Autor: JUAN PABLO GUZMÁN

Analizar la “violencia institucional en el estallido”: el detalle de la cuestionada investigación con fondos del Estado
Analizar la “violencia institucional en el estallido”: el detalle de la cuestionada investigación con fondos del Estado Vocera de Gobierno enfatizó que estos proyectos “robustecen” las políticas públicasLa serigrafía “Desármelo y bótelo: peligroso juguete móvil para uso antipopular”, del artista chileno Guillermo Núñez, hecha en 1970, fue la imagen con la que el Laboratorio de Estudios de Violencia Institucional (LEVI) invitó a su “primera escuela de formación en prácticas de acompañamiento y elaboración de la violencia de Estado”, realizada a fines de enero en el Museo de la Memoria y los DD.HH. en Santiago, con financiamiento estatal.
La figura de lo que es presumiblemente un carabinero a punto de lanzar algo a la cual se le añadieron cifras de bombas lacrimógenas, perdigones y víctimas oculares durante el estallido, sin citar fuentes tiene que ver con el objetivo que su propia directora explica que tiene el proyecto: analizar los “tipos de sufrimientos asociados a la violencia institucional” en octubre de 2019 y proponer estrategias de reparación.
La actividad realizada se puso en el centro de la polémica luego que el Partido Republicano acusase al Gobierno de subsidiar un curso que “reivindica la insurrección”, dado que el proyecto cuenta con financiamiento del Fondecyt a cargo del Ministerio de Ciencia. Así lo dijo su candidato presidencial, José Antonio Kast, quien en su cuenta de X señaló, adjuntado el afiche: “¿ Inteligencia artificial? ¿ Automatización? No. Esta es la ciencia que financia este gobierno ideológico.
Millones de pesos botados a la basura en programas y proyectos que reivindican la insurrección financiados con plata de todos”. Ante las críticas, ayer la ministra de Ciencia y actual vocera (s) del Gobierno, Aisén Etcheverry, res-Afiche. Conla serigrafía “Desármelo y bótelo: peligroso juguete móvil para uso antipopular”, del artista chileno Guillermo Núñez, se invitó a participar. de libros y participación en instancias académicas en México, Colombia y Argentina. Además, se creó la primera escuela de formación en acompañamiento a víctimas de violencia institucional, dirigida a profesionales que desempeñan tareas en este ámbito”, afirma.
Pese a que ella es psicóloga clínica, dice que su trabajo es parte de una perspectiva interdisciplinaria que busca aportar “herramientas teóricas y prácticas para comprender y abordar el impacto psíquico y social de la violencia estatal” sobre lo cual ha investigado los últimos 12 años.
Respecto de la actividad realizada en el Museo de la Memoria, explica que constó de la enseñanza de cuatro dimensiones: Rescate que dice relación con los primeros auxilios a los afectados por la “violencia estatal”; el registro de las violaciones a los DD.HH. ; las estrategias para denunciar ante la justicia, y la aplicación de protocolos internacionales para “constatar el daño y repararlo”. Por otro lado, refuta lo dicho por la U. Mayor y dice que el proyecto sigue siendo parte del CEAS.
Sobre las críticas recibidas, asevera que “olvidar que en Chile hay víctimas de la violencia de Estado y cuestionar las investigaciones en torno a este tema es una muestra de la profunda desorientación en la que, de manera dramática, vive un sector de la sociedad chilena”. Asegura que otras universidades, entre las que menciona a la U. Católica, tienen también centros de estudios sobre estos temas.
“Más allá de cualquier posicionamiento ideológico, el financiamiento de estudios en esta área responde a un mandato ético y a compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, enfatiza. pondió que “quisiera aclarar que este es un proyecto Fondecyt regular que se adjudicó en 2023 a una universidad privada, a la U.
Mayor”. Y aseveró que “a través de proyectos como este se estudian desde las distintas disciplinas, en este caso desde las ciencias sociales, fenómenos sociales complejos que apuntan precisamente a poder fortalecer y robustecer procesos de toma de decisión y construcción de políticas públicas”. Investigadora: “Responde a un mandato ético”Pero ¿ en qué consiste el proyecto que está en el centro de la polémica? El documento de los Fondecyt aprobados en 2023 da cuenta de que esta es una investigación a cargo de Patricia Eliana Castillo Gallardo, que postuló a través del Centro de Eco-nomía y Políticas Sociales (CEAS) de la Universidad Mayor.
Contactada, desde la universidad confirmaron que la investigación contó con el patrocinio de la universidad hace tres años, pero aseguraron que ella “nunca estuvo afiliada a la institución”, sin dar más detalles de por qué apoyaron el proyecto originalmente.
La propia Castillo respondió a “El Mercurio” sobre el proyecto de investigación, y acotó que este busca “analizar los distintos tipos de sufrimientos asociados a la violencia institucional acontecida en Chile durante el proceso de movilizaciones que se inició el 18 de octubre del 2019 y construir un conjunto de estrategias de abordaje”. “Hasta la fecha, hemos publicado dos artículos científicos en revistas indexadas basados en el trabajo de campo. Así como varios capítulos. En el P. Republicano han acusado que estudio “reivindica la insurrección”. A “El Mercurio”, su directora explica que se pretende identificar y proponer medidas de reparación a afectados. Vocera de Gobierno enfatizó que estos proyectos “robustecen” las políticas públicas