COLUMNAS DE OPINIÓN: La incómoda educación bajo Republicanos y Squella
COLUMNAS DE OPINIÓN: La incómoda educación bajo Republicanos y Squella 22/cc Andro Mimica Guenero serenii de Gobierno La La reciente destitución del superintendente de Educación Superior no puede leerse como un hecho aislado ni una casualidad administrativa. administrativa.
Ocurre en un momento particularmente sensible: a horas de conocerse que la Superintendencia avanzaba en una eventual sanción contra la Universidad San Sebastián por pagos y contrataciones cuestionadas, entre ellas las vinculadas al senador Arturo Squella. La secuencia es, por decir lo menos, inquietante. Un organismo fiscalizador detecta posibles irregularidades irregularidades que involucran a figuras políticas relevantes; al dia siguiente, su máxima autoridad es removida de manera inmediata.
Aunque el gobierno ha argumentado argumentado que se trata de una “evaluación de jefaturas”, lo cierto es que la coincidencia temporal abre una pregunta pregunta legítima: ¿ se está debilitando la autonomía de quienes deben fiscalizar al poder? Este episodio no ocurre en el vacío. Se suma a la salida de la superintendenta de Educación Escolar y de la directora de Junaeb. Tres instituciones distintas, un mismo denominador común: todas cumplen funciones clave en la protección de los derechos fundamentales de los estudiantes. No son cargos políticos cualquiera; son pilares del sistema de garantías en educación. La Superintendencia -tanto en el ámbito escolar como superiortiene el mandato de resguardar el cumplimiento de la ley, fiscalizar abusos y proteger a estudiantes frente a prácticas arbitrarias. Junaeb, por su parte, es el brazo del Estado que materializa derechos derechos básicos como la alimentación escolar, elemento central para la permanencia educativa en contextos de vulnerabilidad. Por eso, cuando estas instituciones se ven intervenidas intervenidas simultáneamente, el problema deja de ser administrativo y pasa a ser político. Más aún cuando ya se advierten posibles recortes en becas de alimentación alimentación escolar, lo que podría golpear directamente a miles de estudiantes que dependen de ese apoyo para sostener su trayectoria educativa.
Pero hay un elemento adicional que agrava el cuadro y que no puede ser ignorado: la relación del ministro Quiroz con el sistema educativo y los cuestionamientos cuestionamientos históricos en torno a prácticas de colusión en el sector. Aunque no se trate necesariamente de responsabilidades directas en los hechos recientes, su trayectoria y vínculos vuelven aún más exigente No se trata solo de nombres ni de cambios de gabinete. gabinete. Se trata de señales. Y las señales importan.
Porque cuando se remueve a quienes investigan, justo justo cuando investigan; cuando se debilitan organismos encargados de fiscalizar; y cuando, al mismo tiempo, se proyectan ajustes en políticas de apoyo social, lo que se instala es una percepción de retroceso en las garantías. Una sensación de que los derechos pueden quedar subordinados a intereses coyunturales. Algo parecido a lo que se llama justicia. Algunos han hablado derechamente de “señales “señales de impunidad” en el sistema educativo. Puede ser una afirmación dura, pero no antojadiza. La historia reciente de Chile ya ha demostrado que cuando la fiscalización fiscalización falla o se debilita, quienes pagan el costo son los estudiantes y sus familias. La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿ quién protege a los estudiantes cuando quienes deben protegerlos son removidos? En educación, la confianza confianza lo es todo. Y esa confianza no se construye solo con discursos, sino con instituciones fuertes, autónomas y capaces de actuar incluso cuando sus decisiones incomodan incomodan al poder político de turno. Debilitar esa arquitectura no es neutro.
Es, en los hechos, abrir una grieta en uno de los pocos consensos que Chile había logrado consolidar: que los derechos de los estudiantes no se negocian. 1 La incómoda educación bajo Republicanos y Squella 1 el estándar de transparencia y probidad que hoy se le demanda al Ejecutivo.
Porque en un sistema donde ya han existido denuncias denuncias de coordinación indebida, conflictos de interés o redes de influencia entre instituciones educativas y actores políticos, cualquier señal que apunte a debilitar debilitar la fiscalización no sólo genera dudas, sino que reabre heridas. La colusión, en cualquiera de sus formas, no es solo un problema económico; es una distorsión profunda del derecho a la educación, que termina perjudicando directamente a estudiantes y sus familias. En ese contexto, la salida de autoridades fiscalizadoras fiscalizadoras justo cuando ejercen su rol, combinada con figuras de gobierno que arrastran cuestionamientos o cercanías cercanías con el sector, configura un escenario delicado. No se trata de establecer culpabilidades automáticas, pero sí de reconocer que la confianza pública se construye sobre percepciones tanto como sobre hechos..