“Permisología” regional: Casi el 80% de los trámites superan los plazos legales en La Araucanía y Valparaíso
“Permisología” regional: Casi el 80% de los trámites superan los plazos legales en La Araucanía y Valparaíso JOAQUÍN AGUILERA R.
EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE PROYECTOS INGRESADOS AL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTALEstamos llenos, por un lado, de papeleos y funcionarios antiempresas”. trámites que son innecesarios, por otro lado, deValparaíso presenta tasas de inversión que son participación en el PIB nacional”. la mitad de las que se requerirían de acuerdo con suEn muchos casos la opinión del nivel central (), y se vuelve a fojas cero”. difiere respecto de la región frente a un mismo tema.......................................................................................................................................... ALFONSO SALINASPRESIDENTE ASIVA......................................................................................................................................... ÁLVARO MERINODIRECTOR EJECUTIVO NÚCLEO MINEROMayores costosCaso aparte es la Región de Antofagasta, que si bien también supera el promedio nacional con una tasa de retraso del 68,5%, destaca especialmente por el mayor monto de inversión comprometido, equivalente a US$ 18.084 millones en etapa de evaluación ambiental. Según los cálculos de la USS, el costo de lo que no se está generando en términos de actividad económica por el atraso de proyectos en la región asciende a US$ 1.639 millones.
“Gobernar es priorizar”, señala Cristóbal de la Maza, exsuperintendente de Medio Ambiente e investigador de este informe, sobre el caso de esta región: “El costo del retraso de proyectos es mayor por la magnitud de las inversiones asociadas, requieren una dirección más efectiva.
El caso de la Central de Bombeo Paposo mostróbrechas de coordinación”. Una visión similar plantea Álvaro Merino, director ejecutivo de Núcleo Minero, quien describe entre los principales nudos burocráticos del sector, por una parte, los largos períodos que contempla un proyecto minero, “a lo que se agrega falta de certeza, pues en muchos casos la opinión del nivel central difiere respecto de la región frente a un mismo tema. Se debe considerar que un proyecto avanza en el proceso y se vuelve a fojas cero, pues la autoridad considera que su estudio ambiental carece de información esencial”, ejemplifica.
Sostiene que el desarrollo minero es una de las claves para mayor crecimiento económico, y sugiere que “otros países mineros como Canadá y Australia han disminuido el tiempo de tramitación de permisos y son sustancialmente menores a los del país... Chile debe transitar por esa senda”. describe que en la zona se han visto casos emblemáticos, como demoras de tres años para obtener derechos de agua, una planta incineradora de desechos a la cual se exigió una consulta a una comunidad distante a cinco kilómetros o un proyecto agrícola que no contaba con baños para la inspección anual del Ministerio de Obras Públicas.
A modo de resumen, cree que la gran diferencia respecto de décadas ante-riores es el enfoque: “Estamos llenos, por un lado, de papeleos y trámites que son innecesarios, por otro lado, de funcionarios antiempresas que definitivamente rechazan proyectos, y con plazos excesivos”. Por su lado, el presidente de la Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso (Asiva), Alfonso Salinas, cree que no hay una priorización territorial acorde a la relevancia de la zona. “Valparaíso presenta tasas de inversión que son la mitad de las que se requerirían de acuerdo con su participación en el PIB nacional, y sin inversión no hay desarrollo. Las inversiones deben considerar las variables sociales y ambientales pero, más allá del actuar de un determinado funcionario o departamento regional, el actual SEIA no funciona bien y ese es un problema sistémico”, opina.
La excesiva burocracia en el proceso para obtener los permisos que requiere el desarrollo de un proyecto de inversión se ha instalado como uno de los mayores obstáculos para la planificación del sector privado, pero hay territorios más aproblemados por la “permisología” que el promedio nacional.
De la revisión de los datos disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se observa que, hasta inicios de octubre, el 66,7% de los proyectos en evaluación presentaba un retraso en relación con los plazos legales.
En tres regiones esa proporción supera el 75% y en otras cae a 33,3%, pero en todas se excede lo establecido en la norma (ver infografía). En este “ranking”, las zonas que lideran con una mayor tasa de retraso entendida como la proporción de proyectos atrasados en relación con el total de iniciativas en evaluación son las regiones de La Araucanía (82,4% ), Valparaíso (78,6% ) y Magallanes (75%). Desde otro punto de vista, del promedio obtenido entre enero y septiembre, se observa también que el plazo para obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) fue de 412 días a nivel nacional: el menor tiempo lo registró la Región de Magallanes (212 días) y el más extenso La Araucanía (498 días). Según los datos recopilados por la Universidad San Sebastián, la información revela un fenómeno multicausal, pero generalizado.
Alejandro Weber, decano de la casa de estudios, sostiene que “existen regiones como Ñuble, donde es claro que existe una falta de dotación apropiada para evaluar el volumen de proyectos que se reciben (). En regiones como la Metropolitana existen proyectos más complejos, mayor participación de la sociedad civil y dificultades de coordinación entre servicios públicos”, detalla. Descriterio y mandos mediosDesde el punto de vista local, en las zonas más afectadas perciben que la diferencia de criterios es uno de los factores que inciden en una “permisología” por encima del promedio nacional. El presidente de la Multigremial Araucanía, Patricio Santibáñez,......................................................................................................................................... PATRICIO SANTIBÁÑEZ. El 66,7% de los proyectos en el SEIA a octubre exceden los plazos formales de tramitación. En las zonas más afectadas, gremios apuntan a discrecionalidad y un ánimo “antiempresarial” de autoridades. EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE PROYECTOS INGRESADOS AL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL