Autocracia familiar nicaragüense
Autocracia familiar nicaragüense La dictadura familiar de Nicaragua aumenta su poder político y represivo con nuevas reformas constitucionales y legales. La última, de hace unos días, otorga el mando directo del Ejército a la “copresidenta” Rosario Murillo, esposa del dictador Daniel Ortega. Ella ahora tendrá la jefatura suprema, junto al exguerrillero, de todo el aparato represivo nicaragüense: policía, brigadas policiales voluntarias, Ejército, servicios de inteligencia y seguridad.
El régimen se sigue blindando así de cualquier oposición, en momentos en que un informe de expertos de Naciones Unidas acusa a la pareja presidencial y a 52 funcionarios de graves delitos que podrían calificar de crímenes de lesa humanidad.
Si el sandinismo derrocó a un autócrata como Anastasio Somoza, casi 50 años después ha construido un sistema político tanto o más abusivo, con el poder concentrado en la Presidencia, sin contrapesos institucionales ni controles externos.
Desde las violentas protestas de 2018, punto de partida de la investigación del grupo de expertos de la ONU, la pareja presidencial ha aumentado significativamente su dominio sobre el aparato estatal, ha sepultado la independencia de los poderes judicial, legislativo y electoral, y virtualmente eliminado la oposición, la disidencia y la prensa libre, pero es Murillo la que más ha ganado en esta dinámica.
Una Asamblea Nacional dócil permitió una reforma constitucional, en vigencia desde febrero, que elevó a la vicepresidenta a una “copresidencia”, con las mismas atribuciones del mandatario, para “coordinar” a los tres poderes otrora autónomos y, además, “controlar y fiscalizar” las regiones y municipios.
Con la reciente reforma militar, Rosario Murillo podrá nombrar directamente al comandante del Ejército, sin consulta al Consejo Militar, de modo que termina de configurar su cargo, poniéndose al mismo nivel que su marido, lo cual ha disparado los rumores de que Ortega estaría mal de salud y que estas disposiciones estarían preparando la sucesión, la que consideraría también a su hijo Laureano.
El dictador, que en noviembre cumplió 79 años, sufre desde hace tiempo lupus eritomatoso e insuficiencia renal crónica, además de haber tenido un infarto, lo que explicaría ausencias prolongadas de la actividad pública y sucesivos chequeos y tratamientos médicos regulares en Cuba.
Sea o no esta la razón para que Murillo esté tomando cada vez más protagonismo, lo cierto es que como vicepresidenta ya tenía gran influencia y responsabilidades políticas y, según el informe de los expertos de la ONU, el que entrega nombres y evidencia de los delitos, fue promotora de la represión que aplastó las protestas de 2018 y de las medidas posteriores que llevaron al exilio a miles de nicaragüenses.
Murillo estuvo también detrás de la detención y expulsión de los candidatos presidenciales de 2021, a quienes además se les despojó de su nacionalidad por “golpistas”, junto a centenares de personas molestas para el régimen, como el escritor Sergio Ramírez, exvicepresidente de Ortega.
“Se pone al descubierto dice el reporte la anatomía del sistema de gobierno que ha convertido cada brazo del Estado en un arma contra su propio pueblo”. Nicaragua, junto a Venezuela y Cuba son tres ejemplos de la impotencia del sistema interamericano, y global, para promover y proteger los derechos humanos y la democracia.
Dictadores como Ortega-Murillo, Nicolás Maduro y el castrista Miguel Díaz-Canel, con total impunidad, evadiendo sanciones internacionales, continúan ahogando a sus pueblos en nombre del socialismo y de la justicia social, con el apoyo de grupos en el exterior que, como el Partido Comunista de Chile, se dicen “democráticos”. Es otro ejemplo de la impotencia del sistema interamericano para promover y proteger los derechos humanos y la democracia..