Autor: POR PATRICIA MARCHETTI

Caso Collahuasi pone al centro del debate la anulación de las RCA y gremios mineros aluden al "fantasma de la permisología'
Caso Collahuasi pone al centro del debate la anulación de las RCA y gremios mineros aluden al "fantasma de la permisología' Las alarmas del sector minero sonaron con fuerza este lunes, luego de que, en la víspera del fin de semana recién pasado, se conociera que el Segundo Tribunal Ambiental anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) -otorgada en diciembre de 2021de una de las iniciativas mineras en construcción más grandes del país y que se encuentra prácticamente lista: "Desarrollo de Infraestruc tura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi", conocida en el sector como C20+ y que involucró una inversión de US$ 3.200 millones.
Los principales controladores de la quinta mayor mina de cobre del mundo -Anglo American y Glencore, que son dueños de un 44%, respectivamente-, declararon estar "solicitando al Tribunal una aclaración completa para determinar los efectos específicos de su fallo", así como de los asuntos que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) volvería a examinar.
Lo anterior, ante la sorpresa y las dudas en torno al fallo, toda vez que el proyecto fue aprobado ambientalmente hace cuatro años y medio, y respaldado en 2023 por el Comité de Ministros -encabezado por Maisa Rojas-, que rechazó una serie de reclamaciones presentadas por las mismas comunidades y representantes legales que ahora obtuvieron un pronunciamiento favorable del tribunal.
Así, mientras las mineras defienden que "el proceso de autorización ambiental del proyecto se llevó a cabo conforme a la normativa local y al marco ambiental pertinente", la sentencia ordena retrotraer la evaluación hasta antes del Informe Consolidado de Evaluación (ICE). Esto, debido a que -según el fallolos reclamos de las comunidades de Caleta Chanavaya no fueron debidamente caracterizadas en el proceso y las observaciones de Conadi no fueron consideradas por el Comité de Ministros, entre otras "deficiencias" que derivaron en "ilegalidades asociadas al componente humano y la evaluación del medio marino". Cabe recordar que la iniciativa presentada en 2018 al sistema, busca extender la vida útil de la mina ubicada en la Región de Tarapacá por 20 años, de la mano de una planta desaladora en el Puerto de Patache (Iquique) y un sistema de impulsión que llevará el agua por un cañón de 194 kilómetros de largo y KOMATSU cinco estaciones de bombeo, hasta la faena ubicada a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Tras el fallo, Anglo afirmó que no prevé "ningún impacto inmediato en la producción" de la operación.
Gremios prenden alarmas A primera hora del lunes, los gremios mineros se activaron para arremeter contra la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, advirtiendo no solo por las consecuencias regionales de la situación, sino que, sobre todo, por las "señales" respecto de la certeza jurídica, todo ello mientras en el Congreso la ley miscelánea incluye una propuesta para restituir gastos en caso de RCA anuladas. "Esto reinstala el debate sobre la permisología y las dificultades que tiene el país para desarrollar proyectos estratégicos", declaró el presidente ejecutivo de Consejo 980E 980E 160 Minero, Joaquín Villarino.
En esa línea, el líder del gremio que agrupa a las más grandes mineras que operan en Chile -Anglo y Glencore entre ellas-, agregó que "nos parece contradictorio que, mientras existe un consenso transversal sobre la necesidad de impulsar el crecimiento y destrabar inversiones, se produzcan fallos que reabren incertidumbres sobre permisos ya otorgados por el propio Estado". Y enfatizó: "El fantasma de la permisología y de la falta de certeza jurídica sigue presente, y eso genera preocupación en cualquier sector que evalúe invertir en proyectos de largo plazo en Chile". Desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), su presidente, Jorge Riesco, advirtió que este tipo de resoluciones "envían una señal preocupante para el clima de inversión en Chile, especialmente cuando se trata de proyectos de gran KOMATSU ng escala y largo plazo". A su juicio, la sentencia del tribunal "reabre una discusión que el país aún no logra resolver: las dificultades para avanzar con proyectos estratégicos debido a la excesiva permisología y a la falta de estabilidad en los procesos de autorización". En ese sentido, agregó que "resulta difícil compatibilizar el llamado transversal a impulsar el crecimiento económico y destrabar inversiones con decisiones que vuelven a poner en duda permisos ya otorgados por el propio Estado". La Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII) dijo que "revertir años después una autorización ambiental otorgada por la propia institucionalidad y validada por el Estado, introduce un nivel de incertidumbre incompatible con la necesidad de atraer, ejecutar y sostener inversiones productivas de largo plazo". El gremio detalló que Collahuasi genera casi siete mil empleos directos e indirectos en la región, además de otros 18 mil de toda la cadena de valor asociada a la minera.
Su contribución económica equivale al 47% del PIB regional. "Este fallo no afecta únicamente la planificación de una compañía, sino también al todo el ecosistema productivo regional, el cual depende de condiciones estables para poder proyectar inversión, empleo y desarrollo". Ari Bermann, presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), manifestó la "profunda preocupación" del gremio y dijo que "esta decisión no solo golpea a la compañía, sino que pone en riesgo la estabilidad de todo el ecosistema de proveedores". Anglo y Glencore defendieron que "el proceso de autorización ambiental se llevó a cabo conforme a la normativa local y el marco ambiental pertinente". US$ 3.200 MILLONES ES LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 47% DEL PIB REGIONAL EQUIVALE EL APORTE DE COLLAHUASI EN TARAPACÁ Autor: POR PATRICIA MARCHETTI.
Anglo y Glencore defendieron que "el proceso de autorización ambiental se llevó a cabo conforme a la normativa local y el marco ambiental pertinente". US$ 3.200 MILLONES ES LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 47% DEL PIB REGIONAL EQUIVALE EL APORTE DE COLLAHUASI EN TARAPACÁ