“Se ha tomado la determinación de hacer desaparecer a Quiborax sin un debido proceso”
Redacción La semana pasada los ministros del Primer Tribunal Ambiental realizaron un recorrido de dos días por el Salar de Surire y las instalaciones de la planta El Águila de la empresa Quiborax. La diligencia judicial fue decretada enel marco de una demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), debido a lo que podría ser una afectación significativa al salar.
Para la compañía, la situación es crítica pues mantiene detenidas sus operaciones, con el costo económico que eso significa y la amenaza para miles de empleos directos e indirectos en Arica y Parinacota, donde opera la minera, Para Quiborax, la reunión del 25 de julio de 2024, entre el demandante, CDE, junto a los jueces que deberán analizar la demanda y que fue da como de “coordinación”, resulta desconcertante, grave e irregular. “Asílo hicieron ver, demás, los propios sindicatos de la compañía en la causa.
Es una burla inaceptable a gente que está sufriendo inmensas angustias por causa de este irresponsable proceso, más aún cuando ya ha quedado claro en el mismo que la demanda fue construida en base a antecedentes prefabricados para intentar cerrar nuestra empresa.
De hecho, y sólo como ejemplo, en la inspección personal del tribunal hecha hace algunos días quedó en evidencia quela mayor parte de la información con la que el CDE construyó su demanda fue obtenida por Conafen base a evaluaciones y aunque parezca increíble, a partir de cálculos hechos con huinchas de medir de ferretería y tubos de PVC, Tanto esa sí que en terreno el director regional de Conaf no era capaz de responder preguntas elementales y básicas de los ministros”, explicó Daniel Ocqueteau, director y gerente legal de Quiborax. ¿ Cuál es la diferencia entre una paralización hasta diciembre y una paralización que no permite bajar el material acopiado? ¿ Por qué es legalmente cuestionable VISITA INSPECTIVA AL SALAR DE SURIRE, EN EL MARCO DE LA DEMANDA POR DAÑO AMBIENTAL CONTRA O ENTREVISTA.
DANIEL OCQUETEAU, director y gerente legal de Quiborax: desde su punto de vista? -La paralización dictada hasta el 31 de diciembre abarca todas las actividades extractivas en el Salar, lo cual en sí mismo genera un impacto inmenso a todo nivel. Sin embargo, haber prohibido la bajada del mineral ya extraído y acopiado no sólo es absolutamente desproporcionado, sino también inconsistente con principios elementales en materia regulatorio-minera.
Trasladar este material a nuestra planta productiva no es una maniobra extractiva adicional ni menos importa una modificación de la cautelar decretada, sino una operación esencial para garantizar tanto la seguridad como el manejo ambiental adecuado de ese mineral.
Al haber impedido el ITA este traslado agrava una situación que ya es crítica, afectando no solo a Quiborax, sino también a los transportistas, en su mayoría de comunidades indígenas, y a miles de trabajadores y contratistas den dela continuidad de nuestras operaciones. ¿ Cómo está la salud financiera de la compañía? En julio se mencionó que una cautelar que durara todo el juicio podría llevar a la quiebra. ¿Cuánto puede subsistir la empresa? -Con los actuales stocks en nuestra Planta El Águila es evidente que la viabilidad de la empresa está en riesgo.
Razón, entre otras, resultaba urgente e imperioso bajar el mineral ya extraído, El escenario es complejo y, en tal sentido, estamos evaluando todas las acciones que sean necesarias para revertirlas arbitrariedades que hemos sufrido con estos pronunciamientos infundados y que han puesto en jaque a nuestra empresa y las más de 20 mil personas de la Región que dependen de ella.
Han manifestado dudas sobre la imparcialidad de las instituciones, específicamente sobre el fiscalizador de Conaf y una reunión entre el CDE y el Tribunal. ¿Cuáles son esos cuestionamientos y dónde se han presentado? -Nuestros cuestionamientos son serios: hemos constatado una falta de imparcialidad y un activismo excesivo por parte de ciertos funcionarios que deberían mantener ina objetividad estricta. Es inconcebible que un fiscalizador de Conaf, cuya función debería ser técnica, se haya posicionado como activista en contra de nuestras actividades mineras.
Estos hechos han sido denunciados formalmente ante la Contraloría General de la República y no descartamos emprender otras acciones legales para proteger nuestros derechos. ¿ Cuántos trabajadores están siendo afectados? -Actualmente, la paralización afecta directamente a 800 trabajadores y 1.000 más de manera indirecta.
En total, más de 20.000 personas en la región dependen de nuestra actividad económica. ¿ Qué han conversado con las comunidades?-La comunidad indígena ancestral, propietaria de las tierras del Salar de Surire, ha manifestado su apoyo a la posición de Quiborax en el proceso. Ellos están desconcertados por la demanda del CDE, que fue presentada sin consultarles, lo que constituye una violación al Convenio 169 de la OIT. Muchos comuneros, que son transportistas de mineral, están enfrentando consecuencias económicas devastadoras, como la pérdida de sus medios de vida y la renegociación de los créditos de sus camiones.
Este conflicto ha sido devastador para sus familias y comunidades y la reciente negativa a la bajada del mineral que ya estaba extraído y acopiado en Mina las ha dejado en una situación agónica, a todo nivel.
SIN SANCIONES La compañía sostiene que desde su fundación en 1986, Qui borax ha operado en el Salar de Surire sin enfrentar sanciones ni formulaciones de cargos por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Ante tal escenario, la demanda del CDE les resulta sorprendente. ¿Cómo se explican la medida cautelar de paralización completa de la actividad? -La medida cautelar no es explicable-ni menos razonable o proporcional-desde un punto de vista jurídico y regulatorio. El CDE no consideró las consecuencias devastadoras que su solicitud tendría para miles de personas. Tenemos certeza que actuaron en base a información incompleta, e incluso incorrecta, proporciona da por Conaf regional, lo que derivó en una decisión profundamente injusta de la cual no han medido sus consecuencias.
Ciertamente hay funcio narios que tendrán que responder por sus actos y por la desolación que todo este proceso está causando en la Región con mayor desempleo y con el menor índice de actividad económica del país. Han insistido en que durante años, nunca habían tenido una sanción por causas medioambientales... -Así es. En más de 38 años de operación Quiborax no ha recibido una sanción ambiental. Esto no es una afirmación nuestra, es un hecho que está respaldado por los registros públicos a nivel sectorial. Nuestras operaciones han sido rigurosamente controladas y siempre hemos cumplido con la normativa vigente. Con el paso de las semanas, ¿cómo explican todo esto? -No hay una explicación racional.
En un inicio, lo atribuimos a la influencia de algunos activistas irresponsables que están impulsando una agenda anti-minera en la región, despues tos a sacrificar la economía regional y el bienestar de miles de familias con tal de imponer su visión radical, pero nos hemos ido encontrando en el proceso con situaciones como las de ahora, en que a pesar de la posición del Sernageomin, el Tribunal Ambiental acepta una oposición fuera de plazo del CDE con el ob jetivo de impedir esto que es lo minimo: el retiro del material ya acopiado, lo que a nuestro juicio es indicativo de una cosa: se ha tomado la determinación de hacer desaparecer a Quiborax sin un debido proceso. No obstante ello, seguiremos debatiendo este anómalo proceso sin claudicar. Se lo debemos a nuestra gente y a todo el esfuerzo que por años hemos hecho por construir una empresa responsable, seria y honesta que ha servido de sustento a miles de familias. G