Más rigor en nombramientos, fin del lobby y control ético de abogados son claves para superar crisis tras caso Audio
Más rigor en nombramientos, fin del lobby y control ético de abogados son claves para superar crisis tras caso Audio A mediados de noviembre del año pasado se conoció el registro de la reunión que sostuvieron el abogado Luis Hermosilla con el empresario Daniel Sauer, socio del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF Capital, y la abogada Leonarda Villalobos, donde se abordaban sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La situación desembocó en el denominado caso Audio, en el marco del cual, hoy, todos los mencionados se encuentran en prisión preventiva, además de Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, también socios de dicha empresa.
Pero, además de las consecuencias penales que trajo aparejado, el hecho tuvo múltiples implicancias en otras áreas --principalmente a partir del contenido del teléfono de Hermosilla--, como nombramientos judiciales y acceso a información reservada, que han decantado en investigaciones a altos mandos policiales e incluso fiscales, además de gestiones vinculadas al mundo político.
Todo lo anterior ha puesto en entredicho el ejercicio de la profesión de abogado, la ética profesional y los espacios de vulnerabilidad del sistema en su conjunto, que han quedado expuestos a partir de los antecedentes que se han conocido del caso. n Propuestas actuales podrían "politizar el Poder Judicial" Sobre lo anterior, el exministro de Justicia Jaime Campos sostiene que si bien el caso le está "ocasionando un daño al sistema", y que la imagen del Poder Judicial "está en entredicho", apunta que, al menos en el caso de las designaciones judiciales, "si alguien, al ministro, al Presidente o al senador les ofrece una prebenda, un compromiso ilícito por un nombramiento, bueno, eso es delito, y es otra cosa, podemos caer en el cohecho, en el tráfico de influencias, y yo, hasta ahora, no conozco casos de esa naturaleza". En referencia a las reformas que se evalúan respecto del sistema de nombramientos, señala que es de la idea de que se realicen "dentro del sistema actual, porque las fórmulas alternativas que se han sugerido (órganos independientes o Alta Dirección Pública), en lo personal, no me convencen y pueden terminar con la politización del Poder Judicial y eso sí que sería muy grave". En esta línea, el exsecretario de Estado apunta que "se podría ser un poco más estricto o riguroso en el proceso de selección que hacen los tribunales (... ); en el caso de los ministros de la Corte Suprema, uno podría ser también más exigente, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo (... ). Podría quizás haber una audiencia mucho más larga donde los senadores tengan la posibilidad de preguntarle más, interrogarlo". n Regular actividad de asesores y fomentar ambiente de control estatal En tanto, el expresidente del Consejo de Defensa del Estado (2014-2017), Juan Ignacio Piña, identifica una serie de elementos clave para superar la crisis.
En primer lugar, señala que no hay que "caer en la habitual discusión sobre nuevos delitos o exasperación de penas", acotando que existen normas adecuadas para la persecución penal de delitos funcionarios, lavado de activos y defraudaciones.
Así, afirma que el tráfico de influencias ingresa por fisuras institucionales o malas respuestas del Estado, que generan "todos los incentivos para saltarse las reglas", por lo que, según dice, "el problema es mucho más estructural de lo que se cree". En cuanto al sistema de nombramientos, apunta que este "no ofrece el estándar adecuado de transparencia, independencia y consideración a los méritos", por lo que, agrega, una reforma es imprescindible.
Junto con esto, menciona la necesidad de hacer crecer la carrera funcionaria para disminuir la cantidad de empleados públicos que rotan con cada gobierno. "Muchos de los escándalos de corrupción que hemos conocido tienen que ver con esos funcionarios cuoteados y advenedizos", dice.
En este sentido, sostiene que "en el trabajo estatal hay una especie de informalidad respecto de asesores y prestadores de servicios que pueden ejercer informalmente influencias", señalando que operan como "funcionarios de facto" y ejerciendo como "puentes no institucionales entre los poderes del Estado", por lo que llama a extender sus responsabilidades con un "buen estatuto de inhabilidades y rendición de cuentas". Así, remarca la importancia de "fomentarse un ambiente y sensación de control en el Estado". Por último, consigna que "los gremios están en deuda respecto del control ético de sus asociados, muy especialmente los del sector público, a los que esto no parece haberles interesado nunca". n Colegio o agencia estatal Sobre esto, la consejera del Colegio de Abogados Elisa Walker reafirma lo señalado por el gremio respecto del control ético (ver recuadro). "En el derecho comparado en general, cuando tú incumples tus deberes éticos, que es una evaluación que hacen tus pares, la sanción puede ser que quedes impedido para seguir ejerciendo como abogado. En Chile no podemos hacer eso.
Entonces, las sanciones son una limitación al resguardo a la ética, porque no podemos impedir o suspender en el ejercicio de la profesión o impedir que alguien pueda seguir ejerciendo como abogado". Coincide con lo anterior Cristián Riego, académico de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, quien apunta que "hay que establecer un control disciplinario sobre los abogados, sea por la vía de los colegios o por medio de alguna agencia estatal especial". n Ampliar inhabilidades En el caso del sistema judicial, Walker señala que si bien hace años existe un diagnóstico claro, como el "separar la labor de administración de la de jurisdicción", advierte que "no hemos podido tener claridad de cuál es el mecanismo adecuado para subsanar esas dificultades". Sobre el punto, Riego acota que es "indispensable terminar con el lobby en el sistema de justicia", detallando que esto implica "regular que los jueces no pueden recibir más información que la que se presenta en las audiencias y ampliar las causales de inhabilidad". En cuanto a los nombramientos, estima que se deben modificar los concursos para jueces y fiscales, "estableciendo que quienes los deciden solo pueden tomar en cuenta la información entregada oficialmente y prohibiendo cualquier otro contacto y establecer la inhabilidad de cualquiera que conozca o tenga cualquier relación con un candidato". Expertos y exautoridades abordan cómo hacer frente a vulnerabilidades del sistema: Más rigor en nombramientos, fin del lobby y control ético de abogados son claves para superar crisis tras caso Audio OLIVER RODRÍGUEZ G.
Entre los consultados dicen que el eventual tráfico de influencias ingresa por fisuras institucionales o malas respuestas del Estado y, en el plano judicial, que si bien hay un diagnóstico hace años, no así un mecanismo. n Gremio propone "jurisdicción universal" Tras la formalización del caso Audio, el Colegio de Abogados emitió una declaración en la que califican los hechos como "extremadamente graves", añadiendo su esperanza en que se establezcan responsabilidades y sanciones en el proceso.
Sin embargo, propusieron una reforma constitucional "para asegurar el control ético único, universal y efectivo, que efectúe el colegio profesional, respecto de todos los profesionales". "La jurisdicción universal es común en el derecho comparado y los casos que hemos visto en las noticias reafirman la importancia de fortalecer el control ético", apuntaron. A poco más de nueve meses de conocido el caso Audio, el martes se declaró la prisión preventiva de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, tras ser considerados como un peligro para la sociedad. IMAGEN DE VIDEO.