Autor: gerente general de la compañía, Ricardo García.

Camanchaca designa equipo liderado por abogado Jorge Bofill para definir acciones contra el Estado por cambios a ley de pesca
Camanchaca designa equipo liderado por abogado Jorge Bofill para definir acciones contra el Estado por cambios a ley de pesca MARCO GUTIÉRREZ V.
Camanchaca, empresa pesquera industrial ligada a la familia Fernández, había advertido hace unas semanas los negativos efectos para la compañía que producirá de entrar en vigencia el proyecto de ley de fraccionamiento que está impulsando el Ejecutivo en el Congreso. Esta iniciativa busca reducir las cuotas de extracción vigentes hasta 2032 de las compañías industriales y aumentar las de los artesanales. A fines de marzo, el gerente general de Camanchaca, Ricardo García, señaló a “El Mercurio” que el principal golpe es por el lado del recurso del jurel.
Advirtió que si se aprueba la iniciativa es probable el cierre de su planta de conservas en el Biobío, que produce 24 millones de unidades para consumo en Chile y el exterior y donde trabajan 400 personas, la mayoría mujeres. En el norte, en tanto, estimó que tras los ajustes de la fracción en la anchoveta que se proponen, tendrían que cerrar su operación en Iquique. A la vez, calificó la iniciativa como “expropiatoria” y anticipó en esa fecha que tomarían acciones legales. Respecto de este último punto, ayer la compañía informó durante su junta de accionistas de un paso relevante en esa dirección.
Frente a una consulta de un fondo de pensiones accionista sobre las iniciativas que adoptará Camanchaca ante el proyecto de ley de fraccionamiento pesquero, la empresa informó que decidió conformar un equipo interdisciplinario, liderado por el abogado Jorge Bofill Genzsch, del estudio Bofill, Escobar, Silva Abogados, que analizará todos los escenarios derivados de esta reforma legal.
Ello, indicó, para definir los cursos de acción legales necesarios para salvaguardar el interés de la empresa frente al actuar de órZ ganos del Estado, los que consiB Á de la Constitución”. E deran han actuado E “ IP al margen L EF Bofill es un destacado litigante, quien ha representado a sus clientes en tribunales chilenos y cortes extranjeras, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial y la Cámara de Comercio Internacional.
García señaló que “de aprobarse esta iniciativa legislativa en los términos actualmente conocidos se afectarán gravemente los derechos adquiridos por nuestra compañía y por toda la industria, al alterar el régimen de licencias vigente, sin siquiera establecer una legítima compensación”. El ejecutivo aseguró que si prospera la ley “demandaremos al Estado porque tenemos el deber fiduciario de defender los derechos de quienes han confiado en Camanchaca y en la certeza jurídica que debe regir toda actividad empresarial”. Añadió que “la decisión de acudir a la justicia también se debe a que la nueva ley no solo es una amenaza para sus accionistas directos, sino que también para los millones de trabajadores chilenos que, a través de sus fondos de pensiones, son accionistas indirectos de la compañía.
El proyecto de ley pone en riesgo la estabilidad laboral de nuestros trabajadores, el sustento de nuestros proveedores y la continuidad de nuestras inversiones”. Consultado sobre las opciones judiciales que están contemplando, García indicó que “es precisamente eso lo que el equipo que encabeza el abogado Jorge Bofill tiene que evaluar ahora para que, de no mediar un cambio en lo que conocemos hoy del proyecto, nuestros abogados defiendan los derechos y el interés de la sociedad en todas las instancias judiciales disponibles, exigiendo las compensaciones correspondientes”. Agregó que “Camanchaca es una sociedad anónima chilena abierta en bolsa con miles de accionistas e iniciará, en principio, acciones en sede chilena, pero no se descarta que haya otros foros donde litigar”. Sobre los efectos económicos, ZERÉPANERAC Caminos e impactos RICARDO GARCÍA Gerente general de Camanchaca la compañía reconoció que la reducción de cuotas de extracción afecta a su actividad en anchoveta, sardina y jurel.
A la vez, criticó la subasta del crecimiento de la cuota anual del jurel, que si bien fue rechazada en el Senado, el Gobierno busca reponer en la comisión mixta, que debe resolver algunos puntos pendientes como este y la distribución de cuotas en merluza común y anchoveta. “De concretarse el proyecto como se conoce, solo en 2025, estamos hablando de la pérdida de cerca del 30% de nuestros volúmenes de pesca, unos 90 millones de kilos de materia prima. Este grave impacto se multiplicaría varias veces si se repone la idea, rechazada por el Senado, de subastar cuotas de jurel cuyos derechos poseemos hoy. Allí radica la mayor parte del valor agregado que aporta la compañía sobre las materias primas y donde más empleo y tributos se pagan hoy. Este agravamiento haría dispararse el royalty pesquero más allá del 20% de las ventas, algo claramente abusivo y confiscatorio”, sostuvo García. Durante la junta de accionistas, el ejecutivo explicó que en 2024, la empresa pagó US$ 35 millones en impuesto, monto del cual el 50% correspondió a royalty pesquero. Afirmó que ese tributo se ha multiplicado más de seis veces en los últimos nueve años.
Señaló que en los recientes nueve años, la compañía ha pagado US$ 198 millones en impuestos, lo que calificó como “desproporcionado” respecto de las utilidades por US$ 120 millones generadas en ese mismo lapso y más aún con relación con los US$ 65 millones repartidos a los accionistas en ese tiempo. “Hemos entregado a los accionistas un tercio de lo entregado al fisco”, remató. Este año, la empresa prevé invertir US$ 39 millones, la mitad en el negocio salmonero. En 2024 desembolsó US$ 41 millones.
De aprobarse la ley en los términos conocidos, demandaremos al Estado porque tenemos el deber fiduciario de defender los derechos de quienes han confiado en Camanchaca y en la certeza jurídica que debe regir toda actividad empresarial”. PESQUERA INDUSTRIAL ESTIMA PÉRDIDA DEL 30% DE SUS VOLÚMENES POR NUEVO FRACCIONAMIENTO:. La firma “iniciará, en principio, acciones en sede chilena, pero no se descarta que haya otros foros donde litigar”, advirtió el PESQUERA INDUSTRIAL ESTIMA PÉRDIDA DEL 30% DE SUS VOLÚMENES POR NUEVO FRACCIONAMIENTO: Ricardo García, gerente general de Camanchaca. Jorge Bofill, socio del estudio Bofill, Escobar, Silva Abogados.