Autor: Héctor Sandoval consultor y asesor en Seguridad

Columnas de Opinión: Modernización del Sistema de Inteligencia
Columnas de Opinión: Modernización del Sistema de Inteligencia DINOS LO QUE PIENSAS ! Chile enfrenta un escenario de amenazas que ya no se parece en nada al de hace dos décadas. Narcotráfico transnacional, crimen organizado, ciberataques y lavado de activos, económicas criminales en la región, superan ampliamente las capacidades para las cuales fue diseñada la Ley 19.974, vigente desde 2004. La nueva Ley de Inteligencia del Estado de 2026 surge precisamente para cerrar esa brecha y construir una institucionalidad capaz de actuar con eficacia, coordinación y control democrático. Uno de los avances más relevantes es el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), cuyo director pasa a desempeñar un rol de coordinador estratégico sobre todo el sistema.
Ya no habrá "islas de información": Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas y Gendarmería estarán obligados a compartir datos de manera fluida, o al menos eso indica la ley, lo que permitirá anticipar amenazas y evitar la duplicidad de esfuerzos. Además, se crea una carrera profesional para analistas civiles, incorporando perfiles técnicos que cronica@lidersanantonio.cl durante años estuvieron ausentes. Otro eje central es la inteligencia económica. El crimen organizado se combate desmontando su poder financiero, no solo su violencia.
Por eso, la ANI tendrá interoperabilidad con la Unidad de Análisis Financiero, el SII y Aduanas para seguir la "ruta del dinero". Este cambio, inédito en la legislación chilena, permite enfrentar el lavado de activos y la expansión patrimonial de las organizaciones criminales con herramientas modernas y coordinadas. El fortalecimiento operativo viene acompañado de mayores controles. Las interceptaciones requerirán autorización de ministros de Corte de Apelaciones, y el Congreso tendrá facultades reales para citar y supervisar a los jefes de inteligencia. La ley también crea delitos específicos, como el espionaje político y la filtración de antecedentes, con penas de cárcel efectiva. En un sistema donde la inteligencia debe servir al Estado y no a intereses particulares, estos límites éticos son esenciales.
La nueva institucionalidad marca un cambio profundo respecto al modelo anterior: de información fragmentada a centralización estratégica; de un enfoque policial militar a uno integral, donde la dimensión cibernética y económica es tan importante como la operativa; y de controles laxos a un régimen de responsabilidad reforzada. En otras palabras, se pasa de un sistema diseñado para un país de 2004 a uno capaz de enfrentar los riesgos de 2026. Su impacto será inmediato: permitirá responder con mayor rapidez al crimen organizado, prevenir ciberamenazas y mejorar la coordinación con organismos internacionales. Pero el éxito dependerá de un equilibrio delicado: más facultades, sí, pero también mayor transparencia y control democrático. Solo así será posible avanzar hacia un Estado más inteligente para un país más seguro. Otro arte serán sus componentes, en esta agencia. Autor: Héctor Sandoval consultor y asesor en Seguridad.