Declaran admisible querella del INDH, pero Gobierno advierte interpretación “extensiva” e “irracional” del organismo
Declaran admisible querella del INDH, pero Gobierno advierte interpretación “extensiva” e “irracional” del organismo Una sola carilla tiene la resolución del juez Patricio Álvarez, del 7 Juzgado de Garantía de Santiago en que declara admisible la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por eventual tráfico de influencias a partir de conversaciones del exjuez Juan Antonio Poblete con exministros de Estado, integrantes de la Corte Suprema, entre otros.
En su decisión emitida ayer, el magistrado Álvarez, entre otros puntos, concedió al INDH la reserva solicitada por "la gravedad de los hechos, así como la naturaleza y altos cargos de las personas involucradas en la presente querella". Si bien la querella no es nominativa, sino contra quienes resulten responsables, en su descripción nombra al exministro de Defensa Mario Desbordes y la suprema María Teresa Letelier. Con ello, el texto, que no contó con el respaldo unánime de los consejeros de la entidad --e incluso algunos de ellos acusaron presiones para pronunciarse--, pasó su primera etapa judicial.
El caso surgió a partir de un informe de la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI en el llamado caso Topógrafo, donde Poblete está formalizado por eventual interceptación maliciosa de comunicaciones y falsificación ideológica de instrumento público. Si bien el caso ha golpeado al Poder Judicial, no ha dejado indiferente al Gobierno.
El miércoles, el ministro de Justicia, Luis Cordero, planteó desde Alemania (pues acompaña al Presidente Gabriel Boric en Europa) que no comprendía la justificación jurídica de la acción, dada las competencias "relativamente limitadas" de la entidad. La directora del INDH, Consuelo Contreras, por su parte, ha defendido la querella, señalando que el delito de tráfico de influencias afecta derechos humanos, pues impactaría la independencia judicial.
Tipo de querella "perjudica" al sistema Ayer, desde Suecia, Cordero profundizó sus cuestionamientos, y destacó que se trata de un asunto que está siendo investigado por la fiscalía. "Lo sensato de todos quienes participan en el debate público, que tienen además roles públicos, es ver los avances de esa investigación. El ejercicio que en Chile tenemos de querellas que además se utilizan para quienes resulten responsables, no necesariamente beneficia al sistema, en muchísimas ocasiones lo perjudica", expresó. Si bien añadió que el INDH "tiene competencia para querella", dijo que "no para cualquier acción.
La ley sí es expresa en que, en el caso de los delitos funcionarios, el legitimado es el Consejo de Defensa del Estado", especificando además que se trata de una discusión "técnica y no política". En respuesta a los dichos de Contreras respecto de que habría derechos humanos involucrados, el secretario de Estado dijo que no entraría "en una discusión jurídica con la directora, lo que sí le quiero decir es que, si esa es la tesis del instituto, entonces debiera querellarse en todos los delitos funcionarios", y agregó que se trata de "una interpretación extensiva que es irracional en un sistema que limita las competencias de los querellantes institucionales". CDE sigue "con atención" la indagatoria Si bien, de momento, el contenido de los chats del exjuez Poblete no han sido analizados oficialmente por el CDE, ni su Comité Penal, conocedores del rol de esta institución han señalado que es cosa de tiempo para que se estudien los antecedentes y una posible presentación de querellas por eventuales delitos funcionarios, considerando que también es parte en el caso Topógrafo.
Así, al interior del organismo señalan que se trata de una investigación "dinámica", pero que está siendo seguida "con atención". Se acogió a trámite acción por eventual tráfico de influencias a raíz de WhatsApps de exjuez: Declaran admisible querella del INDH, pero Gobierno advierte interpretación "extensiva" e "irracional" del organismo M. VEGA, O. RODRÍGUEZ y L. CRUZAT El ministro de Justicia, Luis Cordero, reiteró que es el CDE el que tiene legitimación ante delitos funcionarios y que "lo sensato" es esperar los avances de la investigación del Ministerio Público. La querella del INDH fue ingresada el martes y admitida ayer.
La acción ha derivado en un debate jurídico y político en torno a su legitimidad para presentar acciones de este tipo, de acuerdo a sus funciones definidas por ley. "Hemos realizado diligencias de registro e incautación de ciertas evidencias que, a nosotros como Ministerio Público, nos parecen importantes para el esclarecimiento de estos hechos.
Básicamente es evidencia digital, documental y financiera que dice relación con los convenios de Procultura". De esta forma el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, detalló las medidas intrusivas que ordenó en el caso Convenios, donde busca determinar si hubo desvíos y uso ilegal de fondos públicos destinados a fundaciones.
Las diligencias de la PDI incluyeron el Gobierno Regional de Valparaíso y otras reparticiones; y Palma detalló parte de los blancos de investigación. "Varios servicios públicos, entre ellos el gobierno regional, Minvu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanismo), además de domicilios particulares de empresas y personas individuales". Así, se confirmó además que se incautaron teléfonos personales de distintas personas y se comentó que uno de ellos correspondía al gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.
Se apuntó, asimismo, a la recuperación de información contable. "Todo lo que hemos solicitado en los tribunales y que hoy día estamos materializando dice relación con proyectos que la fundación en particular celebró con las entidades públicas", añadió.
Sobre la proyección del caso, dijo que estaban en "proceso" y, junto con destacar la colaboración de funcionaros y jefes de servicio en los organismos, precisó que están desplegados de forma simultánea en las regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana. Convenios: Allanamiento en caso Procultura incluye a Gore de Valparaíso Se incautaron distintos teléfonos y uno de ellos pertenece al gobernador Mundaca.
LORENA CRUZAT n Expertos apuntan que consejero que representa a querellante en caso Topógrafo debió inhabilitarse en acción penal de la entidad Francisco Ugás es uno de los consejeros del INDH que apoyó la querella a raíz de chats del exjuez Juan Antonio Poblete con diversas autoridades, que son parte de un informe de la PDI del caso Topógrafo, en el que se indagan presuntas irregularidades en la autorización de escuchas telefónicas. Pero, además, es abogado del capitán del Ejército (r) Rafael Harvey, uno de los querellantes en la misma causa.
Por ello, el exministro de Defensa Mario Desbordes ha sostenido que debió inhabilitarse de apoyar la querella del INDH, mientras que el consejero se ha defendido diciendo que los hechos son distintos, como expresó a La Tercera.
Al respecto, el académico de la UDP Mauricio Duce señala que la justificación de Ugás "intuitivamente no parece ser una buena explicación y que lo prudente sería inhabilitarse". En tanto, la penalista Catherine Lathrop sostiene que "la transparencia y probidad administrativa debe aplicarse con el máximo celo y no parecen atendibles los descargos de que sería un hecho distinto, pues por distinto que sea, están íntimamente vinculados, tienen una fuente común". Y agrega que, por lo anterior, "era recomendable abstenerse de la decisión tomada y hoy sin duda renunciar a su causa particular".. - - - - - -