EDITORIAL: Diputados oficialistas van al TC
EDITORIAL: Diputados oficialistas van al TC U na mayoría de los diputados que forman la alianza de Gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) solicitando declarar inconstitucionales cinco artículos clave de la ley marco de autorizaciones sectoriales. Los 42 suscriptores del requerimiento acusan que la iniciativa, aprobada la semana pasada, vulnera principios constitucionales y significa un retroceso en materia ambiental. El mensaje lo presentó el Ejecutivo en enero de 2024 en el contexto del debate respecto de las múltiples regulaciones administrativas que ralentizan las inversiones.
A juicio del diputado Daniel Melo (PS), uno de los impulsores del recurso ante el TC, durante su tramitación el proyecto "fue ampliando su alcance de manera preocupante". Los parlamentarios impugnan el concepto de las "técnicas habilitantes" --aviso o declaración jurada-como regla general de autorización en reemplazo de un acto administrativo, y el régimen de estabilidad regulatoria de ocho años para las inversiones; asimismo, sostienen que no hay una distinción en el tratamiento entre una gran empresa y las pymes, y que no se incluyó el procedimiento de consulta indígena en las modificaciones que afectan a la Conadi.
El Ministerio de Economía estima que disminuir el lapso de los permisos sectoriales reducirá hasta en 30% el tiempo de tramitación de las grandes obras y hasta 70% en emprendimientos de baja complejidad; la ley contempla plazos más exigentes de aprobación de proyectos y una ventanilla única para gestiones hoy dispersas. Las cifras de la autoridad y de expertos apuntan a una recaudación adicional de 0,59% del PIB, por la activación de iniciativas hoy paralizadas, y un incremento de 2,4% del PIB en diez años.
Los ministros Álvaro Elizalde y Nicolás Grau han desdramatizado la disidencia de los legisladores; sin embargo, que alrededor del 60% de los diputados de la coalición oficialista recurra en el TC una ley que el Gobierno considera esencial para el crecimiento sostenido de la economía refleja, por un lado, la desafección de parte considerable de la alianza con las políticas del Ejecutivo y, por otro, la crisis de disciplina --e incluso de lealtad-en el Congreso, en particular la cámara baja; son varios los episodios en que La Moneda ha debido contar con los votos de la oposición y de solo de un sector de su coalición, en especial en asuntos de seguridad. En este sentido, parece evidente que una reforma del sistema político que no contemple mecanismos de disciplina del voto y de regulación legal de las bancadas no resolverá el problema de la gobernabilidad. El académico Sergio Toro y otros han postulado que el desorden y la conducta de los congresistas pueden influir más, en la disfuncionalidad legislativa, que el número de partidos. Ciertamente, no solo la coexistencia de dos "almas" en la coalición que gobierna y la campaña electoral en desarrollo favorecen la dispersión de las fuerzas. También el escaso empeño del Ejecutivo por alinear a sus legisladores, o la falta de capacidad para hacerlo.
La discrepancia en torno a la ley que busca enfrentar la llamada "permisología" pone en entredicho el genuino interés y compromiso del oficialismo con dicha reforma. "Son varios los episodios en que La Moneda ha debido avanzar con los votos de la oposición y de solo de un sector de su coalición". Diputados oficialistas van al TC.