Deuda de empresas públicas
Deuda de empresas públicas La deuda bruta de las empresas públicas alcanzó, a junio de 2024, la cifra de $32.279.931 millones de pesos unos US$ 34.800 millones al cambio vigente en ese momento, superior en casi un 14% a la que había a diciembre de 2023. Si se descuentan las inversiones en activos financieros de esas empresas a esa misma fecha, la deuda neta de las empresas públicas alcanza a un 9,6% del PIB.
Las empresas consideradas para efectuar el cálculo son 44, e incluyen, entre otras, a Codelco, Enap y Enami, las empresas portuarias y sanitarias que están en manos del Estado, EFE, Correos, Metro, Polla, Zofri, TVN, Enaer y Casa de Moneda. A ese monto se debe sumar la deuda neta del Gobierno Central, la del Banco Central, las deudas garantizadas por el Estado y los bonos de reconocimiento. La consolidación de la deuda bruta del Gobierno Central y del Banco Central, sin las empresas públicas, alcanza a junio de 2024 un 54,6% del PIB.
Por otro lado, el persistente aumento de la deuda de las empresas públicas resulta preocupante, porque una parte importante de ella proviene de inversiones que no necesariamente entregarán retornos suficientes para poder servirlas, recargando, de manera adicional, las obligaciones que podrían enfrentar las ya estrechas arcas fiscales. De hecho, en el caso de EFE, cuyos activos no son suficientes para soportar la deuda que mantienen, el fisco ha garantizado una parte de esta.
Lo mismo ocurre con el Fondo de Estabilización Tarifario que corresponde a Metro, lo que se ve agravado por el retraso tarifario que esa compañía mantiene, luego del largo congelamiento de su tarifa tras los problemas surgidos con el alza que dio lugar a la revuelta de octubre de 2019. Para el resto, aun cuando la garantía no es explícita, sí lo es de manera implícita, pues los acreedores suponen que, en caso de falencia, el fisco se hará cargo de ellas. Probablemente Codelco constituya más del 50% del total, pero como sus deudas están respaldadas por negocios mineros, cuyos excedentes deberían permitir servirla, eso quitaría parte de la presión al fisco. Sin embargo, ello puede verse afectado si el porcentaje de sus excedentes que el fisco quiera retirar anualmente complica el servicio de esa deuda. A eso se agregan las conocidas dificultades que ha tenido la cuprera para rentabilizar las inversiones en sus proyectos estructurales, que son el origen de gran parte de ellas. El panorama fiscal que estas cifras entregan vuelve a poner el foco de atención en una materia que ha sido persistentemente ignorada en el último tiempo: la calidad del gasto del Gobierno Central.
Muchos de sus programas están mal evaluados, y aun así se mantienen en el tiempo; las contrataciones que hace el sector público siguen creciendo a altas tasas, con las conocidas rigideces existentes para poder revertirlas unavez efectuadas, por lo que el gasto en personal solo sigue en aumento.
El entusiasmo de sectores del Gobierno por entregar más regalías en vez de contener ese gasto, a pesar de los esfuerzos en contrario de parte del Banco Central, significa que no será fácil revertir este estado de cosas hacia adelante. De ahí que resulta cada vez más importante seguir el endeudamiento del sector público de manera crítica, y buscar caminos que procuren corregir ese estado de cosas, que incluyan también a las empresas públicas.
La creación de una agencia de eficiencia gubernamental por parte de Donald Trump para comenzar a trabajar durante su mandato, la que será ejercida por dos emprendedores billonarios, es indicativa de que el examen crítico del gasto público también preocupa a otros países, incluidos los más poderosos y desarrollados del mundo. Aunque esa pueda no ser la fórmula apropiada para Chile, mejorar la eficiencia gubernamental se está transformando, cada vez con más urgencia, en una tarea ineludible hacia el futuro. Mejorar la eficiencia del Estado se está transformando, cada vez con más urgencia, en una tarea ineludible..