Autor: J. P. PALACIOS

Las trabas de la nueva regulación de transferencias de recursos públicos a fundaciones
Las trabas de la nueva regulación de transferencias de recursos públicos a fundaciones DE ACUERDO CON ESTUDIO DEL CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAUC:Entre las otras trabas que presenta el proyecto, según el análisis del centro de la UC, se consideran las garantías financieras discrecionales, y la restricción en la subcontratación.
Apuntan a que todos son factores que pueden ser revisados y mejorados en el proyecto de ley, “para que no interfieran en la provisión de servicios de las organizaciones de la sociedad civil, tan necesarias para la acción conjunta con el Estado”, añaden. Espacio de mejorasEl director del Centro de Políticas Públicas de la UC, Ignacio Irarrázaval, alerta sobre el impacto que ha tenido el caso Convenios en las organizaciones de la sociedad civil.
“Actualmente, las fundaciones en Chile enfrentan una situación crítica, pese a su rol fundamental en el tejido social, donde colaboran en áreas vitales como el acceso a la vivienda, el apoyo a personas con discapacidad y el cuidado de adultos mayores. A raíz del caso Convenios, se han evidenciado graves problemas en la transferencia de recursos públicos, afectando la confianza y el flujo de fondos hacia estas organizaciones”, explica el economista.
Añade que como consecuencia de esta crisis, “muchas fundaciones que no han cometido ilícitos declaran haber sufrido una drástica reducción en sus ingresos, poniendo en riesgo la conti-ALLICNAMNAHTANOJnuidad de programas esenciales y dejando a miles de beneficiarios sin el apoyo necesario que reciben de estas instituciones”. Irarrázaval explica que gran parte de las nuevas exigencias también están en el proyecto de Ley de Presupuestos 2025, lo que a su juicio “vuelve aún más urgente el análisis”. Por su parte, Hans Rosenkranz, director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, levantó alertas sobre la rigidización de la nueva regulación. “Cuando exigencias como las que considera este proyecto se transforman en una barrera para la acción, el impacto lo sufre la población usuaria de los programas sociales.
Esto lo hemos visto en la realidad como consecuencia de la Ley de Presupuestos 2024 y lamentablemente se podría repetir en la de 2025; con el actual proyecto en discusión que, de mantenerse tal cual, acrecentará las brechas que ya se observan en programas de infancia, calle y salud”, dijo. En tanto, la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, recordó que el proyecto de ley en debate surgió como una recomendación de la Comisión Jaraquemada, que se constituyó a raíz del caso Convenios. También se abrió a modificar la iniciativa: “Tiene que buscar un equilibrio, que no signifique una atadura de manos para satisfacer el objetivo final. Y como todo proyecto de ley, es perfectible”. la excesiva rigidez de los requisitos para las OSC. “Tiene muchas y amplias causales de inhabilidad para que una OSC participe de un programa”, apunta. Explican que el proyecto propone también una regla de “concursabilidad” para promover la competencia, lo cual es muy po-sitivo. Sin embargo, alertan de que esto incorpora una severa restricción al trato directo, “para el cual es muy necesario alguna flexibilidad para la atención oportuna de necesidades públicas”, como una emergencia. Asimismo, la iniciativa exige dos años de antigüedad desde suconstitución para recibir fondos públicos. “La antigüedad es causal de exclusión absoluta, pero no garantiza idoneidad. Proponemos eliminarla como barrera innecesaria, considerando que la acreditación de experiencia suficiente sí forme parte de la evaluación”, explicó Poblete.
Las regulaciones más estrictas que se activaron a partir del caso Convenios tuvieron efectos colaterales: se endurecieron las normas sobre transferencias de recursos por parte del Estado para las organizaciones de la sociedad civil, como fundaciones, lo que ha afectado su accionar y la ejecución de programas en curso.
Es el diagnóstico que tienen en Sociedad en Acción iniciativa impulsada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica (UC), que realizó un estudio denominado “Análisis y propuestas al proyecto de ley que establece las bases de las transferencias a personas e instituciones privadas”, que analiza el proyecto de ley de transferencias del Estado a las organizaciones de la sociedad civil (OSC). El informe elaborado por Domingo Poblete, académico del Departamento de Derecho Público de la UC plantea una serie de propuestas de mejora para evitar la obstaculización de la colaboración del Estado con las OSC en el futuro y advierte sobre las múltiples e intensas exigencias que se ponen y que constituyen un riesgo para la colaboración de estas organizaciones con el Estado. Según el análisis del centro académico de la UC, la base de los nudos del proyecto de ley es. Se advierte que las exigencias “desproporcionadas” de parte del Estado para realizar traspasos representan un riesgo de desincentivo a la participación. Gobierno se abrió a perfeccionamientos.
DE ACUERDO CON ESTUDIO DEL CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAUC: Se advierte que la reforma limita la participación de las organizaciones de la sociedad civil, afectando su capacidad para colaborar en la atención de las n