Autor: MÓNICA REYES POBLETE Académica Facultad de Comunicaciones UDD

Columnas de Opinión: Another brick in the wall / Otro ladrillo en la pared
Columnas de Opinión: Another brick in the wall / Otro ladrillo en la pared En 1979, Pink Floyd lanzó uno de sus mayores éxitos: una crítica a la rigidez, el control y opresión del sistema escolar. Casi medio siglo después el tema cobra vigencia frente a las recientes amenazas en establecimientos educacionales que encendieron alertas legítimas ante anuncios de ataques en colegios y universidades. Lamentablemente no se trata de hechos aislados, es el remate a un largo periodo de serios conflictos de convivencia.
Si miramos el fenómeno desde la gestión de riesgos, basta con que un peligro pase de estar en latencia a concretarse para que las organizaciones activen protocolos de actuación, respuesta y comunicación con sus comunidades educativas. Sabemos que las crisis exponen fragilidades, pero también la oportunidad de corregirlas antes de que sus impactos sean mayores. En eso consiste un buen control de daños. En este contexto, no es casual que el Foro Económico Mundial identifique entre los principales riesgos de corto plazo la desinformación, polarización social, inseguridad cibernética y erosión de derechos. Todos ellos dialogan con las amenazas que hoy nos preocupan. Muchas nacen o se amplifican en redes sociales como rumores difíciles de verificar y escalan en comunidades tensionadas. Por eso el debate sobre el proyecto de Ley Escuelas Protegidas debiera no solo abordarse como una respuesta de seguridad escolar, sino también como una adaptación local frente a riesgos globales, incorporando un enfoque integral. Entre sus fortalezas, la iniciativa legal reconoce una realidad subestimada donde la violencia estudiantil dejó de ser un hecho aislado, proponiendo herramientas institucionales e instalando el principio de prevención.
Su tramitación abre una oportunidad para incorporar las mejores prácticas y experiencias internacionales positivas, construyendo un modelo propio con protocolos claros, canales de denuncia, uso responsable de tecnología y capacitación permanente para docentes, asistentes de la educación y directivos. No obstante, si la discusión se concentra en revisión de mochilas o sanciones, se corre el riesgo de abordar síntomas y no causas. La violencia escolar también se relaciona con salud mental, convivencia, exclusión y bullying. Ninguna norma será suficiente si no se fortalece la capacidad de los espacios formativos para prevenir conflictos, detectar contextos complejos y acompañar esas trayectorias. El involucramiento de las familias es clave para que los espacios que históricamente han sido protegidos recuperen ese atributo.
En este escenario caer en dicotomías del tipo seguridad o derechos, disciplina o bienestar, control o educación nos aleja de una legislación equilibrada, viable en su implementación y complementada con políticas de convivencia y salud mental. En definitiva, la seguridad escolar del siglo XXI no se resuelve exclusivamente con control, aportar protección y al mismo tiempo certezas, sino que requiere inteligencia preventiva y comunicación estratégica. Los ladrillos con los que construyan las soluciones serán el reflejo de la comunidad y la sociedad que elegimos ser. Autor: MÓNICA REYES POBLETE Académica Facultad de Comunicaciones UDD. Opinión