Autor: MATÍAS ARÁNGUIZ PROFESOR DE DERECHO Y SUBDIRECTOR DEL PROGRAMA DE DERECHO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA UC - MAURICIO FERNÁNDEZ ABOGADO ESTUDIO COLOMBARA, EXDIRECTOR ULDDECO FISCALÍA NACIONAL
COLUMNAS DE OPINIÓN: Cómo lograr que denunciar la criminalidad económica y el fraude administrativo valgan la pena
COLUMNAS DE OPINIÓN: Cómo lograr que denunciar la criminalidad económica y el fraude administrativo valgan la pena hile no parte de cero.
Desde 2021 la Ley 21.314 creó al "denunciante anónimo" para el mercado financiero, garantizando reserva de identidad y una recompensa de 10% al 30% de la multa aplicada al infractor (con tope de UF 25.000 ). Según la última cuenta pública de la Comisión para el Mercado Financiero, hasta fines de 2024 han existido 99 solicitudes de recompensa y pagos autorizados por más de S 428 millones. Dos años después, la Ley 21.592 extendió la protección al sector público mediante un canal gestionado por la Contraloría General de la República y diversas normas procesales y administrativas de resguardo del denunciante. Estas normas anclan en nuestro ordenamiento la figura que el derecho comparado conoce como whistleblower: la persona que, sin haber participado en la infracción, facilita a la autoridad información original, precisa y verificable. La criminalidad económica y el fraude administrativo son redes cada vez más sofisticadas, imposibles de desentrañar solo con herramientas tradicionales de investigación. El whistletas tradicionales de investigación.
El whistleMATÍAS ARÁNGUIZ MAURICIO PROFESOR DE DERECHO FERNÁNDEZ Y SUBDIRECTOR DEL ABOGADO ESTUDIO PROGRAMA DE DERECHO, COLOMBARA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EXDIRECTOR ULDDECO uc FISCALÍA NACIONAL "Urge habilitar recompensas en ambitos hoy huérfanos -delitos funcionarios, de corrupción fiscal, colusión en compras públicas donde el costo reputacional de denunciar sigue siendo prohubriwo". prohubriwo". prohubriwo". prohubriwo". TRIBUNA LIBRE blowing opera como un mercado de información donde el Estado compra -mediante protección y recompensa la inteligencia dispersa que poseen insiders y terceros. Así, se moviliza la "sabiduría de la multitud" para enfrentar asimetrías de datos que, de otro modo, blindarían la impunidad. El informe de la Contraloría, presentado por la contralora Dorothy Pérez, descubrió que más de 25.000 funcionarios viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024. La pesquisa gatilló, hasta ahora, 6.600 sumarios y la renuncia de 1.100 funcionarios públicos; la contralora dijo que el gasto malversado equivale a cerca del 1% del PIB. Este hallazgo fue posible gracias a datos internos y denuncias anónimas que catalizaron cruces masivos de información migratoria y sanitaria.
En esa línea, urge habilitar recompensas en ámbitos hoy huérfanos -delitos funcionarios y de corrupción pública especialmente en el ámbito municipal, colusión en compras públicas, entre otros donde el costo reputacional de denunciar sigue siendo prohibitivo. El caso de las licencias médicas demuestra el ahorro fiscal potencial cuando se abren canales eficaces de reporte. También debería repensarse el rango de recompensa económico, fijado en Ley 21.314, para elevar su techo o permitir porcentajes superiores si el beneficio fiscal supera ciertos umbrales, siguiendo la experiencia de la SEC en EEUU. El sistema funciona si logramos generar incentivos para que individuos se movilicen en la investigación, se profesionalicen y creen un mercado de justicia. Fortalecer el whistleblowing no es un guiño simbólico a la transparencia; es una inversión con retorno financiero y democrático probado. Cuando el Estado premia la valentía cívica, cada ciudadano potencialmente se convierte en un sensor anticorrupción. El desafío político es cla ro: convertir la excepcionalidad de casos como el de Dorothy Pérez en política pública permanente y escalable. Lo anterior debe ir de la mano de una reforma legal que fortalezca la institucionalidad en materia de integridad pública, obligando a todo ente del Estado a implementar una instancia interna encargada del compliance público..