Diputada Marcia Raphael legisló ley energética mientras su familia hacía lobby por proyecto eólico millonario en Aysén
Diputada Marcia Raphael legisló ley energética mientras su familia hacía lobby por proyecto eólico millonario en Aysén Un grave entramado que involucra poder político, lobby empresarial y vínculos familiares directos ha puesto a la diputada de Renovación Nacional, Marcia Raphael, en el centro de una fuerte polémica regional.
La controversia surge tras quedar en evidencia que la parlamentaria legisló activamente una ley energética clave para la zona, al mismo tiempo que su familia impulsaba un proyecto eólico privado de US$ 62 millones, el cual se ve beneficiado por dicha normativa. Estos hechos, que configuran un eventual conflicto de interés de máxima gravedad, comprometen la probidad parlamentaria y la confianza pública en el Congreso. La participación de la diputada Raphael en el perfeccionamiento de la ley de Sistemas Medianos de Energía fue protagónica, ya que presidió la Comisión de Zonas Extremas donde se inició la tramitación del proyecto. Lejos de mantener una postura neutral, la legisladora presentó indicaciones de su propia autoría e incidió directamente en el contenido final de una ley que favorece estratégicamente a regiones como Aysén. En esta misma región se emplaza el Parque Eólico Kosten Aike, iniciativa del Grupo AQM, consorcio estrechamente vinculado a la familia Galilea, núcleo familiar directo de la representante. Mientras la tramitación legislativa avanzaba en el Congreso, el esposo de la diputada, Pablo Galilea Carrillo, actuaba formalmente como gestor de intereses particulares a través de la Ley de Lobby. Galilea solicitó audiencias ante diversas autoridades nacionales y regionales para impulsar el proyecto Kosten Aike, del cual figura como gestor.
A este vínculo se suma que el cuñado de la parlamentaria, Alejandro Galilea Carrillo, es el representante legal del grupo empresarial, el cual cuenta además entre sus filas con ex ejecutivos que han enfrentado procesos por delitos ambientales en la región. A pesar de estos vínculos, la diputada Raphael no se inhabilitó ni se abstuvo del proceso legislativo. Por el contrario, defendió públicamente la normativa en medios de comunicación y participó en reuniones con la industria salmonera, sector que ve en esta ley una oportunidad de inversión. Incluso, la parlamentaria y su esposo participaron juntos en la Mesa de Energía de Aysén, instancia oficial donde se discutieron las reglas técnicas que hoy favorecen al proyecto eólico familiar. Todo esto ocurrió mientras el Parque Eólico Kosten Aike enfrentaba reclamaciones ante el Tercer Tribunal Ambiental por parte de comunidades que denuncian impactos negativos en ecosistemas y recursos hídricos de Coyhaique Alto. Frente a este escenario, diversos sectores han comenzado a exigir una investigación formal e inmediata por parte de la Comisión de Ética de la Cámara y la Contraloría General de la República. El objetivo es determinar si existió una "captura legislativa" o un uso indebido del cargo para beneficio privado.
El caso Raphael Galilea ha sido calificado como un hecho que expone cómo la política energética regional podría quedar subordinada a intereses empresariales familiares, poniendo en riesgo la legitimidad de las instituciones democráticas en la zona.. Antecedentes documentados exponen un eventual conflicto de interés de la parlamentaria por Renovación Nacional, quien presidió la Comisión de Zonas Extremas e impulsó indicaciones a la normativa de Sistemas Medianos de Energía, mientras su círculo familiar directo gestionaba el Parque Eólico Kosten Aike en Coyhaique Alto.