Columnas de Opinión: Cruzando datos
Columnas de Opinión: Cruzando datos Chile lleva años financiando beneficios estudiantiles sin cumplir plenamente la focalización que exige la ley.
Según un estudio realizado por Horizontal, prácticamente uno de cada cinco beneficiarios de gratuidad en 2024 se encontraba fuera del 60% más vulnerable de la población, requisito fundamental que establece la ley para acceder al beneficio. Esta exigencia mínima permite focalizar una de las políticas públicas más costosas que tiene el Estado de Chile, cuyo gasto supera los USD$2.400 millones anuales. Hoy este beneficio vuelve a la escena pública luego que el Mineduc, mediante un simple cruce de datos con información que el propio Estado posee, ajustara los parámetros para identificar mejor a la población objetivo. El resultado lo conocimos estos días: por primera vez desde su implementación, el total de nuevos beneficiarios disminuyó un 6% en relación con 2025. Se trata de una cifra considerable -alrededor de 10 mil beneficiarios menos-, especialmente si se considera la expansión ilimitada que esta política ha tenido en sus diez años de implementación. La situación es tranquilizadora y desconcertante al mismo tiempo. Tranquilizadora, porque un problema propio de las dificultades que enfrenta la focalización de políticas públicas fue correctamente abordado. Desconcertante, porque cuesta creer que nadie, en estos 10 años, haya advertido que un simple mecanismo de interoperabilidad podía mejorar la asignación del beneficio.
Esta circunstancia recuerda el caso en que la contralora Dorothy Pérez, mediante un cruce de datos entre licencias médicas y salidas del país de funcionarios públicos, detectó el megafraude de falsas licencias que habría costado cerca de USD$600 millones anuales. Tampoco se puede alegar desconocimiento ni sorpresa.
Siempre fue un secreto a voces el uso de mecanismos para defraudar al Estado a través del FUAS y el Registro Social de Hogares: alteración de la composición del grupo familiar, ocultar o subdeclarar ingresos, omitir patrimonios o no informar fuentes económicas indirectas. ¿ Había una limitación técnica para descubrirlo o simplemente faltó voluntad política? O, peor aún, ¿fue una decisión deliberada, con tintes ideológicos, orientada a avanzar hacia la gratuidad universal por una vía extralegal? Sea cual sea la explicación, hubo una negligencia transversal que costó cientos-si no milesde millones de dólares y permitió que personas que por ley no debían acceder al beneficio terminaran recibiéndolo. Con todo, este nuevo método de evaluación socioeconómica sólo constituye uno de los espacios de mejora de la política de gratuidad. Existen, por lo menos, otros tres que permitirían liberar recursos para enfrentar la emergencia fiscal e invertir en educación inicial, una etapa clave para reducir desigualdades y mejorar la calidad educativa. Primero, terminar con la expansión ilimitada y pausar-al menos por un par de añosel acceso de nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad. Segundo, establecer mecanismos para reevaluar la entrega del beneficio a programas no acreditados o de baja calidad. Y tercero, limitar la cantidad de cupos asignados a carreras con baja empleabilidad o retorno social. Un mejor uso de los recursos públicos disponibles no es sólo asunto de eficiencia, sino también de justicia. En ese sentido, el cruce de datos parece ser una vía tan simple como efectiva. KEVIN CANALES GARCÍA Director de formación IdeaPaís.
