Autor: VÍCTOR FUENTES BESOAÍN

Comisión propone US$ 4 mil millones para tierras, reparar a víctimas y otras 19 medidas
Comisión propone US$ 4 mil millones para tierras, reparar a víctimas y otras 19 medidas Dentro de las 21 recomendaciones que ayer entregó la Comisión de Paz y Entendimiento al Presidente Gabriel Boric, la que encabeza la nómina es el “reconocimiento constitucional de los pueblos originarios”. En este punto, propone reformar la Constitución “para que el Estado reconozca a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, en el marco de la unidad del Estado, garantizando sus derechos individuales y colectivos conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. De igual manera, recomienda también que se reconozca la interculturalidad como un principio de la diversidad cultural del país, “promoviendo un diálogo que permita el relacionamiento en un plano de igualdad y respeto recíproco”. Asimismo, la instancia recomienda establecer en la Constitución que son pueblos indígenas preexistentes los mapuches, aymaras, rapanuís, atacameños, quechuas, collas, diaguitas, changos, kawésqar, yaganes y selknam.
La segunda propuesta es “reconocimiento a las formas propias de organización mapuche”. Aquí, la comisión estima que la regulación de las “comunidades indígenas”, reconocidas en la Ley N 19.253 (Ley Indígena), “desconoce las formas propias de organización de los pueblos indígenas”. Agrega que “esto ha dificultado el diálogo entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, limitando su participación en la vida social, política y económica”. De igual manera, se propone ampliar el concepto de comunidad indígena establecido en la Ley N 19.253, para permitirles que adopten formas de organización interna que reconozcan sus autoridades y formas de organización propias; asociarse con otras comunidades para cumplir, entre otros, fines de representación territorial, y desarrollar fines comerciales y económicos, u otros, cautelando siempre el principio de inalienabilidad de la tierra indígena. La “revitalización cultural y lingüística” es la tercera propuesta.
Para ello, plantea “adoptar medidas transversales en el Estado que provengan de procesos participativos, orientadas al reconocimiento, revitalización, preservación y difusión de la lengua, cultura y cosmovisión mapuche para toda la sociedad, mapuche y no mapuche”, así como a la revalorización de la historia y la memoria colectiva.
En ese aspecto, sugiere “impulsar planes y políticas de revitalización de la lengua mapuche, fortaleciendo iniciativas locales y comunitarias mediante convenios con universidades e instituciones públicas y privadas”. También sugiere impulsar políticas para el conocimiento de la cultura, valores e historia del pueblo mapuche, “promoviendo espacios de encuentro y diálogo, en un marco de respeto por la diversidad cultural de las cuatro regiones”. Aquí propone crear un Instituto para el fortalecimiento de la lengua, historia y cultura mapuche.
La “representación política” es la cuarta propuesta, luego de reconocer “la necesidad de participación de los pueblos indígenas a nivel nacional”. La comisión propone retomar la tramitación del proyecto de ley y aprobar la creación del Consejo de Pueblos. Además, la ley determinará la forma de participación de los pueblos indígenas en los órganos políticos del Estado que toman decisiones obligatorias. La creación de un “nuevo órgano de alta jerarquía y coordinador de la política indígena” es la quinta propuesta.
“Este órgano deberá supervisar y realizar seguimiento a aquellos servicios e instituciones que ejecuten políticas vinculadas a los pueblos indígenas, e impulsar el diálogo político entre estos y el Estado”. En tanto, el sexto punto de la propuesta es la “consulta indígena y participación”. Se propone mejorar la efectividad de este instrumento, “fortaleciendo la institucionalidad estatal responsable de estas materias, entregando a la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes (UCAIA) facultades de coordinación, supervisión y asistencia técnica de los procesos de consulta locales, y la ejecución de los procesos de consulta nacionales”. A su vez, las propuestas 7,8 y 9 están referidas, respectivamente, a una “ley de reparación de víctimas”, a un “órgano de reparación” y a “mecanismos de reparación”. En estos puntos se establece que “en el contexto de los graves hechos de violencia rural o actos de carácter terrorista observados en las cuatro regiones, que han causado la pérdida de vidas humanas, de bienes materiales y la afectación en la vida de la población de distintos territorios (del país) a partir de 1997, la comisión recomienda la dictación de una ley de reparación integral para todas las víctimas de este conflicto, tanto mapuche como no mapuche, reafirmando el deber del Estado en el mantenimiento de la seguridad de la población”. Esta ley, señala, “deberá ser impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, establecerá un sistema Integral de verdad, Justicia, reparación y no repetición para las víctimas”. La décima propuesta de la comisión y una de las que generó mayor debate entre sus integrantes, son las “Bases del acuerdo de tierras”, cuyo costo económico estimado es de US$ 4 mil millones. Este punto se entrampó ya que algunos de los comisionados pensaban que era inconveniente revelar el monto destinado a compras, dado que podía generar un aumento de precios de los terrenos.
En este ítem se considera establecer un nuevo sistema de tierras con una Agencia de Reparación, un Sistema de Financiamiento para solventar el nuevo sistema de reparación, y un Tribunal Arbitral para resolver solicitudes fundadas de demandas de tierras sin títulos. A su vez, la propuesta undécima plantea la “transición desde la Conadi al Sistema de Reparación”, lo que incluye fortalecer sus capacidades, lo que incluirá la digitalización y accesibilidad de sus registros.
La propuesta 12 establece que “la Agencia de Reparación dependerá del nuevo órgano a cargo de la política indígena” y reparará a cuatro tipos de reclamantes: comunidades que ya tengan aplicabilidad (cumplen con los requisitos) o hayan presentado su solicitud; las comunidades constituidas a la fecha de entrega de estas recomendaciones que presenten una solicitud de aplicabilidad entre la fecha de estas recomendaciones y la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema; las comunidades no constituidas a la fecha de entrega de las recomendaciones, que se constituyan hasta antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema, y las constituidas a la fecha de entrega de estas recomendaciones que estuvieran excluidas del actual sistema por carecer de un título histórico. Hogares, entre otras factores de análisis.
Así, la propuesta 17 se refiere a la competencia del Tribunal Arbitral; la 18, al desarrollo territorial y económico de las Las siguientes medidas buscan modificar los contratos de tierras indígenas; y cambiar la relación entre las comunidades y la industria forestal, para que contribuyan “a una convivencia territorial más armónica, al cumplimiento de los objetivos de estas recomendaciones y al desarrollo económico de las comunidades mapuche”, plantea el informe.
La propuesta 15 establece que si bien en las formas de reparación “se debe priorizar la entrega de tierras”, las comunidades o familias indígenas reclamantes “podrán optar por otras modalidades de reparación”. La propuesta 16 fija los criterios para la reparación de tierras, lo que considera en las prioridades a las comunidades más antiguas según fecha del ingreso de la solicitud de aplicabilidad y la composición del grupo familiar, con una focalización a partir del Registro Social de regiones, considerando los altos índices de pobreza, desigualdad y brecha de desarrollo que reflejan las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, involucradas en este plan. Las propuestas 19 y 20, en tanto, aluden a un programa de acompañamiento de los nuevos propietarios para su desarrollo económico y a su acceso a mecanismos de financiamiento para desarrollar sus proyectos productivos.
Por último, la propuesta 21 sugiere la “creación de una oficina responsable” de impulsar, coordinar y supervisar la implementación de las medidas recomendadas por la Comisión de Paz y Entendimiento. inicio de este proceso”, y llamó a “ser pragmáticos, porque gran parte de las propuestas van a ser materia de ley y el Congreso deberá dialogar, acordar, y si no hay voluntad política, no habrá frutos”. Rosemarie Junge, rectora de la U. Santo Tomás de Temuco. Patricio Santibáñez, Multigremial de La Araucanía. Jorge Concha Cayuqueo, obispo de Temuco.
E L I H C N O T A / N Ú Z R A Y O N A H T A N O J S E T N E U F R O T C Í V S E T N E U F R O T C Í V Coincidencia respecto de que, como toda propuesta, las medidas elaboradas por la Comisión de Paz y Entendimiento serán objeto de discusión y mejoramiento, expresaron actores sociales que estuvieron presentes en la ceremonia en el Salón Montt Varas, en el Palacio de la Moneda.
Así, el coordinador del movimiento Mapuches por la Paz y presidente de los profesionales mapuches, Hugo Alcaman, expresó que “esperamos que, en su cuenta al país (1 de junio), el Presidente haga una presentación lo más completa posible y nos haga conocer su opinión”. Aseguró que “es grande la esperanza que tenemos los que aspiramos a la paz y sabemos que, como toda obra humana, el informe no es perfecto, pero abre una puerta”. El exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Domingo Namuncura, afirmó que va a ser inevitable que el tema sea parte del debate electoral durante este año, “y ello puede retrasar su partida”, y opina que para que se cumpla la implementación de las propuestas “va a ser necesaria una ley especial que fije la obligatoriedad del Estado y de todas sus instituciones para su ejecución”. Rosemarie Junge, rectora de la U.
Santo Tomás de Temuco, hace notar que entre 2016 y 2017 participó en la denominada “Comisión Vargas”, en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, la que no pudo implementarse, dado que se acercaba el fin de su mandato.
“Esta vez es distinto, porque hay medidas concretas y deben comenzarse a implementarse desde ya, como es el caso de una consulta indígena”. Para Carlos Llancaqueo, de la Fundación Intercultural Aitué, “el mundo político debe cumplir la palabra empeñada al A juicio del obispo de Temuco, Jorge Concha, “hay que mantener el diálogo y la razón para poner en práctica las ideas planteadas, y Chile es capaz de hacerlo, por la calidad de sus hombres y mujeres”. En esa dirección, recordó que el fallecido Papa Francisco sostuvo en Temuco que “una forma de violencia es que los acuerdos no se cumplan, así es que no puede pasar eso, luego del importante paso que se ha dado”. El prelado recalcó que “nuestro país tiene que retomar el camino del diálogo, del entendimiento y la razón, porque la violencia no es una alternativa”. El presidente emérito del Consejo de Pastores de La Araucanía, Matías Sanhueza, expresó que “queremos socializar esta propuesta, porque siempre hemos creído en la paz y el diálogo, y esperamos que sea una solución permanente, al margen de las discusiones electorales”. El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, sostuvo que “esperamos que el contenido que se entregue sea un cambio respecto de lo que se ha hecho en los últimos 25 años y no más de lo mismo”, y agregó que “estamos esperanzados en ello; hay que analizar en profundidad las propuestas, y sin duda esto va a ser complejo”. Enfatizó que “esto es una propuesta que seguramente no va a entregar el cien por ciento de la solución, pero es una gran oportunidad de poner los temas sobre la mesa y corregir todo lo que se ha hecho mal”. A su vez, el presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, Alejo Apraiz, sin dar ni restar apoyo a la propuesta, valoró que incluya la reparación a los afectados por los “actos terroristas”. También plantea el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la creación del Consejo de Pueblos. Texto con las 21 iniciativas es el resultado de más de 22 meses de trabajo de los ocho comisionados.
N Consulta indígena y reparación a víctimas de la violencia N Relación entre comunidades y con empresas forestales N Bases del acuerdo de tierras y Agencia de Reparación Actores sociales esperan que Presidente Boric aborde el tema en su cuenta anual N Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios Retomar el diálogo. Además, el documento entregado ayer al Presidente Boric considera modificaciones al mecanismo de consulta indígena. También plantea el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la creación del Consejo de Pueblos. Jorge Concha Cayuque Patricio Santibáñe R Jorge Concha Cayuque