Editorial: Voluntad política para las familias damnificadas
Editorial: Voluntad política para las familias damnificadas A un mes del inicio de los incendios forestales que arrasaron la zona norte del Gran Concepción, el último catastro oficial confirma lo que en terreno ya era evidente, y es que la magnitud de la tragedia es dolorosa y real.
Más de 30 mil hectáreas quemadas, más de 3.800 viviendas destruidas y más de 20 mil personas damnificadas en comunas como Concepción, Penco y Tomé configuran una emergencia que está lejos de cerrarse con el control del fuego.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que en la Región se aplicaron 4.052 Fichas 2, que están destinadas a una evaluación técnica en terreno y que son aplicadas por profesionales del Serviu o la Seremi de Vivienda tras incendios o catástrofes, para diagnosticar el daño estructural de las viviendas. Su objetivo es categorizar los daños, ya sea leve, moderado, mayor, no reparable, para definir los subsidios de reconstrucción o reparación definitiva. Los datos del Minvu 97,4% de las viviendas afectadas por los incendios forestales, es decir 3.952 casos están en condición no reparables. Es decir, prácticamente la totalidad de las familias evaluadas deberá iniciar un proceso completo de reconstrucción, por lo que no se trata de reparar techumbres ni muros, se trata de comenzar desde cero. En este sentido, esta semana la entrega de los primeros doce subsidios de construcción en sitio propio indican que el (DS49) en el sector Punta de Parra, en Tomé, constituye una señal concreta. Con una transferencia de $840 millones para viviendas industrializadas, el Gobierno busca acelerar los plazos: se estima que una de estas casas podría instalarse en tres semanas. Es una buena noticia, pero también un recordatorio de la escala del desafío, ya que doce soluciones frente a más de 3.800 viviendas destruidas son apenas el inicio de un camino largo y complejo. A ello se suma la revisión casi finalizada de la Ficha Básica de Emergencia, con 52 casos aún pendientes de chequeo. El Ministerio ha anunciado un llamado especial para subsidios de reconstrucción, buscando una llegada masiva a quienes cumplan los requisitos. Sin embargo, los sectores de mayor complejidad, como Ríos de Chile en Lirquén, GeoChile, Villa Miramar y Vipla, revelan que la reconstrucción no es homogénea. En Ríos de Chile, la demolición de 54 blocks, prevista para comenzar en marzo, exige decretos municipales, trámites administrativos y definiciones sobre contratación. Cada paso, aunque necesario, añade semanas a la espera de familias que hoy viven en soluciones transitorias, carpas o albergues. Marzo, precisamente, asoma como una presión adicional. El inicio del año escolar, la reanudación plena de actividades laborales y el retorno a la rutina familiar cotidiana tensionan aún más a quienes lo perdieron todo.
Para las familias damnificadas el desafío no es solo reconstruir su casa, sino que es también asegurar matrículas, útiles, uniformes, transporte, además de la estabilidad emocional para niños y adolescentes que volverán a clases sin hogar definitivo. Es reorganizar jornadas laborales desde viviendas de emergencia, muchas veces con servicios básicos en proceso de reconexión o convivir con escombros y maquinarias mientras se intenta retomar la vida diaria. En ese contexto, la decisión de extender por 30 días el estado de excepción constitucional de catástrofe en Concepción, Penco y Tomé resulta coherente con la magnitud del daño.
La medida permite agilizar procesos administrativos, reforzar la logística y mantener un despliegue de seguridad clave en barrios donde aún hay viviendas destruidas, alumbrado público deficitario y familias que pernoctan en sus propios terrenos para resguardar lo poco que quedó.
En Penco y Tomé, la presencia de Fuerzas Armadas y puntos de control, sumados a toques de queda acotados en sectores como Punta de Parra y Lirquén, no solo cumple una función de orden público, sino que entrega una señal de protección a vecinos que temen robos o actos vandálicos en zonas vulnerables.
La seguridad, en este escenario, es también una condición para la reconstrucción, ya que sin certezas mínimas, la instalación de viviendas de emergencia, el traslado de materiales y la demolición de estructuras peligrosas se vuelven tareas aún más difíciles. Existe, además, un riesgo silencioso, que es que el calendario termine desplazando la urgencia social.
Con el inicio de clases, la agenda pública se volcará a educación, transporte y economía, las prioridades cambiarán para el resto de la comunidad, pero para más de 20 mil personas damnificadas en el Biobío, la emergencia no termina con el verano ni con el control de los incendios. La reconstrucción será extensa y exige, como ha quedado en evidencia, coordinación, recursos y voluntad política sostenida de partes de las autoridades a cargo. Mantener a estas familias en el centro de las decisiones, incluso cuando marzo imponga nuevas urgencias, es una obligación ética y política. Marzo, precisamente, asoma como una presión adicional. El inicio del año escolar, la reanudación plena de actividades laborales y el retorno a la rutina familiar cotidiana tensionan aún más a quienes lo perdieron todo.. Editorial Marzo, precisamente, asoma como una presión adicional. El inicio del año escolar, la reanudación plena de actividades laborales y el retorno a la rutina familiar cotidiana tensionan aún más a quienes lo perdieron todo.