Subsecretaría de Justicia da 24 horas a Gendarmería para que explique entrega de información incompleta a Contraloría
El ade la cartera que existe un sumario por la omisión que se añade a los 155 ya abiertos a petición del órgano contralor para determinar la responsabilidad de 177 funcionarios. E. CANDIA Y O. RODRÍGUEZ No son pocas las irregularidades detectadas en la institución penitenciaria por la Contraloría General de la República en el último tiempo.
Este año se han conocido una serie de auditorías realizadas por el órgano fiscalizador a Gendarmería, cuyos informes han dado cuenta de problemas en la trazabilidad de armas y de sus registros contables; o de dificultades en la fiscalización para el ingreso de drogas, visitas y abogados. También, en marzo de este año, se divulgó un reporte respecto de los inhibidores de señal diseñados para evitar llamadas telefónicas por parte de la población penal. No solo se identificó su mal funcionamiento, sino que había casi 200 celulares de gendarmes con comportamiento anómalo. Sin embargo, esta vez la contralora general Dorothy Pérez fue al Congreso Nacional por otro informe.
La cita en la que participó esta semana y que duró cerca de dos horas tenía que ver con los múltiples consolidados de información circularizada efectuados por el órgano fiscalizador referentes a eventuales irregularidades en la obtención y uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.
Allí, explicó a los legisladores que componen la comisión investigadora en este caso los detalles pertinentes a la materia, como, por ejemplo, que 438 instituciones informaron la apertura de cerca de 5.200 sumarios y que otras 359 no han reportado si han abierto las investigaciones pertinentes, por lo cual Contraloría inició el requerimiento a esos departamentos invocando el artículo 9 de su ley orgánica, la cual faculta a suspender sin goce de remuneraciones a los funcionarios que no cumplan con informar lo requerido, según explicó la misma Pérez en la comisión.
E Un caso “bastante delicado” Casi al final de la exposición, que bordeó los 50 minutos, la contralora mencionó, sobre las instituciones involucradas, que “hay un caso que es bastante delicado de una institución pública que, cuando nosotros requerimos la información de sus viajes y de las licencias médicas, luego de los cruces que estábamosrealizando, nos entregó la información incompleta. Esto es, con algunos funcionarios eliminados de la base de datos, a pesar de que habían incurrido en estas situaciones irregulares”. La contralora, Dorothy Pérez, expuso esta semana ante la comisión investigadora.
FISCALIZACIÓN ANUAL, "Vamos a hacer esta fiscalización todos los años, y lo repito muchas veces, porque el objetivo es que (los funcionarios públicos) lo dejen de hacer”. Así, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, introducía alos diputados integrantes de la comisión investigadora por licencias en el sec= tor público cuáles serían los nuevos focos de la entidad en la indagatoria administrativa que realiza mediante el cruce de diversos datos de entidades del Estado. Esto, en el marco de la detección de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país estando con licencia médica.
Por ejemplo, Pérez señaló que se indaga aempleados que durante períodos de reposo trabajaron en sus emprendimientos personales o en otros lugares de trabajo. "Hemos recibido denuncias de funcionarios que llevan dos años trabajando para otro empleador, pero que están con licencia médica en el aparato público y deberían estar en reposo”, sostuvo. Pero además se encuentran en desarrollo nuevos tipos de cruces de datos para dar con eventuales incumplimientos e irregularidades.
“Estamos revisando funcionarios públicos que durante licencias médicas hayan asistido a apostar a los casinos; funcionarios públicos que durante su licencia médica, y la obligación de hacer reposo, habrían ingresado a parques nacionales; funcionarios públicos que durante su obligación de guardar reposo en una región hubieran tenido una infracción de tránsito en otra región”, explicó la contralora.
Así, sostuvo que "lo que más nos interesa es disuadir para que la mayor cantidad de recursos públicos que se malgastaban en esto vayan a la prestación de salud de la población INCLUYENDO CASINOS Y PARQUES NACIONALES más vulnerable realmente". También Pérez planteó que otro punto importante para la Contraloría es vigilar el proceso de recuperación de fondos en el marco de licencias médicas.
“Iniciamos el 23 de junio de este año una auditoría coordinada masiva con todas las unidades de control o auditorías internas de la administración del Estado; o sea, con las unidades de auditoría interna del mundo municipal, de los servicios públicos, de las entidades centralizadas y descentralizadas, con el objeto de pesquisar la recuperación de los subsidios por incapacidad laboral”, apuntó.
Y detalló: "Esta auditoría se va a desarrollar a través de una plataforma informática nuestra que es un sistema de auditoría interna que ponemos a disposición de todas estas unidades de control interno, para que sea homologable y pueda tener reportabilidad, y sea trazable el resultado y ver el monitoreo y el avance de cada una de esas auditorías en la administración”, en ese sentido, Pérez profundizó que, al detectar esta situación, “hemos requerido a esa institución que nos entregue ese sumario, lo vamos a hacer nosotros, porque corresponde que sean investigados todos los funcionarios y no solo algunos que sean escogidos por esa institución”. Más de una hora pasó para que, tras una pregunta de la congresista Viviana Delgado, la contralora revelara que la institución “es Gendarmería de Chile”. Sin embargo, aunque el mismo órgano que encabeza hará la indagatoria administrativa, advirtió nuevas limitaciones: “Atendida la falta de atribuciones en esta materia, cuando lo terminemos (el sumario), se lo tenemos que enviar nuevamente a Gendarmería; entonces, esas son el tipo de situaciones que quizás habría que evaluar normativamente”. Informe pormenorizado con carácter de urgente La exposición de Pérez generó que temprano, la mañana de ayer, la Subsecretaría de Justicia, a cargo de la supervigilancia de Gendarmería, oficiara a la institución penitenciaria.
En ese documento solicitaría “en carácter de urgente” y “en un plazo máximo de 24 horas” un informe pormenorizado que explique cinco puntos clave: la entrega de bases de datos incompletas de funcionarios con licencias médicas a la Contraloría General de la República; la dictación e instrucción de sumarios administrativos solo a una parte de los funcionarios identificados por el órgano contralor, omitiendo a algunos funcionarios de este proceso; las acciones que ha tomado la institución a objeto de asegurar el inicio de la totalidad de los procesos sumariales requeridos por el órgano contralor; las acciones que ha tomado la institución a objeto de identificar y corregir las causas que dieron origen a las situaciones denunciadas, y las acciones que la institución en el caso de detectar irregularidades, en la información enviada al órgano contralor. “Puede parecer marginal”, pero “es aún grave” Ayer en la tarde, fue el propio subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, quien confirmo desde el Congreso la existencia del oficio.
Ante la irregularidad detectada, Muñoz aseguró que, “de manera preliminar, podemos informar de que Gendarmería de Chile, ya el 25 de junio, realizó un sumario administrativo frente a esta omisión”. Respecto del nivel de omisión, la autoridad detalló que, “según lo que preliminarmente se ha levantado, serían entre cinco o seis de un total de 155 sumarios, por lo tanto, es una omisión que, si bien es cierto, puede parecer marginal, es aún grave”. El subsecretario también comentó que los involucrados serían de la planta civil, puesto que Contraloría aún no realiza el informe correspondiente a los funcionarios ligados a Dipreca.
En esa línea, puntualizó que “hay 177 funcionarios, todos los funcionarios que están involucrados en el oficio de Contraloría para Gendarmería —en este caso, que corresponden a la planta, tres funcionarios civiles de Gendarmería— están siendo investigados”. También desde el Congreso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se refirió a los hechos, y mencionó que “lo que señala la contralora es un hecho grave, y, por lo mismo, tenemos que determinar con precisión si efectivamente se ocultaron antecedentes de los que se le enviaron a la Contraloría”.