Editorial: Talma: causa penal y sumario interno
Editorial: Talma: causa penal y sumario interno L a investigación penal por la muerte de Benjamín Talma sumó un nuevo capítulo esta semana en el Juzgado de Garantía, tras la formalización de un médico y una enfermera. Ambos profesionales enfrentan cargos por su presunta participación en los hechos que derivaron en el fallecimiento del menor puertomontino, originados por una negligencia en el Hospital de Puerto Montt.
Es necesario recordar que estos eventos ocurrieron a fines del año 2022, por lo que resulta preocupante que la indagatoria judicial recién ahora comience a mostrar avances procesales concretos con la imputación de, hasta la fecha, cuatro personas vinculadas al proceso de atención médica de urgencia en este recinto. En su momento, el deceso de Benjamín generó una profunda conmoción que trascendió las fronteras de la región. La gravedad de la situación motivó, incluso, la visita a la zona de la entonces ministra de Salud.
Durante aquel recorrido por las instalaciones del hospital, las autoridades del nivel central anunciaron de inmediato una serie de medidas destinadas a generar una mejora sustancial en los protocolos de atención de la Unidad de Urgencia.
El objetivo declarado era optimizar el sistema de categorización de los pacientes para evitar que tiempos de espera injustificados terminaran costando vidas, tal como ocurrió en este caso, donde la omisión inicial de una alerta de gravedad extrema resultó fatal para el paciente. Con todo lo doloroso e irreversible que ha sido esta historia para la familia del menor, quizás el aspecto institucional más cuestionable ha sido la tramitación administrativa del recinto hospitalario. La excesiva demora en la entrega de los resultados del sumario administrativo interno, instruido por la dirección del hospital para determinar las responsabilidades de sus funcionarios, resulta inaceptable.
A más de tres años de ocurridos los hechos, la escueta respuesta oficial de que el expediente se encuentra radicado en la Contraloría General de la República no atenúa en absoluto la percepción de negligencia burocrática.
Esta inercia no sólo frena la investigación penal, sino que prolonga el daño hacia una familia que exige transparencia.. Mientras la indagatoria de la Fiscalía ya tiene cuatro personas formalizadas, aún no hay luces de la investigación en el hospital. E Editorial