Seguridad y trabajo
Señor Director: De acuerdo con nuestra legislación, el empleador tiene a su cargo el deber de protección dela vida y salud de sus trabajadores, debiendo informar riesgos y adoptar las medidas necesarias para suresguardo. Este deber es asumido por el empleador respecto de aquellos riesgos que digan relación con las instalaciones y labores propias de la empresa. Se hace al menos curioso que, frente a una fiscalización, un servicio público extienda este deber a la seguridad pública, considerando que el primer responsable es, precisamente, el mismo Estado.
Claramente, el empleador no puede estar ajeno a esta realidad que aqueja al país, por lo que, sin perjuicio de la necesidad de contar con protocolos y capacitaciones para afrontar estos riesgos, hoy gran parte de las empresas tienen gastos fijos mensuales en seguridad privada para colaborar en el resguardo de trabajadores, clientes e instalaciones.
Sin embargo, la señal de la Dirección del Trabajo al haber aplicado derechamente la medida de suspensión a una farmacia —que por cierto es la más gravosa en la materia— lleva a preguntarpor ejemplo, ante un 63,4 % de empresas victimizadas sólo en comercios, de acuerdo a cifras entregadas por la CNC, este mismo número de establecimientos puede verse expuesto a esta misma sanción.
La solución no debiera ir por este tipo de medidas aisladas y poco informadas a los usuario: sino que va por un mayor diálogo social tripartito, así como en generar procedimientos, protocolos y capacitaciones a trabajadores y empleadores que les permita afrontar actos delictivos en sus lugares de trabajo ante la falta de un Estado presente. Sergio Morales C. | Exsubdirector del Trabajo