Vocera (s) Etcheverry dice que firma de escritura no debió ocurrir por “razones políticas”, pero expertos relevan que fue un error jurídico
Vocera (s) Etcheverry dice que firma de escritura no debió ocurrir por “razones políticas”, pero expertos relevan que fue un error jurídico EQUIPO EL POLÍGRAFO Camila Bazán, Antonella Cicarelli y Cecilia Derpich ESCRÍBANOS Frases para chequear, vueltas de carnero, chequeos de currículum o promesas, y temas de investigación.
Envíenos sus sugerencias a elpoligrafo@mercurio.cl En su vocería del martes, la ministra Aisén Etcheverry echó pie atrás a las declaraciones de días previos y reconoció errores en la fallida adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Eso sí, la abogada del Frente Amplio apuntó solo a las responsabilidades políticas de este caso. “El momento de la firma de la escritura en la notaría es algo que no debiera haber ocurrido, esencialmente por razones políticas.
Aquí hubo una conducción de un proceso, en términos políticos, que no fue adecuada”, dijo. ¿Es un error político o jurídico? El Polígrafo consultó a diversos abogados expertos, quienes coinciden en que las consecuencias políticas de este caso provienen, en realidad, de un claro error jurídico. Uno de ellos es el exministro del Tribunal Constitucional Jorge Correa Sutil, quien sostiene que se trata de un “contrato prohibido por el derecho”. “Fue un error jurídico y porque lo fue, también es político. El Gobierno se debilita en su prestigio como conductor del Estado”, dice.
Alberto Vergara, académico de Derecho Público UC, también cree que “la firma de la escritura de compraventa nunca debió haber ocurrido, porque son claras las prohibiciones constitucionales para ministros y parlamentarios: “No es un tema interpretable”, sostiene.
A su juicio, el error es “en primer lugar jurídico, pero también es político, ya que una infracción constitucional, obviamente, se transforma también en un problemapolítico”. Además, apunta a las responsabilidades de los abogados que participaron del proceso.
“Es jurídicamente reprochable que ninguno de los numerosos abogados, de los diversos ministerios que participaron en todo el proceso, hayan representado el impedimento jurídico”, y que tampoco lo hubiese hecho el abogado de la familia Allende.
En tanto, Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, sostiene que “sin lugar a dudas es un tema jurídico”, ya que siempre que se celebra un contrato, y en particular con personas en cargos públicos, hay que revisar que no se produzca conflicto de intereses, que “en este caso no fueron bien resueltos”. Pero además, apunta a que se trata de un tema político, tanto en la decisión de adqui-La ministra Etcheverry en elpunto de prensa del martes 7 de enero. rir la casa como en las consecuencias de los errores jurídicos.
“Se cometieron errores en lo jurídico y eso trae a continuación consecuencias políticas y estas las tendrán que resolver órganos que tienen a su cargo ese tipo de cuestiones, como los poderes del Estado, como es el Tribunal Constitucional, el propio Presidente de la República porque el cargo de ministro es de su exclusiva confianza y eventualmente el Congreso, por las posibilidades que tiene de hacer acusaciones constitucionales”. Coincide Sebastián Zárate, académico de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma: “El error no es solo político, sino que también jurídico”. “A mi entender, se trata indudablemente de ambos aspectos. Respecto del error jurídico, la Constitución prohíbe expresamente la celebración misma del contrato.
Las declaraciones de la ministra vocera (s) reconocen que, efectivamente, se incurrió en dicha prohibición constitucional”.. Abogados sostienen que las consecuencias políticas del caso provienen de traspié legal cometido, ya que claramente “se trata de un contrato prohibido por el derecho”.