Ciencia, participación, política y certidumbre
Ciencia, participación, política y certidumbre El El fallo del Primer Tribunal Ambiental que el pasado 9 de diciembre anuló el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero portuario Dominga y obligó a realizar una nueva votación casi un año después, puso otra vez en la mesa un problema de fondo que Chile hace rato busca resolver: la consolidación de una estructura institucional y regulatoria que permita avanzar con mayor certidumbre hacia un desarrollo sostenible, donde se concilie adecuadamente el perentorio resguardo resguardo del medio ambiente con las necesidades de desarrollo económico y social.
Más allá de las discusiones legales y de las opiniones en torno al caso mencionado, está claro que, a treinta años de la publicación de la Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente y a casi quince de la promulgación de la Ley 20.417 que estableció la actual institucionalidad, aún se deben hacer cambios cambios relevantes para asegurar que las iniciativas de inversión no pongan en riesgo nuestro patrimonio natural y, también, que sus procesos de evaluación se hagan en plazos racionales y dentro de un esquema que dé más certezas.
En el ejemplo de Dominga, justamente ocurre todo lo contrario: por una parte, resulta bien cuestionable la idea de implementar un puerto industrial en una zona cercana a una reserva marina reconocida como un ecosistema único a nivel mundial, como también lo es que la tramitación del proyecto lleve más de once años, con todos los recursos públicos y privados que ello involucra.
Para evitar ese tipo de problemas, es necesario, entre otras cosas, que las decisiones de desarrollo en nuestro país sean capaces de superar la trinchera política y se tomen pensando en el bien común y no en el bienestar de unos pocos.
Vale decir, se requiere una visión de Estado que permita aunar criterios en pos de dicho objetivo, tal como se logró por ejemplo hace una década con la definición de la Política Energética que permitió al país salir de la crisis del sector e impulsar de manera decidida las fuentes renovables.
Clave para avanzar en esa línea es dar un lugar mucho más preponderante a los argumentos científicos científicos y técnicos, así como a la participación ciudadana, dentro de las discusiones regulatorias y los procesos de diseño, evaluación y calificación de los proyectos. No solo por parte de las autoridades ambientales, sino también al interior de las empresas a la hora de definir sus iniciativas de inversión. Esos elementos ayudan a mejorar las propuestas, a adoptar decisiones menos ideologizadas y, muchas veces, a destrabar los conflictos entre cuidado del medio ambiente y crecimiento socioeconómico.
Aportes en ese sentido son algunos planteamientos incluidos en el proyecto de ley presentado por el Gobierno para reforzar la institucionalidad ambiental y el funcionamiento de los procesos de evaluación, como: la eliminación del Comité de Ministros y de las Comisiones de Evaluación Ambiental (aunque se debe analizar bien cuál es el órgano de reemplazo más idóneo) para minimizar la incidencia política en las resoluciones sobre los proyectos de inversión; la reducción de los requisitos para la participación ciudadana ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental; el establecimiento de un procedimiento voluntario de participación temprana para que los inversionistas mejoren el diseño de sus iniciativas antes de ingresarlas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la obligación de considerar los impactos acumulativos y sinérgicos en los proyectos; la creación de un recurso de reclamación único y simplificado, para solucionar eventuales conflictos; y el fomento al uso de la Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, planes e instrumentos públicos de desarrollo con miras a orientarlos hacia la sustentabilidad.
También contribuyen de manera importante otras iniciativas como el levantamiento de líneas de base públicas para las regiones de Antofagasta, Metropolitana y de Magallanes impulsadas por los ministerios del Medio Ambiente y Economía; la creciente publicación de guías técnicas en el marco del SElA para reducir reducir la discrecionalidad en las decisiones de las distintas autoridades; o los procesos de conciliación entre titulares de proyectos y comunidades que se ven afectadas por éstos, que están comenzando a promover algunos Tribunales Ambientales.
Estas y otras herramientas, basadas en la ciencia, la técnica y la mayor participación de la ciudadanía, abren el camino para dar la certidumbre que el país necesita no solo para atraer y concretar inversiones que impulsen el crecimiento económico y social, sino también para asegurar el bienestar de las personas y el medio ambiente..