Tras dos enmiendas, Gobierno logra que el TC declare la admisibilidad de requerimiento por Ley de Presupuesto
Tras dos enmiendas, Gobierno logra que el TC declare la admisibilidad de requerimiento por Ley de Presupuesto Como un "caso excepcionalísimo" e incluso "inédito" califican al interior del Tribunal Constitucional (TC) lo ocurrido con el requerimiento del Gobierno respecto de diversos pasajes de la Ley de Presupuesto 2025, el que ayer fue admitido a trámite parcialmente y declarado admisible. Esto, principalmente, debido a que la presentación fuera de plazo de uno de los antecedentes requeridos --por lo cuales no fue admitido a trámite en un comienzo-puso en serio riesgo su tramitación.
No obstante, el hecho de que el viernes 13 de diciembre la norma impugnada haya sido publicada en el Diario Oficial hizo variar la situación, y permitió que una mayoría de seis magistrados --con una sensibilidad más afín al oficialismo-se impusiera a los cuatro restantes, y declarara que habrá un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
La admisión parcial se debe a que quedó fuera una glosa relacionada a la Ley Aula Segura que, según argumentaron en el TC, no fue objeto de discusión o reserva de constitucionalidad en el trámite legislativo.
No obstante, otras materias de dicha ley sí serán analizadas por los ministros. n El error y los intentos por subsanarlo Fue el 2 de diciembre cuando el Gobierno, a través del Presidente de la República y los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y Segpres, Álvaro Elizalde, ingresaron el requerimiento ante el tribunal ubicado en Huérfanos 1234. Esto, con la representación de la abogada Francisca Moya, jefa de la División Jurídica de la Segpres.
El 12 del mismo mes, el Pleno del tribunal resolvió no admitir a trámite la acción, por errores de forma, consistentes en no haberse acompañado diversos antecedentes, como actas de sesiones de la Cámara y el Senado en el trámite de la norma, informes de comisiones, y el texto del proyecto de ley certificado, en los términos en los que fue despachado del Congreso. El viernes 13, en tanto, la abogada representante del Ejecutivo cargó los documentos en la plataforma del tribunal, anunciando que eran siete, aunque solo seis aparecían, faltaba, precisamente, el texto del proyecto en cuestión.
Solo el lunes 16 de diciembre, cuando el Gobierno confirió el poder al abogado y exministro del TC G o n z a l o G a r c í a, que este de inmediato intentó enmendar la falta de ese antecedente requerido, pese a que el plazo concluía el domingo 15. "Lamentablemente, al subir a la plataforma web el documento recién individualizado en el número 7 este no fue registrado, posiblemente debido a problemas en el sistema informático por el tamaño de los adjuntos. Por este motivo, venimos en acompañar nuevamente el documento", señalaba el exmagistrado en el escrito. A esa altura, ya emergían voces que señalaban que el futuro del requerimiento estaba en duda, o casi sentenciado, al no acompañar todo lo que pidió el tribunal en el apercibimiento.
No obstante, frente a esto, ayer, la presidenta del TC, ministra Daniela Marzi, junto las ministras Nancy Yáñez, Catalina Lagos, María Pía Silva, Alejandra Precht, y el ministro Mario Gómez, consideraron que al haber sido publicada la norma en el Diario Oficial, ya no se estaban pronunciando sobre un proyecto de ley, sino que sobre una ley que se presume conocida por todos, según lo consagra el Código Civil.
Al interior de la magistratura señalan que entre los planteamientos de la mayoría primó el hecho de que al constar en la plataforma que marca la vigencia de las normas, el tener el proyecto de ley certificado ya no cumplía una función en el proceso.
Por el contrario, la minoría, integrada por los ministros Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Héctor Mery y la ministra Marcela Peredo, consideraban que se trata de una parte a la que se le solicitaron diversos antecedentes en el apercibimiento, que esto no fue cumplido en su totalidad dentro de plazo, y que, en esos casos, la ley señala que si no se cumple con la temporalidad, no se admite a tramitación. Con este resultado, el Pleno del TC se prepara para pronunciarse a analizar los antecedentes, escuchar alegatos y pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que tendrá lugar el próximo jueves 26 de diciembre.
En esa oportunidad, también se revisarían los cinco requerimientos de legisladores que fueron declarados admisibles, de un total de siete. n Glosa sobre regulación de extranjeros será analizada por el Pleno Son diversas glosas y pasajes de la ley los que impugna el Ejecutivo en su requerimiento, no obstante, una de las más polémicas se relaciona con aquella que exige que todo proceso de regularización extraordinaria de extranjeros en situación migratoria irregular sea aprobado previamente por ambas cámaras del Congreso Nacional.
Se trata de materia que ha marcado la discusión política las últimas semanas, y que incluso genera conflictos al interior del propio oficialismo (ver recuadro). Según el Gobierno, en su escrito, "la glosa tiene por único objeto modificar las normas permanentes de la Ley de Migraciones, la cual ya permite a la autoridad el ejercicio del mecanismo de regularización extraordinaria de extranjeros, estableciendo sus objetivos y límites". La publicación de la norma en el Diario Oficial se convirtió en un "salvavidas" para el Ejecutivo: Tras dos enmiendas, Gobierno logra que el TC declare la admisibilidad de requerimiento por Ley de Presupuesto OLIVER RODRÍGUEZ G.
Luego de que la magistratura no admitiera a trámite por errores de forma, representantes del Presidente Boric cargaron los antecedentes en la plataforma en línea del tribunal, aunque uno de ellos fuera de plazo: el texto despachado del Congreso. Una mayoría de seis ministros consideró que ese es un elemento que se puede presumir conocido, al constar en la institución que recoge las normas jurídicas vigentes. El Pleno del Tribunal Constitucional dio luz verde al requerimiento del Gobierno por seis votos contra cuatro. FELIPE BÁEZ ANÁLISIS El jueves 26 de diciembre el Pleno del TC conocerá el fondo de las acciones del Gobierno y legisladores. El revuelo por la eventual regularización acotada de migrantes que se empadronaron hasta febrero de 2024 que propuso el Gobierno como una idea, enfrentó a las autoridades de esta administración con las del expresidente Piñera.
Fue por la llamada "amnistía" que indicó la ministra Carolina Tohá acerca de los dos procesos de regularización que hizo la administraición anterior entre 2018 y 2021, en donde 324 mil personas fueron regularizadas bajo criterios como pedir antecedentes penales y en donde, tras postular, el solicitante recibió un permiso de trabajo. Pese a los esfuerzos por tantear el terreno, de momento la iniciativa tiene varios detractores. En especial en el oficialismo y en las comunas del norte grande, en donde legisladores del oficialismo se han mostrado contrarios a la iniciativa.
Los más duros con la iniciativa de Interior han sido los legisladores de la bancada del Partido Liberal, Vlado Mirosevic (Arica), Luis Malla (Arica) y Sebastian Videla (Antofagasta). Los parlamentarios Malla y Videla han tenido un tono más duro con La Moneda. Malla ha dicho que el Ejecutivo ha "engañado" a los diputados del norte de Chile y que no va a permitir que esta regularización se ejecute. Videla, por su parte, dijo que el trabajo que ha liderado Cordero "ha sido al menos confuso porque no conoce la realidad que se vive en la frontera", dijo el parlamentario. En una posición intermedia se encuentra la diputada Catalina Pérez, quien dijo a este diario que "con una buena intención, el Gobierno comete un error al no fijar criterios claros en el debate.
La regularización ha sido efectuada por quienes la critican hoy, con parametros mucho más laxos a los que espero el Gobierno proponga, pero lo cierto es que hoy no sabemos cuál es el universo que el Gobierno imagina y eso solo contribuye a la incertidumbre y especulación, generando una presión que no contribuye a las buenas definiciones en esta materia". A favor de la medida aparecen cuatro legisladores: Pedro Araya (Ind.
PPD), Matías Ramírez (PC) José Miguel Insulza (PS) y Esteban Velásquez (FRVS). Araya dijo: "Creo que la decisión del presidente Boric de llevar adelante un proceso de regularización migratoria acotado es correcta y por lo demás no es algo extraordinario, basta recordar que el expresidente Piñera también realizó un proceso de este tipo". En tanto, el subsecretario Luis Cordero reconoció hoy en Radio Cooperativa que hay "fuego amigo" tras haber planteado la iniciativa. Cordero destacó que en la oposición hay quienes ven con buenos ojos esta iniciativa aunque no individualizó quién. Y añadió que en estos casos hay que ser pragmático: "Chile tiene un problema y las personas ya están acá". Legisladores del norte se dividen frente a posible proceso y Cordero reconoce "fuego amigo" J. SOTO.