EDITORIAL: También los jueces
EDITORIAL: También los jueces A poco más de un mes de que se revelara el escándalo de las licencias médicas usadas en forma abusiva para tomar vacaciones fuera del país, un nuevo episodio vuelve a remecer a la ciudadanía.
Esta vez, con el agravante de que quienes se han aprovechado de la laxitud de la ley han sido los propios jueces, junto a ministros de Cortes de Apelaciones y a un fiscal de ese órgano. El Poder Judicial, al igual que el Ministerio Público, había quedado excluido de la investigación original llevada a cabo por la Contraloría General de la República, la que se había limitado a la administración pública.
No obstante, hechos los simples cruces computacionales, con ayuda de la Policía de Investigaciones, el propio Poder Judicial determinó que unos setecientos funcionarios judiciales, entre ellos ochenta y cuatro jueces y cuatro ministros de Corte, también habían hecho la misma trampa.
Esto es, habían obtenido de parte de un médico una orden de reposo pagado por sus isapres o por Fonasa, pero en lugar de hacer caso a sus indicaciones, se habían ido de vacaciones al extranjero.
Es grave que cualquier persona cometa un fraude como los que se presume han sido cometidos por miles de funcionarios, pero el ciudadano común puede pensar que para eso están los jueces y que ellos sabrán sancionar una irregularidad tan grave en el caso de que sea descubierta y se configure como delito. Por eso causa una profunda decepción, que daña a todo el Poder Judicial, cuando el país se entera de que esta clase de engaños también la cometen los propios encargados de administrar justicia. Cabe pensar que los pillos no son solo los estafadores, sino que la extensión de la corrupción de baja monta es más generalizada de lo que se había asumido. Las reglas, sagradas para unos pocos, no se respetan ni siquiera por quienes están encargados de velar por su cumplimiento.
La indiferencia ante las normas de convivencia y civilidad se extiende desde los que no pagan la locomoción colectiva, rayan las paredes de los monumentos nacionales o se aprovechan de conseguir licencias ideológicamente falsas, entre los que pueden anotarse más de ochenta jueces.
Así, en momentos de una grave crisis de confianza en las instituciones, con el Poder Judicial afectado en su prestigio según lo informan los distintos estudios de opinión pública, porciones importantes de la ciudadanía pueden concluir, equivocadamente, que todo en Chile está corrompido.
Las autoridades políticas tampoco han demostrado particular celo, como lo revelan muchos casos recientes, entre los cuales se cuentan el del exsubsecretario del Interior, las pseudofundaciones, las semanas distritales ocupadas a veces para otros fines y muchos otros.
No es fácil entender cómo una persona culta, con una formación en derecho que le ha permitido ser nombrado juez de la República, pueda aprovechar los vacíos de la ley apropiándose de fondos que están destinados a la atención de salud de la población.
Y si esto es siempre una infracción seria, lo es más cuando los sistemas de salud sufren una grave crisis en la atención que ha dado lugar a arduos problemas en los hospitales y enormes listas de espera que afectan a más de dos millones de personas. Con los dineros que se desvían a las vacaciones de tantos funcionarios públicos se podría poner término a esas listas en pocos meses.
Quienes sufren estas demoras posiblemente no tengan conciencia del origen multicausal de sus problemas, pero cabría suponer que un juez se daría cuenta de que el mal uso de los fondos dificulta aún más su solución. Por cierto, muchos se preguntarán con qué autoridad pueden ellos juzgar a los demás si su comportamiento no es diferente al de quienes son juzgados. Pero más allá del impacto en la salud, el principal efecto que se obtiene de esta clase de noticias está en la generalización de la desconfianza que afecta a nuestra sociedad. Cada vez que surgen novedades como esta, se percibe que avanza la falta de fe en el Estado, con grados crecientes de cinismo y actitudes escépticas que dañan la convivencia. Cabe esperar una reacción acorde con la gravedad de los hechos, pues en caso contrario solo se agravará el problema. Porciones importantes de la ciudadanía pueden concluir, equivocadamente, que todo en Chile está corrompido. También los jueces.