populistas que se observan en la Cámara podrían generar una disputa por aumentar los beneficios. Este gesto simbólico era innecesario y, además, la dinámica política puede llevar a un gasto mucho mayor que el planificado. Pero, claro, en una estrategia habitual en momentos de estrechez fiscal, la parte principal del gasto se traslada al próximo gobierno, restándole flexibilidad para sus propias iniciativas. Es una treta que no debería permitirse, sobre todo cuando se trata de propuestas de tal naturaleza que históricamente no han tenido apoyo y que están lejos de representar una prioridad de gasto social. La parte principal del gasto que involucraría se traslada al próximo gobierno..