Autor: Por Nicolás Arrau Álvarez nicolas.alvarez@diarioelsur.d

Las exigencias que presionan a los equipos locales de seguridad
Las exigencias que presionan a los equipos locales de seguridad as últimas semanas han estado marcadas por el debate en torno a la seguridad pública. Fue el propio Presidente José Antonio Kast quien, durante su campaña, comprometió una estrategia robusta para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.
Sin embargo, con el paso de los meses, el foco de las críticas se trasladó primero hacia la exministra Trinidad Steinert-cuya salida anticipada del Gobierno fue motivada por cuestionamientos a su gestióny ahora hacia Martín Arrau, la nueva cara de la seguridad pública, ante la falta de un plan claro y definido. De hecho, Arrau sostuvo que la estrategia impulsada en su momento por la administración de Gabriel Boric "es suficiente, amplia y será considerada", declaraciones que desataron críticas desde distintos sectores.
Posteriormente, eso sí, aclaró que el Ejecutivo trabaja en el ingreso de más de 20 proyectos de ley y urgencias legislativas en materia de seguridad, varias de las cuales serían anunciadas en la Cuenta Pública de este lunes. Mientras el debate y las definiciones siguen desarrollandose en las altas esferas del poder central, los municipios continúan, desde el territorio, impulsando sus propias directrices y reforzando sus estrategias locales. Todo, en un escenario donde las comunas han debido asumir cada vez más protagonismo y transformarse, en la práctica, en la primera línea frente a la crisis de seguridad.
MÁS FISCALIZACIONES Y GENTE EN SITUACIÓN DE CALLE En ese contexto, distintas comunas del Gran Concepción han debido priorizar problemáticas específicas y desplegar estrategias propias para enfrentar delitos, incivilidades y demandas vecinales, lo que las lleva, incluso, a pedir la elaboración de un plan de carácter regional.
En Concepción, por ejemplo, señalan que las prioridades en materia de seguridad se concentran en tres ejes: incivilidades, trabajo con las comunidades y conductas delictuales, este último muy de la mano a delitos que han mostrado alzas, como el robo con intimidación y el robo con violencia.
Si bien el municipio cuenta con competencias limitadas para enfrentar directamente este tipo de hechos, el alcalde Héctor Muñoz asegura que se ha desarrollado un trabajo coordinado con Carabineros, enfocado principalmente en labores preventivas y de apoyo a los procedimientos policiales.
A L ello se suma un fortalecimien to de la coordinación con juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, con el objetivo de recopilar antecedentes y detectar focos de preocupación en los barrios. "Los requerimientos más recurrentes corresponden a solicitudes de fiscalización.
Hoy existe una alta demanda por parte de los vecinos para desarrollar controles vinculados al comercio ilegal, consumo de drogas y alcohol en la vía pública, además de denuncias por personas sospechosas que circulan durante la noche, entre otras situaciones", señala.
Desde Talcahuano, en tanto, advierten que uno de los desafíos más importantes pasa por contar con mayores recursos humanos, logísticos y tecnoló gicos que permitan fortalecer la implementación de nuevas estrategias preventivas y responder de mejor manera a la creciente demanda ciudadana.
Añaden que una parte importante del trabajo de la Dirección de Seguridad Pública se enfoca en el retiro de "rucos", asentamientos irregulares y viviendas ligeras y transitorias emplazadas en distintos puntos de la comuna. "Esta problemática se mantiene de manera permanente debido a la falta de soluciones definitivas para personas en situación de calle, lo que provoca que, pese a los desalojos y operativos realizados, muchas veces vuelvan a ocupar los mismos espacios públicos. Esta situación genera percepción de inseguridad en la comunidad, acumulación de residuos, incivilidades y, en algunos casos, focos asociados al consumo de alcohol y drogas", plantea el director Patricio Fierro.
Añade que otros focos relevantes apuntan a la fiscalización del comercio irregular o sin permiso municipal, además de la alta demanda de requerimientos ciudadanos vinculados a incivilidades, vehículos mal estacionados, consumo de alcohol en la vía pública y recuperación de espacios públicos. Otros municipios ubicados al sur del río Biobío, que también cuentan con direcciones de Seguridad Pública, exponen sus propias realidades y desafíos.
En San Pedro de la Paz, por ejemplo, uno de los principales focos está puesto en la violencia intrafamiliar -delito que, según cifras de Carabineros, registra 1.098 casos a la fecha, un 8,1% más que en igual período del año pasado-, además del consumo de alcohol y las lesiones en la vía pública.
Frente a ello, el municipio ha impulsado iniciativas orientadas a la prevención, mediante campañas y la formación de nuevos monitores comunitarios. "San Pedro de la Paz es una de las pocas comunas que ha aumentado la denuncia de la violencia intrafamiliar, un flagelo que nos afecta bastante.
Como nos dimos cuenta que ese es el punto inicial, hemos desarrollado talleres y hemos enseñado a madres y padres de familia cómo sobrellevar situaciones especiales que vulneran la tranquilidad de un hogar", dice el director de Seguridad Pública, Rodrigo Medina. Desde el municipio también reconocen que persiste un problema asociado a la disponibilidad de recursos económicos, especialmente al comparar su realidad con comunas de mayores ingresos. En ese sentido, advierten que San Pedro de la Paz no puede equipararse a comunas como Lo Barnechea o Las Condes, que cuentan con estructuras mucho más robustas en materia de seguridad ciudadana.
Cabe señalar que el Gobierno anunció recientemente los resultados del proceso participativo destinado a reformular y fortalecer el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, iniciativa que busca consolidar el rol preventivo de los municipios y establecer protocolos de actuación y protección para inspectores de seguridad.
Sin embargo, el escenario también ha estado marcado por cuestionamientos, especialmente tras las irregularidades detectadas por la Contraloría en sistemas de televigilancia de municipios de las regiones Metropolitana y Biobío, entre ellos Concepción, Talcahuano y Coronel. En esta última comuna abordan las observaciones realizadas por Contraloría y aseguran que el informe fue tomado como una oportunidad de mejora.
Desde el municipio sostienen que las conclusiones permitieron evidenciar la necesidad de fortalecer el recurso humano de la Dirección de Seguridad Pública, especialmente en áreas vinculadas al análisis y operación de la Central de Cámaras de Televigilancia. "Eso nos permitió evidenciar la necesidad de fortalecer el recurso humano de la Dirección de Seguridad Pública, sobre todo en materia de análisis y operación de la Central de Cámaras de Televigilancia", advierte el alcalde Boris Chamorro, al mismo tiempo que asegura que ese déficit ya fue subsanado y que actualmente se desarrolla un traslado a nuevas dependencias, con la idea de mejorar las condiciones operativas de las más de 150 cámaras existentes en la comuna. "Pero también hay que robustecer con presupuesto la Ley de Seguridad Municipal para mejorar estas acciones que hacen los municipios con recursos propios, así como generar un sistema para disminuir los tiempos de respuesta en reparación de cámaras", enfatiza.
En la comuna, además, identifican como principales focos de preocupación los delitos asociados a robo en lugar no habitado, robo en lugar habitado y robo con fuerza, los cuales -afirman-presentan un incremento en relación a 2025.
Frente a ello, el municipio cuenta desde fines de ese año con un Plan de Seguridad Pública que establece cuatro líneas de acción, entre ellas la violencia escolar. "Es relevante potenciar el trabajo preventivo y tener un plan de seguridad pública de la Región del Biobio, algo que no existe, y tener una mayor presencia institucional", solicita Chamorro. TECNOLOGÍA Y RECURSO HUMANO En comunas más alejadas del área metropolitana, como Lebu, plantean que, según datos de Carabineros, los principales problemas que enfrentan tienen que ver con robos en distintas modalidades.
Actualmente, se registran 41 denuncias, correspondientes a 10 robos con violencia y 31 robos con fuerza. "Aunque estas cifras muestran una disminución del 17% respecto al período anterior, este tipo de delitos sigue generando una alta sensación de inseguridad y preocupación", dice la alcaldesa Marcela Tiznado, y suma que otro tema es el consumo de alcohol en la vía pública. Durante el primer trimestre se registraron 120 denuncias, según información de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
En Lebu precisan aumentar el financiamiento y la inversión en áreas prioritarias como tecnología y movilidad para la vigilancia, y fortalecer el recurso humano y operativo, tanto para mejorar la capacidad de respuesta e incrementar el número de inspectores municipales. Las urgencias municipales se plantean en medio del desarrollo de la Ley de Seguridad Municipal. El gobierno busca fortalecer el reglamento de la normativa. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ROBOS Y UN PLAN REGIONAL Autor: Por Nicolás Arrau Álvarez nicolas.alvarez@diarioelsur.d. En un contexto de bajos recursos y deficiencias, las administraciones identifican y detallan sus actuales ejes de acción. Se pide una estrategia de carácter regional, "algo que no existe", según dicen. Municipios refuerzan medidas mientras sigue el debate por un plan nacional de seguridad Las urgencias municipales se plantean en medio del desarrollo de la Ley de Seguridad Municipal. El gobierno busca fortalecer el reglamento de la normativa. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ROBOS Y UN PLAN REGIONAL El municipio de Lebu espera mejorar su capacidad de respuesta y el número de funcionarios. En Coronel llaman a robustecer con recursos la nueva Ley de Seguridad Municipal.