Autor: OLIVER RODRÍGUEZ
A una semana del fin del receso legislativo, los escenarios que se abren para la reforma al sistema de nombramientos judiciales
A una semana del fin del receso legislativo, los escenarios que se abren para la reforma al sistema de nombramientos judiciales En marzo, el Congreso volverá a sus funciones y entre los temas que deberá retomar se encuentra el proyecto de reforma al sistema de nombramientos de jueces, en medio de la crisis que afecta al Poder Judicial, con exintegrantes de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones formalizados o investigados penalmente. Casos entre los cuales están aquellos que impulsaron la iniciativa que busca crear un consejo a cargo de crear las ternas y quinas de candidatos para distintos cargos.
En octubre de 2024 cuando ya el Poder Legislativo había intervenido en esta crisis, y con procesos disciplinarios y penales contra magistrados en curso el Gobierno ingresó el proyecto de ley para cambiar el modelo de designaciones de jueces, pues era duramente cuestionado en el debate público, ya fuera por las gestiones que se requerían para resultar nominado y ratificado por el Senado o, bien, por las actuaciones que algunos jueces realizaban para impulsar u obstaculizar ascensos de otros magistrados o notarios, en función de sus intereses o de los de un sector político. n Lento avance, pese a “consenso transversal” Al momento de su ingreso, el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, destacaba el “consenso transversal” que existía en torno a la modificación del sistema actual, y en la elaboración del proyecto se consideraron propuestas de gobiernos anteriores y también del propio Poder Judicial en la materia.
Sin embargo, la iniciativa no ha tenido el avance esperado, pues si bien se mantiene en segundo trámite constitucional, durante su paso por la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto, pero no así el artículo que definía la integración del consejo, por lo que es uno de los temas que se deben resolver en el Senado.
La iniciativa busca evitar situaciones de conflicto de interés y para aquello propone crear este consejo u organismo autónomo que, según el texto sobre el cual trabajan los legisladores, “estará encargado de la gestión de los procesos de selección de jueces, fundado en principios de carácter objetivo, técnico y profesional, de independencia, en base al mérito de los candidatos y mediante mecanismos de oposición efectiva”. n Gobierno entrante podría dictar el ritmo, vía urgencias No obstante, el 11 de marzo se producirá el cambio de mando, por lo que resta conocer si el futuro gobierno contempla darle urgencia suma a esta iniciativa, como tiene hasta ahora, o si, por ejemplo, primaría la idea de que se amplíe el debate en torno al proyecto, por ejemplo, para modificar alguno de sus aspectos.
Se trata de definiciones que se tomarán una vez que se haya realizado el cambio de administración, tratándose de una materia que le corresponderá liderar al futuro ministro de Justicia, Fernando Rabat. n Nuevos legisladores entran al debate A esto se suma que ese mismo día, la Cámara de Diputados cambiará en su conformación, producto de las pasadas elecciones, lo que también podría impactar al momento en que los legisladores de la Cámara Baja, muchos de ellos nuevos en el cargo, se pronuncien sobre el proyecto y los cambios que este experimentó durante su paso por el Senado, lo que podría traducirse en una eventual comisión mixta incluso.
Antes del receso legislativo, a mediados de enero finalizó el plazo para el ingreso de indicaciones al proyecto, por lo que se espera que al regreso a la actividad, la comisión de Constitución del Senado avance en la discusión en particular de la iniciativa, teniendo en consideración las propuestas incluidas en el período definido. En total, se trata de 75 indicaciones que deben ser abordadas. Uno de los integrantes de dicha instancia, el senador Pedro Araya (PPD), confirma que ya no existirían posibilidades de que el proyecto sea despachado bajo la actual administración. “Estamos ante el cierre de un ciclo político, y el Gobierno llega a esta etapa con reformas estructurales sin los acuerdos necesarios. La reforma de nombramientos judiciales no es un proyecto menor: requiere mayorías amplias, convicción política y capacidad de articulación. Nada de eso se construye en los últimos días de mandato”, plantea. Y, añade, “el cambio de gobierno y la nueva correlación de fuerzas marcarán un nuevo escenario.
Lo más probable es que sea la próxima administración la que deba ordenar, rediseñar y sacar adelante esta reforma que hoy el Gobierno deja inconclusa”. n Poder Judicial ya no elaboraría listado de candidatos Según el diseño actual, al Consejo de Nombramientos Judiciales le corresponderá proponer al Presidente de la República las listas de candidatos para los cargos de ministros y fiscal judicial de la Corte Suprema, ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, jueces letrados y demás miembros del escalafón primario del Poder Judicial.
En definitiva, se excluye al Poder Judicial de la elaboración de ternas y quinas, una idea que tuvo como inspiración central justamente los hallazgos en el teléfono del abogado y exasesor del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, en que se abordaban diferentes procesos de designaciones.
Respecto de los ministros del máximo tribunal, el proyecto no propone mayores cambios, salvo la exclusión de la Corte Suprema del proceso, señalando que estos serán nombrados por el Presidente de la República, “quien los elegirá de una terna jerarquizada que propondrá el Consejo de Nombramientos Judiciales, con acuerdo del Senado, previa audiencia pública”, adoptando este acuerdo bajo el quorum de dos tercios, tal como en la actualidad. n Evaluaciones de mérito impactarían en el proceso En esa línea, especifica que “el procedimiento de selección deberá iniciarse 90 días antes de que el ministro titular en ejercicio a ser reemplazado cese en el cargo”. Sobre las nóminas que debe elaborar el órgano, el texto señala que “las ternas de postulantes presentadas al Presidente de la República deberán estar elaboradas en orden decreciente, sobre la base de la calificación efectuada por el Consejo de Nombramientos Judiciales de los resultados obtenidos a partir de los instrumentos de evaluación del mérito de los postulantes”. “Transcurrido el p l a z o d e 10 d í a s contado desde la comunicación del Consejo de Nombramientos Judiciales sin que el Presidente haya seleccionado a alguno de los postulantes se entenderá que se ha escogido a aquel que ocupe el primer lugar en la terna, y se procederá a su nombramiento”, agrega. n La integración propuesta que podría reponerse o modificarse Para la integración del consejo de nombramientos, el proyecto contemplaba que esta sea mixta, con un ministro de la Corte Suprema, uno de la Corte de Apelaciones, un juez letrado del Poder Judicial, un representante designado por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, entre las personas que hayan ejercido como decano de alguna de sus facultades de derecho”. También, “un abogado de reconocida trayectoria profesional y académica, que deberá tener a lo menos 20 años de título de abogado, designado por el Presidente de la República, previa propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública”. Ahora, será el Senado el que definirá si se repondría esa integración o si se optará por otra, ya que hay indicaciones al respecto. INDICACIONES A mediados de enero se cerró el plazo de indicaciones e ingresó un total de 75 propuestas. Autor: OLIVER RODRÍGUEZ.
Los cambios en parte del Senado, en la Cámara —que debe aceptar o rechazar modificaciones a la iniciativa— y de gobierno a partir del 11 de marzo, podrían afectar el contenido del texto y los tiempos de tramitación que ya superan el año y cuatro meses. Pese a que fue ingresado en octubre del 2024, proyecto sería promulgado por el futuro gobierno: INDICACIONES A mediados de enero se cerró el plazo de indicaciones e ingresó un total de 75 propuestas. La comisión de Constitución del Senado tiene a cargo la discusión en particular de la iniciativa, que se retomaría a partir de marzo, cuando se reactive el Congreso.
