Autor: ÓSCAR ACUÑA Ex secretario ejecutivo del CMN

Consejo de Monumentos Nacionales: la hora de la verdad
Consejo de Monumentos Nacionales: la hora de la verdad TOMÁS FLORES Ex subsecretario de Economía Integrantes del Consejo Universitario de la UBOEl debate sobre la burocracia y su efecto sobre la tramitación de los proyectos de inversión ha resaltado el retraso y arbitrariedad en las decisiones del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) al suspender, por años en algunos casos, las faenas de construcción debido a un hallazgo que pareciera no tener valor patrimonial alguno, como es el caso de las tapitas de bebidas.
Hace algunas semanas, elaboramos en la Universidad Bernardo OHiggins un documento con propuestas concretas para solucionar algunos de los problemas de este consejo, y posteriormente el Gobierno presentó una indicación al proyecto de ley en trámite. En dicha iniciativa hay elementos positivos y otros negativos, detallando a continuación nuestra opinión.
El actual CMN es presidido por la subsecretaria del Patrimonio Cultural y está compuesto de 23 miembros, lo que se eleva a 29 personas en la propuesta de reforma del Ejecutivo, pasando a denominarse Consejo de los Patrimonios Culturales. Este número deconsejeros supera largamente lo observado en el resto del Gobierno, Poder Legislativo y Judicial, y por cierto en los directorios del sector privado. De hecho, una comisión de la Cámara de Diputados tiene 13 parlamentarios y los consejos de expertos fluctúan habitualmente entre cinco y ocho miembros.
Un consejo de 29 personas no es un consejo, es una asamblea, y claramente es anacrónico a la luz de la literatura y práctica comparada, dificultando la toma de decisiones, sobre todo cuando hay allí consejeros que estarían incluidos no en su calidad de expertos, sino solo representando un oficio o un interés particular.
Esto nos lleva a recomendar un consejo de menos de 10 personas, que sean elegidas por el Presidente de la República de una terna elaborada por la Alta Dirección Pública, luego de haberse realizado el respectivo concurso público, donde exista un perfil que defina nítidamente los conocimientos y experiencia exigida para ser parte de esta comisión.
En segundo lugar, resultan positivas las propuestas en torno a descentralizar el órgano resolutivo en materia de las intervenciones y permisos sobre los bienes patrimoniales, entregando estas facultades en las Direcciones Regionales del Servicio del Patrimonio; no obstante ello, será necesario evaluar cómo evitar que decisiones caprichosas, de autoridades unipersonales, puedan definirel destino de proyectos de interés público y privado y qué recursos administrativos ante el mismo órgano se podrán deducir en caso de suceder ello. En tercer lugar, la indicación presentada por el Ejecutivo busca precisar la definición de lo que se debe considerar “arqueológico”, y si bien define criterios, no es muy afortunada en lo conceptual. En efecto, la indicación señala que serán considerados arqueológico, monumento y propiedad del Estado por el solo ministerio de la ley aquellos bienes que tengan data precolombina o colonial. De este modo, todo aquello que sea republicano, industrial o incluso contemporáneo no quedaría bajo esta protección.
Si bien esto es positivo, el mismo artículo luego establece que se puede ampliar la cobertura de la norma a “otros bienes” por la vía de un futuro reglamento, lo que no contribuye a dar certeza jurídica, que es algo que todos requerimos como un mínimo, y puede ser peor que la situación actual, pues abriría un espacio de discusión de qué es lo que queda cubierto y qué no bajo ese reglamento.
Finalmente, el espacio que abre el debate parlamentario nos permitirá aportar a todos a que la ley de monumentos finalmente sea modificada, lo que constituye un anhelo postergado por décadas, y contribuir a que esta iniciativa sea beneficiosa para la protección real del patrimonio cultural pasando de la situación actual, donde se han observado situaciones bastante ridículas, a un estadio mucho mejor y que nuestro país requiere con urgencia.. “... Un consejo de 29 personas no es un consejo, es una asamblea, y claramente es anacrónico a la luz de la literatura y práctica comparada, dificultando la toma de decisiones... ”.