Denuncias por Ley Karin afectan a jefaturas cercanas a ministra Aguilera
Ministerio de Salud Los denunciados son dos jefaturas de confianza de la secretaria de Estado. Una serie de otros funcionarios han presentado licencia en Una unidad estratégica: Transparencia. Pablo Basadre G.
N los últimos meses, los muros de los pasillos del antiguo edificio que alberga al Ministerio de Salud en el centro de Santiago, se han visto alterados con carteles alusivos a supuestos maltratos laborales al interior de esa cartera. Incluso en el mismo piso donde se desempeña la ministra del ramo, Ximena Aguilera. Uno de ellos fue pegado en el tercer piso, por la entrada de calle Mac lver 541, donde se ubican los gabinetes de ambas subsecretarias y de la secretaria de Estado.
Dos denuncias fueron ingresadas a través de la oficina de partes del Minsal, y luego a la subsecretaria de Salud Pública para su tramitación interna, y dan cuenta del severo problema que enfrenta hoy el Departamento de Atención a Personas y Transparencia, dirigido por Laura Camus Díaz, y Pamela Campos Ponce, Jefa de la Unidad de Transparencia. En los textos, a las que tuvo acceso La Segunda, se señala que ambas funcionarias han ejercido acciones y omisiones de hostigamiento de manera reiterada. “Menoscabando, maltratando y afectando mi situación laboral en el Ministerio de Salud, constituyendo su actuar en un acoso laboral”, se explica en una de las denuncias de un profesional cuya identidad omitiremos. Los hechos de los que está al tanto Aguilera Según se asegura, otros profesionales de esa unidad han debido sortear diversos problemas de trato de sus superiores.
Como cambios de oficina intempestivos y órdenes en ausencia de quien era el jefe de Transparencia, Eduardo Baeza, que se encontraba haciendo uso de su derecho de posnatal pero que con el tiempo sería trasladado a la dirección jurídica. La Unidad de Transparencia del Minsal arrastraba problemas desde enero de 2021, en medio de la pandemia del COVID-19: enfrentaba situaciones críticas por el bajo cumplimiento de obligaciones legales respecto a transparencia activa. El incumplimiento, como se relata en una de las denuncias, habría significado que en ese ítem solo se alcanzara el 33%. Ello generó 10 investigaciones sumarias por parte del Consejo para la Transparencia. Así las cosas, varios funcionarios co'menzaron a trabajar para remediar el problema, realizando cambios en la gestión de dicha unidad. Se estandarizaron procesos de digitalización, lo que permitió que las jefaturas que asumieron en 2022,2023 y parte del 2024 continuaran con los avances logrados.
El trabajo dio frutos y las obligaciones legales de transparencia activa pasaron de un 33% a un 99%. Sin embargo, cuando serealizó una reestructuración del Departamento de Atención a las Personas y Transparencia, en julio del 2024, las cosas cambiaron.
Los denunciantes afirman que fueron testigos y víctimas de “prácticas de hosti gamiento laboral, marcadas por la manipulación, la falta de transparencia y la creación deliberada de un ambiente de incertidumbre, particularmente por parte de doña Laura Camus, con la omisión o A validación de estas acciones por parte de doña Pamela Campos”. Los hechos apuntan a prácticas que están reñidas con los estatutos administrativos. “Se realizaron entrevistas individuales bajo el pretexto de recoger opiniones y necesidades.
Sin embargo, doña Laura Camus utilizó estas entrevistas según su criterio emocional, sin fundamentos claros ni objetivos profesionales, y posteriormente manipuló al equipo a través de mensajes ambiguos que sólo contribuyeron a generar desconfianza y división entre nosotros”, dice uno de los trabajadores. Gran parte de estas prácticas son atribuidas a Camus. Por ejemplo: un intempestivo traslado de la Unidad de Transparencia el 23 de julio de 2024, basadas en estas conversaciones privadas, las cuales calificó como confidenciales. “Esta justil cación resultó sumamente preocupante, ya que no solo carecía de transparencia, sino que también dejó a los miembros del equipo en un estado de incertidumbre”, dicen los denunciantes.
Cuando algunos trabajadores intentaY 1 ron saber a qué se debían los cambios, Camus -acusan- “insistió en ejecutar la medida rápidamente”, argumentando que su decisión se basaba en un "análisis emocional", y además, que contaba con todo el respaldo de la Ministra de Salud.
Obviando los “análisis profesionales, técnicos, como informes laborales o psicolaborales, y no en percepciones emocionales”. Reproches a evaluaciones mal ejecutadas Todo culminó con una evaluación de desempeño para el periodo 2023-2024, que aseguran también fue producto de “hostigamientos”. Un proceso que fue liderado por Camus y Campos, donde no existieron metas específicas medibles, “i dicadores claros y retroalimentación adecuada, convirtiéndose en una herramienta discrecional y arbitraria”, dice la demanda.
Los problemas escalaron al punto que la Presidenta de la Junta Calificadora Centro de la subsecretaría de Salud Pública, Tania Herrera, despachó un memorándum a Nicolás Fernández, jefe del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas del Minsal, con fecha 9 de diciembre de 2024.
En el documento se estableció que luego de una revisión exhaustiva de los informes de precalificación, los integrantes de la junta consideraron que no fueron concluyentes para asignar una “calificación objetiva”. Se estableció, por ejemplo, que se realizaron planificaciones de metas, informes de desempeño y precalificaciones, posterior a los plazos definidos para tales efectos, que los funcionarios no estuvieron en conocimiento de los productos con los que serían evaluados”. El memo concluye que para emitir la propuesta de evaluación, no fueron considerados los informes de desempeño de la jefatura previa. Tampoco hubo retroalimentación. Así, la junta calificadora argumentó que frente a dichas irregularidades en el proceso de evaluación, ordenó aplicar las calificaciones obtenidas por los funcionarios en el periodo 2022-2023. En total, eran 9 funcionarios calificados de manera arbitraria.
La Segunda consultó al Ministerio de Salud, donde respondieron que "desde la entrada en vigencia de la ley N? 21.643 más conocida como Ley Karin, y tal como lo establece el cuerpo legal, cuenta con un protocolo de denuncia e investigación de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, aprobado, difundido y puesto a disposición de los funcionarios y funcionarias. Toda denuncia, incluyendo las que se encuentran en curso, son investigadas oportunamente respetando dicho marco normativo de forma de dar certezas a los funcionarios y funcionarias que estas situaciones son enfrentadas como la ley dispone".