Autor: Alex von Baer

Intensa polémica por propuesta para que centros de salud y educación informen sobre migrantes
Intensa polémica por propuesta para que centros de salud y educación informen sobre migrantes C olumnas de opinión, tuits y declaraciones de parlamentarios y exministros generó la propuesta del Gobierno para que instituciones de salud, educación y previsionales, públicas o privadas, deban informar al Servicio Nacional de Migraciones o la PDI sobre extranjeros irregulares que se atiendan en sus dependencias, cuando esas autoridades les soliciten la información.
La norma -de la que dio cuenta en esos términos La Segunda ayerestá contenida en una indicación al proyecto que perfecciona el proceso de expulsiones administrativas, que presentó el subsecretario del Interior Máximo Pavez, y que indica que ese tipo de instituciones o todo órgano del Estado, "estarán obligados a entregar a la autoridad migratoria los antecedentes que éstas requieran, incluidos el domicilio, teléfono, correo electrónico, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación". Fue ingresada a la comisión de Gobierno del Senado y regiría para entidades como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, clínicas, colegios o jardines infantiles, según corroboraron en el Gobierno y oficialismo; y fue trabajada como parte del plan del Ejecutivo para abordar a los 300 mil irregulares que ya están en Chile, por la vía de ayudar a agilizar expulsiones. "Vamos a ir uno a uno, cuando se vayan dando las oportunidades de ir controlando las personas", había dicho el Presidente Kast, en marzo.
En ese contexto, la oposición criticó la norma, interpretándola como una obligación de esas entidades de denunciar a aquellos migrantes, pese a que ayer este diario publicó la explicación de Pavez de que la información se entregaría "a requerimiento" de Migraciones (de todos modos están obligadas a en ese caso brindarla, según el texto). "No se puede usar la salud como castigo migratorio", dijo el senador PS Juan Luis Castro, y el exdirector de Migraciones, Luis Thayer tuiteó: “¿ Cuál es la política de expulsiones? ¿ Van a ir por los delincuentes, o por los enfermos, mujeres embarazadas, familias con hijos escolarizados, y trabajadores que cotizan en AFP?". Incluso lo entendió así el exministro de Salud de Piñera, Jaime Mañalich, quien escribió en The Clinic que los tratados y la ley chilena "establecen que la salud no puede condicionarse al estatus migratorio (. .. ) Se ha propuesto ir en la dirección contraria: obligar a los funcionarios a denunciar a quienes carezcan de documentos. Sería un error grave.
Convertiría al consultorio en una trampa, alejando a personas enfermas del sistema, con consecuencias de salud pública para toda la población", por lo que llamó a no "usar el sistema para controlar la migración" con un "mecanismo encubierto", sino que para una reducción voluntaria de la irregularidad a través de una Ventanilla de Regularización Sanitaria. Y el mismo riesgos sanitario advirtió la exministra del Interior y expresidenta del Colegio Médico Izkia Siches, apuntando a que los migrantes llegarían "más tarde, cuando ya es más difícil tratarlos o evitar contagios.
Convertir hospitales en un espacio de temor es un riesgo para la salud pública". Incluso la ministra de Salud del actual gobierno, May Chomalí se opuso a la medida, con reparos legales. "Lo miramos con bastante preocupación, porque no podemos desde el Minsal informar de esos temas, porque es información entregada en una atención sanitaria, y eso está resguardado por el código sanitario y por la ley de pacientes, y eso lo vamos a defender. No podemos ir contra la ley. No podemos negar una atención, y ponemos en riesgo a toda la población", indicó en 13C.
Ante la controversia, Pavez dio hoy una entrevista a T13, en la que reiteró que la norma surge de que "cuando queremos notificar y empezar a echar a andar el proceso" de expulsión, "las personas muchas veces cambian su domicilio, eluden la acción de la autoridad, se van y no tenemos cómo continuar". Y luego, aclaro que no había una obligación de denunciar por parte de las entidades enunciadas, y que las peticiones de información solo se acotarán a personas que ya tengan órdenes de expulsión pendientes. "La PDI o el Servicio de Migración, solo cuando se haya abierto un proceso de expulsión contra una persona, va a poder oficiar reservadamente (a las instituciones), para saber si registran algún dato de las personas para hacerle las notificaciones (. .. ) Lo que necesitamos es saber dónde están las personas para poder materializar las expulsiones. Pero aquí no hay una obligación de reporte ni de denuncia. Nada que ver lo que se ha intentado plantear de que queremos que los funcionarios anden denunciando.
No hay una obligación de andar diciendo "oye, aquí pasó alguien, fiscalícenlo". No, la autoridad requiere si hay algún dato de contacto", explicó, reforzando que el reporte se efectuará solo "a solicitud" de la PDI y Migraciones, y que "si usted no tiene un proceso de expulsión, no hay nada que oficiar ni contestar". Y concluyó: "Me preguntan si existe la obligación de reportar y de casi denunciar la presencia de un irregular, y la respuesta es no". Y al ser consultado si operaba para quienes estuvieran regularizándose, contestó que no, aunque luego dijo: "Lo que más nos importa" en la utilización de la norma "es el procedimiento de expulsión, evidentemente que pueden haber otros procedimientos también". En todo caso, más allá de sus aclaraciones, el mismo Kast defendió el espíritu de la norma, anoche en Atacama, tras las críticas. "En Chile hay multiplicidad de maneras de reconocerse a través del RUT, de un número especial en salud, un número especial en educación. Eso va a cambiar. Requiere orden, y tenemos que tener todas las informaciones necesarias", dijo.
Pavez informó que, a solicitud de la presidenta de la comisión Danisa Astudillo (PS), se formó una mesa técnica para revisar la indicación. "Todas las inquietudes que pueden haber las vamos a responder en la comisión, incluyendo la de mi querido amigo Mañalich", aseveró. De hecho, Mañalich solicitó correcciones a la norma, al ser consultado hoy por la aclaración de Pavez. -Con la precisión del subsecretario, ¿mantiene su opinión o varía? -Sí. El subsecretario debe con urgencia modificar la indicación en el sentido que señala, así como precisar en la indicación en quién específicamente recae la obligación. Intervención de Salud y aclaración de Interior Mañalich pide cambiar indicación Autor: Alex von Baer. Interior aclaró que la norma no significa que estén "obligados a denunciar", sino que solo a responder petición cuando se trate de personas con orden de expulsión.
Deberían informar cuando lo pidan Migraciones o PDI Intervención de Salud y aclaración de Interior Mañalich pide cambiar indicación Intervinieron en el debate los exministros Jaime Mañalich e Izkia Siches, el subsecretario del Interior Máximo Pavez y la ministra de Salud May Chomalí. Intervinieron en el debate los exministros Jaime Mañalich e Izkia Siches, el subsecretario del Interior Máximo Pavez y la ministra de Salud May Chomalí.