Editorial: EL COSTO DEL DESORDEN ADMINISTRATIVO
Editorial: EL COSTO DEL DESORDEN ADMINISTRATIVO U na auditoría del gobierno a la gestión de más 500 servicios públicos durante la administración anterior detectó ineficiencias y faltas de control en el uso de recursos fiscales por cerca de US$ 9.200 millones, lo que derivó en investigaciones en cuatro organismos relacionados con programas sociales, de educación, ciencia y transporte, donde los hallazgos revelaron las mayores alertas. En un escenario particularmente sensible para las finanzas públicas, los antecedentes reflejaron un deterioro preocupante durante los últimos cuatro años en los estándares de gobernanza administrativa, seguimiento y trazabilidad del gasto público.
El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) destacó entre las mayores alertas la decisión de la administración anterior de traspasar al actual Ejecutivo la responsabilidad de pagar US$ 3.200 millones adeudados a proveedores de salud y educación.
La cifra, que equivale al 1% del PIB, es el mayor nivel de pagos pendientes tras un cambio presidencial, del que se tiene registro A ello se suman más de US$ 3.170 millones en compras realizadas por trato directo, pese a que pudieron usarse mecanismos competitivos y menos costosos; cerca de US$ 150 millones no recuperados por deficiencias en la gestión de cobro de licencias médicas; concursos públicos desiertos; subejecuciones presupuestarias superiores a 30%; y rendiciones muy menores respecto de los recursos transferidos.
Las alertas derivaron en investigaciones particulares en Junaeb, donde se indagarán eventuales irregularidades y sobreprecios en el Programa de Alimentación Escolar; en Sernameg y Prodemu, por problemas de control y uso ineficiente de recursos públicos; en el Ministerio de Transportes, ante deficiencias de control financiero, multas no cobradas y garantías pendientes; y en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, por sus altos niveles de rendiciones rechazadas y recursos sin rendir. La magnitud de las cifras hace difícil reducir la discusión a problemas administrativos aislados, fallas de trazabilidad y control interno, pues los efectos exceden la dimensión contable.
Cuando el Estado posterga pagos por miles de millones de dólares, pequeñas y medianas empresas proveedoras quedan expuestas a mayores costos financieros, servicios esenciales operan bajo presión presupuestaria y programas públicos relevantes pierden capacidad de ejecución efectiva. Del mismo modo, el uso extendido de mecanismos excepcionales de compra termina debilitando estándares de competencia y eficiencia en el gasto. El informe instala además preguntas relevantes sobre la gobernanza y capacidad administrativa del Estado. Chile construyó durante décadas una reputación regional basada en mayores niveles de estabilidad institucional y disciplina fiscal que hoy enfrenta señales persistentes de deterioro en sus mecanismos de control y ejecución presupuestaria.
Frente a ello, junto con establecer responsabilidades administrativas o eventuales sanciones, es imperativo fortalecer auditorías internas, profesionalizar capacidades de gestión y robustecer mecanismos preventivos de control antes de que las debilidades administrativas sigan comprometiendo la credibilidad fiscal. Juunto con identificar responsabilidades, es esencial robustecer las auditorías, los mecanismos de control y la gobernanza.. EDITORIAL Juunto con identificar responsabilidades, es esencial robustecer las auditorías, los mecanismos de control y la gobernanza.