Ley Rep: Demoras en permisos, poca fiscalización y metas ambiciosas ponen en duda su cumplimiento al 2034
Ley Rep: Demoras en permisos, poca fiscalización y metas ambiciosas ponen en duda su cumplimiento al 2034 La entrada en vigencia en septiembre de 2023 de las metas de recolección y valorización de envases y embalajes que exige la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) ha encendido una serie de alertas entre las empresas que deben cumplirlas.
En el sector expresan inquietud en torno a la capacidad de cumplimiento contemplada en la normativa, que en un plazo de 12 años, es decir, al 2034, apunta a cubrir el 80% de las viviendas del país en materia de recolección de estos residuos.
Si bien la ley está diseñada para ir aumentando de manera gradual las metas de recolección y valorización de los residuos, especialistas y actores del rubro afirman que están en una carrera contra el tiempo, debido a que existen una serie de retos por sortear.
Javier Fuentes, gerente general de ReSimple --uno de los principales sistemas de gestión en el mercado (constituido por unas 1.050 empresas socias, donde figuran grandes embotelladores y otros), junto a Giro y PropREP--, aseguró que actualmente se enfrentan con diversos problemas de índole administrativo, legal, de participación ciudadana y del propio mercado.
Permisos e informalidad Desde que comenzaron a operar, a la fecha, Fuentes aseguró que se han encontrado con trabas en permisos y una alta informalidad. "Las empresas que recolectan, puntos limpios, deben tener todos los permisos (como el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes) para operar (... ) pero nos dimos cuenta de que no todos tenían las autorizaciones necesarias para poder adherirse a nosotros, o convenir con nosotros", dijo. "Existe una gran informalidad, que ha sido un proceso que se ha ido ajustando en el tiempo, y que está hoy algo mejor que al principio, pero claramente fueron dificultades que siguen presentes". Otra dificultad tiene relación con que aún no se dicta el reglamento vinculado con la existencia de "un procedimiento simplificado para autorizaciones sanitarias", lo que influye particularmente en la adherencia de los puntos limpios, señaló Fuentes.
Municipios sin obligaciones Desde ReSimple también plantearon que la normativa no obliga a las municipalidades del país a ser parte de un sistema de gestión, pese a que juegan un rol clave en materia de recolección y que pueden fomentar la participación ciudadana. A junio de este año, la firma posee convenios con 110 municipios.
En esta línea, aseguró que se han acercado sin éxito a Las Condes, que tiene su propio sistema de gestión en la comuna, y a Valparaíso, que se ha restado para no generar conflicto con los recolectores de base.
Estas figuran entre las comunas "emblemáticas" que serían "atractivas por los kilos de residuos que sus ciudadanos generan para la recolección", explicó Fuentes. "En materia de participación ciudadana, nosotros tenemos comunas que tienen una alta participación y unas que tienen, por ahora, una muy baja participación. Eso depende mucho también del involucramiento de los municipios", agregó.
A su vez, Javier Fuentes señaló que han planteado a las autoridades la posibilidad de revisar los plazos para el cumplimiento de las metas, debido a que --a su juicio-son bastante "ambiciosas" para efectuarlas en un período de 12 años, y actualmente sería difícil cumplirlas ante la serie de desafíos que enfrentan.
Lo anterior, tomando en cuenta que en la experiencia internacional, en Europa se lograron en 20 años o más". "Se puede revisar la gradualidad, o también sería bueno que se incorpore lo que efectivamente hoy en día se está reciclando (fuera de los sistemas colectivos)", señaló. "En el fondo, que se puedan integrar todos estos kilos que hoy en día se valorizan por iniciativas privadas (como Coaniquem con Cristalerías de Chile), y en algunos edificios, donde se recicla pero no necesariamente queda reflejado en el sistema de gestión como meta", sostuvo.
Riesgo de multas Por su parte, Paulina Farías, socia de NexLegal y experta en asesorías a empresas en materia ambiental, señaló que e x i s t e u n g r a n universo de empresas que aún no se inscriben o crean su propio sistema de gestión, por lo que arriesgan elevadas multas de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA). Explicó que esta situación se debe a que en el mercado existe "desconocimiento" sobre las implicancias de la ley, así como también no hay claridad sobre la fiscalización que deben realizar las autoridades en la materia, por lo que muchas empresas de distinto tamaño están a la espera de mayores definiciones al respecto. "La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no ha mostrado mucha fuerza fiscalizadora hasta ahora, las empresas no han tenido señales adecuadas de que van a ser sancionadas eventualmente", dijo.
Al respecto, desde SMA señalaron que están encargados de "fiscalizar el cumplimiento de esta normativa y sancionar, en caso de proceder, sus incumplimientos". Afirmaron que "teniendo en cuenta que el plazo para informar el cumplimiento de metas de recolección y valorización venció el 31 de mayo de este año, actualmente la SMA se encuentra analizando la información presentada por los Sistemas de Gestión y Consumidores Industriales (... ) En virtud de dicho análisis, la superintendencia podrá iniciar un procedimiento sancionatorio a quienes no cumplan con las obligaciones establecidas por la ley y los decretos de metas". Ante la dudas de la gradualidad para el cumplimiento de las metas, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) afirmó que la ley "fue aprobada por el Congreso en 2016, el primer decreto fue publicado en 2021 y las primeras metas entraron en vigencia en 2023. "Es decir, ha existido tiempo para adecuarse a esta ley y cuenta con una gradualidad más que razonable (... ) No podemos olvidar que implementar la REP generará beneficios ambientales, sociales y económicos para el país, por lo que su éxito requiere del esfuerzo y colaboración de todos los actores involucrados", agregó. También precisó que "en relación a los envases y embalajes, solo existen resultados para los últimos tres meses de 2023, por lo que aún es muy temprano para hacer evaluaciones categóricas.
Hay que tener en cuenta que la regulación contempla revisiones periódicas de los decretos, considerando, eso sí, el principio de no regresión en materias ambientales". En tanto, desde la SMA acotaron que la "misma normativa es la que indica la posibilidad de que las metas de recolección y valorización puedan ser revisadas cada cinco años". Ley Rep: Demoras en permisos, poca fiscalización y metas ambiciosas ponen en duda su cumplimiento al 2034 N. BIRCHMEIER Y C.
SOTTOVIA EN RESIMPLE PIDEN MAYOR GRADUALIDAD Y REVISIÓN DE PLAZOS ANTE LOS DESAFÍOS DEL MERCADO Desde el Ministerio de Medio Ambiente afirman que la norma "cuenta con una gradualidad más que razonable". El regulador ambiental (SMA) afirma que las metas se pueden revisar cada cinco años. La ley contempla que en doce años exista una cobertura del 80% de las viviendas totales del país con recolección desde los hogares. Otra de las trabas apunta a que los sistemas de gestión deben ser autorizados en materia de libre competencia para aprobar las bases de licitación de servicios de transporte de residuos, entre otros. Esto, cada vez que quieran contratar alguno de ellos. MACARENA PÉREZ EN EL MERCADO AFIRMAN QUE EXISTEN VARIAS EMPRESAS QUE NO SE HAN ADHERIDO A LOS SISTEMAS COLECTIVOS, POR LO QUE ARRIESGAN MULTAS DE HASTA 10 MIL UTA..