Autor: MAURICIO SILVA MUÑOZ

Megatoma: Ejecutivo busca convencer a dueños que vendan terreno a ocupantes ilegales
Megatoma: Ejecutivo busca convencer a dueños que vendan terreno a ocupantes ilegales Iniciativa de última hora propone que 4 mil familias se agrupen en una federación que permita al propietario entenderse con solo una persona jurídica.
Abogado cuestiona propuesta del Gobierno. permita construir las bases de un entendimiento”................................................................. CARLOS MONTES (PS)MINISTRO DE VIVIENDASi aceptamos las cooperativas, ¿qué pasa si el acuerdo de pago no se cumple? ¿ Quién nos responde si dejamos el proceso stand-by o queda ejecutoriado de alguna forma con un acuerdo?”. N O T A.. .............................................................. DIEGO PEREIRAABOGADO DE DUEÑOSNo hay albergues siquiera las escuelas en la comuna.
Ni podrían absorber 3.500familias, y tendríamos que dejar fuera del proceso educativo a 6 mil alumnos”................................................................. OMAR VERAALCALDE DE SAN ANTONIOSin embargo, ayer en la mañana, el ministro Montes y el subsecretario Cordero se reunieron con la confianza de arribar el lunes a un consenso para, al menos, postergar el desalojo.
El objetivo de la cita con los dueños, comentó el titular del M i n v u, s e r á q u e “ h a y a u n acuerdo para darse un tiempo que permita construir las bases de un entendimiento, avanzar en este camino”. Estado no va a comprar, según MontesMontes detalló que cuentan con informes sobre el catastro de los ocupantes, tasación del terre-no e imágenes de drones. El ministro volvió a descartar la compra directa del predio por parte del Estado, que es la mejor salida alternativa al desalojo, a juicio de los dueños. “Mire, lo de la adquisición del terreno es algo que se ha planteado desde el comienzo. Pero como son 1.432 los lugares con tomas (en el país), la verdad es que en cualquier solución hay que considerar el conjunto”, admitió.
Una tasación encargada por los dueños arrojó que el predio tiene un valor comercial de 1.387.064 UF ($53.398 millones). Aunque el Gobierno no ha dado a conocer la suya, circula una segunda tasación, del perito judicial Federico Gortaire, quien lo valoriza en 1.184.058 UF ($45.582 millones). El Estado sí activaría luego los mecanismos administrativos y financieros para apoyar a los actuales usurpadores en la urbanización del terreno que ocupan una vez que estos, constituidos en cooperativas y con créditos provenientes de la banca, adquieran la propiedad, dice el alcalde Vera.
El abogado Pereira, en tanto, cuestiona que no se haya informado el nivel de ahorro de estas cooperativas ni de qué forma el Estado garantizará que cumplan con pagar: “¿ Qué pasa si el acuerdo de pago no se cumple? ¿ Quién nos responde si vamos a dejar el proceso stand-by o quede ejecutoriado de alguna forma con un acuerdo?”. Aún sin coordinaciónA contrapelo del fallo, el alcalde Vera insiste en lo inconveniente de una expulsión de ese enorme número de familias, que incluye a niños y adultos mayores.
“Si no hay entendimiento y hay rigidez en el trato hacia seres humanos, indudablemente se produce un conflicto social, de seguridad y una agresión al derecho humano de acceder, en el marco de las normas legales, por supuesto, a una vivienda”, opina.
El edil, eso sí, admite que, pese a que la corte se lo mandata en forma expresa, aún no coordina los pasos para hacer efectivo el desalojo de una primera cuadrícula en que ha de dividirse el asentamiento. “Imagino que el delegado regional está haciendo esas coordinaciones”, afirma Vera. INCERTIDUMBRE. Hasta ahora, la única certeza es la fecha de desalojo fijada por la justicia, un cumplimiento que presiona al Ejecutivo. de acuerdo en relocalizarlos”, sostiene el alcalde. Acciones por seguir“Sí, es totalmente factible compatibilizar ambas líneas de desarrollo de la comuna. No se contraponen en absoluto.
Así que no hay conflicto en esa materia”, dice el alcalde Vera, en relación con el riesgo de renunciar en forma definitiva a un segundo acceso al puerto de San Antonio si la megatoma se radica en un proceso de urbanización, como pretende la propuesta del Gobierno de que los usurpadores compren el predio mediante cooperativas. El jefe edilicio se refiere así al frustrado proyecto del MOP, a raíz de la toma, de expropiar una franja de terreno para dar forma al acceso norte al puerto de San Antonio. “Ahora, respecto de la ocupación de la franja por donde pasa la segunda etapa del camino de acceso norte al sector portuario, por el momento no está conflictuado porque no está licitado.
No obstante, se ha conversado con los propietarios del terreno, como también con los ocupantes de esa franja y están todosPese a ser contrario al desalojo, Vera dice estar dispuesto a colaborar en las coordinaciones que adopten la Delegación Presidencial Regional y Carabineros al respecto. “Lo cierto es que el municipio aún no ha sido convocado. No obstante, estamos disponibles para participar de ello. No me imagino en qué, porque reitero y vuelvo a decir lo mismo: la comuna no tiene instalaciones para esta finalidad, no tiene albergues, no cuenta con recintos de esta naturaleza. Entonces, tendremos que ver en lo provincial si existen esos recursos, y en lo provincial ya entra a gestionar la delegada provincial. Y eso se analizará en la reunión que, espero, se convoque en los próximos días”, plantea.
Pero el abogado de los dueños, Diego Pereira, apunta que si bien la dispersión de interlocutores es uno de los graves problemas, la fórmula ajustada tampoco resuelve las aprensiones sustantivas de sus clientes, que apuntan a que el Estado sea el interlocutor con la víctima de la toma y no solo un intermediario ante quienes usurparon su propiedad. “Ellos dicen: el Estado es un amigable componedor. Pero nosotros no nos vamos a sentar a negociar con los pobladores, ya que están cometiendo un delito constante de usurpación. El rol del Estado no debe ser el de un facilitador, sino de garante de la operación”, reclama el profesional. Pereira dificulta que, ad portas de que deba cumplirse el desalo-jo, el Estado pueda hacer una oferta que dé suficiente confianza. Sobre todo si en el plazo previo alega incumplió su propia palabra de entregar el 15 de diciembre una garantía económica y el 15 de enero, su propuesta de tasación del predio. “Si no hemos llegado a puntos de encuentro en dos años, es difícil que en tres días arribemos a algún puerto”, sentencia.
La iniciativa de agrupar en una sola gran federación a la multiplicidad de cooperativas en que deberían organizarse las 4 mil familias ocupantes para adquirir las 217 hectáreas de terreno que usurpan en San Antonio pretende persuadir a los dueños del predio de detener la orden judicial que obliga a la Delegación Regional de Valparaíso, a Carabineros y al municipio de San Antonio a iniciar el desalojo desde el jueves 27 de febrero.
Así lo sostuvo ayer el alcalde de esa comuna, Omar Vera (ind. ), quien está convocado a la reunión del próximo lunes en la que, a tres días de vencer el plazo, el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, buscarán convencer a los propietarios de que la fórmula de que los propios habitantes irregulares, organizados en cooperativas, les paguen por el predio, es una solución alternativa al lanzamiento de esas familias.
“Se ha ido cerrando la brecha que había entre las partes”, dice el edil, si bien se trata de un conflicto zanjado por los tribunales de justicia, al que el Ejecutivo debe dar cumplimiento, mientras los pobladores se declaran en “desobediencia civil”. Vera asegura que desde que asumió la alcaldía, en diciembre, está participando en los “acercamientos”, en busca de una “salida alternativa” al desalojo que, en su opinión, generaría una crisis humanitaria “sin precedentes”. “El propietario manifestaba que no se iba a entender con 60 cooperativas. Entonces, el Ministerio de Vivienda encontró una fórmula de conformar una federación de cooperativas, una figura jurídica que permitiría al propietario entenderse con una sola persona”, señala el jefe comunal. El alcalde agrega que la inversión que implica la compra sería financiada con un crédito del BancoEstado u otro ente financiero, con garantía del Estado. Según una presentación que el Minvu hizo este mes a una asamblea de dirigentes de la toma, hasta ahora hay 46 listas de personas dispuestas a organizarse en cooperativas y que reúnen a 2.995 familias. Son heterogéneas en número: en 10 casos superan los 100 socios y las nueve más chicas tienen 25 integrantes.
N Alcalde de San Antonio aborda el riesgo de renunciar a segundo acceso al puerto. ‘‘Esperamos que el y organismos de lunes, entre el propietario Gobierno, también el alcalde, haya un acuerdo para darse un tiempo que INCERTIDUMBRE. — Hasta ahora, la única certeza es la fecha de desalojo fijada por la justicia, un cumplimiento que presio