Una reforma judicial pendiente
Centro de Investigación Periodística (Ciper) ha publicado una serie de conversaciones por Whats App entre el exjuez de las cortes de apelaciones de Santiago y Copiapó Juan Antonio Poblete con integrantes de la Corte Suprema —uno de ellos hoy jubilado— y dos exministros del anterior Gobierno; las comunicaciones evidencian gestiones no formales orientadas a influir en la designación de magistrados y notarios y apurar una sentencia de interés del Ejército.
En otra publicación, el portal también informó de un ofrecimiento por parte de la pareja de la ministra Ángela Vivanco al fiscal Carlos Palma, durante la elección de fiscal nacional a fines de 2022, de un doctorado y un cargo de fiscal regional.
Hace algunos meses, en el marco del caso audios, se conocieron además mensajes intercambiados por un candidato a la Corte Suprema y otro a la Corte de Apelaciones de Santiago con el abogado Luis Hermosilla para buscar apoyos en sus postulaciones. Las publicaciones han causado tensión en el máximo tribunal; la Corte ha convocado para mañana a un pleno extraordinario para evaluar la situación.
En marzo, luego de divulgarse los llamados a Hermosilla, el “Por supuesto, resulta ingenuo fiar todas las expectativas de cambio a nuevas reglas”. Máximo tribunal recordó que se ha manifestado “reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura”. El contenido de los chats no debería resultar en especial sorprendente; es de dominio público que en la nominación de los cargos judiciales y en aquellos que las cortes supervisan, como fiscales, notarios y conservadores, suele haber “operadores” y redes para influir indebidamente respecto de puestos y postulantes; decisiones que deberían ser claras, técnicas y neutras de cara a la sociedad, ¡ban determinadas por factores como la discrecionalidad, las lealtades, los amiguismos, lobbies o favores. Por lo mismo, el consenso académico ha puesto de relieve la importancia de modificar los mecanismos de designación.
En este sentido, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha afirmado que es necesario modificar “el sistema de nombramientos en todo el Poder Judicial”; a su juicio, el “problema estructural” no radica necesariamente en la forma de seleccionar la Corte Suprema, sino en el conjunto de los cargos.
Para el rector de la UDP, Carlos Peña, el diseño de la Corte “conceptualmente no es malo”, pero lo reprochable es que el intercambio de puntos de vista acerca de los candidatos “se efectúa de espaldas a la ciudadanía”. El anterior Gobierno presentó al Congreso, en abril de 2021, una reforma integral al régimen de designaciones con la creación de la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, órgano autónomo responsable de resolverla nominación de los jueces a través de concursos públicos y definiciones fundadas. Más tarde, tanto la Convención Constitucional como el Consejo Constitucional progresaron en la idea desepararla función de impartirjusticia de la gobernanza del sistema judicial. Dichas propuestas, y otras, conforman una base para deliberar de manera responsable respecto de una materia que requiere modernización y transparencia. Por supuesto, resulta ingenuo fiar todas las expectativas de cambio a nuevas reglas; las personas, en especial en el caso de la justicia, están llamadas a conducirse con prudencia, contención y templanza. Los mensajes que se han conocido, de jueces y sus allegados, parecen alejarse de esos rasgos.