Editorial: Transparencia y cambios en licitaciones
Editorial: Transparencia y cambios en licitaciones Como parte de su Ley de Reconstrucción, el Gobierno ha incluido dos medidas cuyo objetivo es mejorar el funcionamiento de las licitaciones en obras públicas. La primera permite las conversaciones entre participantes o interesados en el proceso de licitación y personas que forman parte del organismo licitante, algo prohibido bajo la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos. La segunda autoriza que personas relacionadas con personal de Obras Públicas participen en contratos del Ministerio, lo que también objeta esa ley. La primera medida modificaría la forma en que opera el sistema de comunicaciones entre el Estado y los potenciales interesados en licitaciones de concesiones y otras obras públicas complejas. En las concesiones, el Estado subasta la construcción, mantenimiento y operación de la obra usando Bases de Licitación, o BALI. Estas representan el contrato que se ofrece a los concesionarios, cubriendo los aspectos administrativos, técnicos, económicos, sanciones y otros, en documentos de cientos de páginas.
Las preguntas que al respecto puedan tener los interesados se presentan por escrito, pero la respuesta del MOP no es directa, sino que forma parte de circulares aclaratorias, que incorporan correcciones a las BALI si estas requieren corregirse debido a las preguntas o por otra causa.
Desde el punto de vista de un potencial participante, especialmente de una firma que desea ingresar al mercado, esto es insatisfactorio, porque no se aclara directamente su duda, que tal vez apunte a una dificultad de interpretación. La posibilidad de comunicaciones más directas permitiría Las propuestas aumentarían la competencia, pero deben ajustarse para reducir riesgos. que esos entrantes al mercado sepan cómo deben interpretarse las bases y sus implicancias para el negocio. Esto facilitaría el ingreso de nuevos actores y aumentaría la competencia. Y es que esto último se ha transformado en un problema, porque hay pocas empresas con experiencia y se están produciendo licitaciones con un solo participante, lo que lleva a mayores costos. Es el aspecto positivo de la propuesta ministerial. El peligro es que comunicaciones sin control entre licitante y licitador podrían introducir riesgos de corrupción. Tal vez la forma apropiada de evitarlo sería que las consultas y respuestas se hagan con la participación conjunta de los interesados y no en forma individual. El cambio en materia de inhabilidades es más delicado, porque allí los riesgos de corrupción son más evidentes y más difíciles de resolver y controlar, y las ventajas, menores. Si bien es correcto observar que la regla actual excluye a un número importante de personas que podrían participar en licitaciones de obras públicas, hay un peligro claro para la transparencia. Una alternativa sería mantener la prohibición, pero en un ámbito más reducido. Por ejemplo, en el caso de Vialidad, se aplicaría a sus contratos, pero no a los de otras direcciones, y manteniendo la prohibición para los directores de servicios y mandos superiores. En resumen, hay motivos que justifican estas propuestas, pues implementarlas aumentaría la competencia. Sin embargo, las reformas deberían ajustarse para evitar causar los problemas que llevaron a introducir las restricciones que ahora se desea eliminar..