Autor: Valoración ciudadana

Controversia por cable submarino: “La información no estuvo disponible y ha habido una serie de contradicciones”
Controversia por cable submarino: “La información no estuvo disponible y ha habido una serie de contradicciones” DIERK GOTSCHLICH La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, se reunió el lunes de la semana pasada con el Presidente electo, José Antonio Kast, y su equipo, y les presentó un documento con un conjunto de propuestas para modificar la Ley de Transparencia vigente.
Según la abogada, que lidera el organismo desde abril del año pasado, los ajustes buscan “modernizar, actualizar y perfeccionar” una norma que, a casi 17 años de su inicio, “ha probado ser una herramienta muy útil y eficaz para la ciudadanía, pero también ha servido mucho para evaluar a las autoridades de turno, electas o designadas”. Entre otras medidas, la idea es ampliar la información que deben tener disponibles en sus portales web las instituciones del Estado, para que así se pueda acceder a más datos sin tener que hacer solicitudes formales. “La transparencia es un aliado tanto para la ciudadanía como para la función pública. No avanzar en ello y generar resistencia da una señal completamente equivocada y no se condice con el discurso político y público que hay al efecto”, recalca González.
El problema del cable El cable submarino y sus repercusiones han sido un desafío para el Gobierno en materia de transparencia. ¿Cómo evalúa la gestión de las autoridades en ese caso? “Este es un caso de una envergadura muy relevante, porque no solamente se trata de una contratación en particular que involucra temas de seguridad y telecomunicaciones, sino que también tiene implicancias geopolíticas y tiene implicancias para las relaciones internacionales de Chile. Hoy, esas relaciones internacionales están tensionadas.
Hubo solicitudes de concesión tanto al Ministerio de Defensa como a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en un caso para la concesión marítima, en otros, para los permisos de telecomunicaciones que se requieran. ¿Por qué no nos enteramos de esas solicitudes de concesión o de permisos? ¿ Por qué no hemos conocido hasta la fecha los estudios de impacto ambiental que eventualmente tenían que realizarse? ¿ Por qué no hemos conocido el fundamento de las decisiones tanto para otorgar una u otra concesión? ¿ Y por qué los plazos fueron más breves que en la gen e r a l i d a d d e l o s otros casos en que se tramitan solicitudes de esta naturaleza? Si aquí ha habido problemas de transparencia, ha habido contradicciones de las autoridades, que es menester aclarar. No puede haber versiones diferenLa mirada de Natalia González es compartida por una exautoridad del consejo.
El abogado Marcelo Drago, quien presidió el organismo entre 2017 y 2020, plantea que “las reglas de transparencia reconocen que, durante un proceso de toma de decisiones, la autoridad puede reservar cierta información: es lo que se conoce como privilegio deliberativo.
Pero aquí esa reserva no se justifica”. Acota que “tratándose de autorizaciones estatales sujetas a decisiones regladas, y considerando además que hubo repercusiones internacionales graves, incluidas represalias como las que ya vimos, en un caso con consecuencias internacionales, la ciudadanía tiene derecho a conocer el expediente completo; por eso, la información debió ponerse a disposición de forma íntegra y detallada”. tes desde la Cancillería, desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Ministerio de Transportes, desde la Vocería General de Gobierno ni desde la Presidencia.
Las versiones debieran ser completamente las mismas, homogéneas, unívocas y con todos los antecedentes arriba de la mesa”. ¿Considera que el Gobierno dificultó el acceso a la información? “No quiero poner calificativos o intenciones a la forma en que se actuó, pero lo que está clarísimo, y así lo muestran los distintos hechos de los últimos días, es que la información no estuvo ZEREPANERACAM disponible de manera oportuna.
No es clara, porque ha habido una serie de contradicciones respecto a este proceso, contradicciones internas además, desde el propio Gobierno y de las distintas reparticiones públicas, y hasta la fecha no tenemos una respuesta precisa respecto del estado del arte de estas tratativas, cuánto de esto le va a tocar revisarlo al gobierno entrante y no conocemos las razones por las cuales todo esto se tramitó de una manera fast track”. ¿Qué aspectos de los que pueden fiscalizar en el CPLT deberán ocupar al gobierno entrante? “Además de la situación fiscal y el empleo público, evidentemente la situación del cable chino será una cuestión a revisar profundamente. Toda esta situación que involucra información incompleta y una serie de contradicciones empaña el debido traspaso entre el gobierno saliente y entrante.
Dada la envergadura del problema y de lo que implica para las relaciones de Chile con dos potencias mundiales, lo que aparece es que el tema debió abordarse de manera completa, suficiente y oportuna, con todos los fundamentos y antecedentes arriba de la mesa, con las autoridades entrantes, lo que no habría ocurrido”. La abogada enfatiza que hoy la Ley de Transparencia es una herramienta valiosa y valorada por la ciudadanía, pero “tenemos que dar un paso más, tenemos que construir sobre lo obrado. No se trata de echar abajo la Ley de Transparencia actual, sino que al revés, fortalecerla. Por ejemplo, por la vía de establecer que la Transparencia Activa tiene que ser la regla por diseño, por defecto.
Hay una serie de antecedentes que hoy no están disponibles, que tú los puedes solicitar y que te los debieran entregar si no hay una causal de reserva, ¿por qué no publicarlos en los portales de transparencia de las distintas instituciones, evitándoles a las personas comunes y de a pie un trámite adicional? Si el Estado está al servicio de las personas”. REFORMA El Consejo presentó una serie de medidas al Presidente electo para “modernizar” la Ley de Transparencia. n Exautoridad del Consejo coincide: “La ciudadanía tiene derecho a conocer el expediente completo” Tenemos que construir sobre lo obrado, no se trata de echar abajo la Ley de Transparencia actual, sino que al revés, fortalecerla.
Por ejemplo, por la vía de establecer que la Transparencia Activa sea la regla por diseño, por defecto”. Ha habido una serie de contradicciones respecto a este proceso (del cable), contradicciones internas además, desde el propio Gobierno y de las distintas reparticiones públicas, y hasta la fecha no tenemos una respuesta precisa respecto del estado del arte de estas tratativas”. Autor: Valoración ciudadana.
La abogada abre interrogantes sobre las gestiones de la autoridad frente al polémico caso y asegura que para la administración entrante “será una cuestión a revisar profundamente”. Presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, aborda el conflicto REFORMA El Consejo presentó una serie de medidas al Presidente electo para “modernizar” la Ley de Transparencia. n Exautoridad del Consejo coincide: “La ciudadanía tiene derecho a conocer el expediente completo” ‘‘Tenemos que construir sobre lo obrado, no se trata de echar abajo la Ley de Transparencia actual, sino que al revés, fortalecerla.
Por ejemplo, por la vía de establecer que la Transparencia Activa sea la regla por diseño, por defecto”. ‘‘Ha habido una serie de contradicciones respecto a este proceso (del cable), contradicciones internas además, desde el propio Gobierno y de las distintas reparticiones públicas, y hasta la fecha no tenemos una respuesta precisa respecto del estado del arte de estas tratativas”. La abogada de la UC y máster en Derecho de la U. de Chicago preside el Consejo para la Transparencia desde el año pasado.