EDITORIAL: Crisis en Gendarmería
EDITORIAL: Crisis en Gendarmería L a fuga de dos condenados por delitos violentos que escaparon, al mediodía de este miércoles, desde la ex Penitenciaría de Santiago, ha agudizado la crisis que enfrenta el sistema penitenciario. Los dos reos -uno con cadena perpetua por femicidio, el otro condenado a 16 años por varios delitossalieron de la prisión caminando, vestidos con uniforme institucional. El director regional de la institución fue separado de sus funciones, mientras que los tres principales jefes del penal, el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno, fueron destituidos. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, anunció que se investiga la posible colaboración de funcionarios del recinto en la huida.
Recién hace algunos días, con motivo de una seguidilla de fugas, liberación errónea de presos y homicidios vinculados con el crimen organizado en distintos penales del país, el propio Gajardo había admitido la posibilidad de detrás de estos hechos hubiese corrupción o hasta actos de sabotaje, vinculados con la reforma anunciada por el Ejecutivo, que, entre otros asuntos, modifica el régimen laboral de los gendarmes.
Por ejemplo, el cambio de dependencia al Mi"Al actual ritmo de crecimiento de la población penal, la capacidad de construir prisiones nunca será suficiente". nisterio de Seguridad Pública, que termina con la posibilidad de que los funcionarios se organicen en gremios o sindicatos. La necesidad de avanzar en una reforma legal y administrativa como la propuesta no puede obviar, sin embargo, las condiciones materiales en que se ejecuta el régimen penitenciario, centralmente, la sobrepoblación y el hacinamiento.
La propia institución reportó recientemente que, a diciembre de 2025, había en las cárceles chilenas un total de 62.323 internos, es decir, 20 mil más que la capacidad del sistema, y diez mil más que la cifra que funcionarios del propio Gobierno, en 2023, habían definido como "crítica". Olga Espinoza, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y experta en seguridad, ha apuntado queel creciente hacinamiento, y la sobrecarga de trabajo de las dotaciones de gendarmes, son factores relevantes en las dificultades de controlar lo que ocurre al interior de los recintos. El director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Luis Toledo, ha advertido que niveles de ocupación del 147% implican una pérdida progresiva de la gobernabilidad interna. Ciertamente se requiere, de manera urgente, invertir en nuevos penales, que permitan no sólo reducir los niveles de hacinamiento, sino también, y principalmente, segregar de manera adecuada a los reos según su peligrosidad. La institución ha señalado que entre 2023 y 2025 se habilitaron casi tres mil nuevas, y se planea que a 2030, según el Plan Maestro de Infraestructura penitenciaria, se puedan sumar 15 mil más.
Pero es evidente que, al actual ritmo de crecimiento de la población penal, la capacidad de construir prisiones nunca será suficiente: políticas como disminuir el uso de la prisión preventiva, utilización de penas alternativas o medios tecnológicos, e indultos para reos de baja peligrosidad, aunque impopulares, son indispensables para mantener el control de las cárceles..