Reducción en subsidio de agua potable
Reducción en subsidio de agua potable E l subsidio de agua potable existe desde 1989 y busca ayudar a familias vulnerables a pagar su consumo residencial.
Lo reciben unos 700 mil hogares que cumplen las condiciones de tener que destinar un 5% o más de sus ingresos al pago del consumo de agua potable y alcantarillado, y de estar al día en sus cuentas. En el caso de los hogares en extrema pobreza, el subsidio es total, pero a medida que suben los ingresos, el monto del aporte se va reduciendo. El Gobierno ha decidido reducir el costo de este subsidio, bajando el límite de consumo desde 15 metros cúbicos mensuales por familia a 13 metros cúbicos. Aunque los montos en los que subirán los gastos de los hogares impactados por la medida son cantidades relativamente moderadas, unas 370 mil familias se verán afectadas. De hecho, la asociación de empresas del sector ha afirmado que las alzas que de ello derivarán serán mayores que cualquiera de los ajustes tarifarios de los últimos años.
Cabe hacer notar que este es un subsidio focalizado y bien diseñado, ya que no tiene un quiebre brusco entre quienes lo reciben y quienes no, sino que la transición es suave a medida que aumentan los ingresos familiares.
Pero el subsidio tiene además una virtud sistémica, aparte del beneficio social que involucra: su existencia permite tarificar el agua en forma racional (ello, independientemente de que tal vez sea necesario actualizar el modelo regulatorio vigente), para que sea posible continuar invirtiendo en el sector. En efecto, el argumento más socorrido contra políticas bien fundadas en este ámbito es el efecto negativo de las tarifas resultantes sobre las personas de bajos ingresos.
El subsidio, sin embargo, elimina esta objeción y permite procesos de tarificación que generan precios capaces de sostener un sistema que requiere de inversiones, especialmente en un país como Chile, en que las proyecciones futuras son de escasez de agua. Revelador es, en esta discusión, el que ciertos académicos rechacen los subsidios focalizados como este y propongan extender los beneficios a sectores mucho más amplios de la población. Medidas como esas demandan de muchos más recursos y, por ende, también de mucha mayor recaudación fiscal. Para quienes creen en las virtudes de aumentar el tamaño del Estado, seguramente esto último es positivo. Por el contrario, el costo del subsidio al agua potable es limitado. Ayudar a resolver el problema del pago de la cuenta de estas familias implica un desembolso anual de US$ 110 millones. Es difícil determinar con certeza cuál sería el ahorro asociado a la reducción que ahora se aplicará, debido a que el subsidio es parcial para muchos de sus receptores. Como ejercicio, si suponemos un efecto proporcional a la reducción en el consumo, el menor gasto fiscal asociado sería de unos US$15 millones.
Para mejor comprender la limitada magnitud de este ahorro, puede recordarse que el año pasado Fonasa excedió su gasto en US$ 2.800 millones por sobre el presupuesto que tenía aprobado, o que los 33 días promedio de licencias que registran los funcionarios del sistema de salud tienen un costo estimado en US$ 330 millones. Es probable que sea políticamente más difícil atacar esos problemas, pese a que incluso pequeños aumentos de eficiencia podrían reducir de modo mucho más significativo los gastos del Gobierno. Desde esa perspectiva es que llaman la atención las explicaciones dadas para justificar esta medida, la que --según se ha informado-correspondería a una decisión de los ministerios de Hacienda y Desarrollo Social. Si se la hubiera vinculado a la idea de incentivar un mejor uso del agua, la narrativa parecería al menos más atractiva que la de un ahorro fiscal tan limitado como este. Se trata de un subsidio focalizado y bien diseñado, que además permite tarificar el agua de modo racional para hacer posibles las inversiones que necesita el sector..