Editorial: Contraloría, comunicación y política
Editorial: Contraloría, comunicación y política E n una publicación en sus redes sociales, el Gobierno aseguró la semana pasada que no podía bajar el precio de la bencina a través del Mepco porque la administración anterior dejó las arcas fiscales "sin plata" y un Estado "endeudado y quebrado". El mensaje, posteriormente bajado de las redes, ha sido objeto de múltiples críticas; significativamente, tres ministros -Jorge Quiroz, Claudio Alvarado y José García-se distanciaron de la idea de que el Estado esté quebrado.
La Contraloría General de la República (CGR) ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno, a cargo de la publicación, para que informe respecto del uso de recursos públicos en la generación del contenido, el personal involucrado y, "en particular", acerca del "fundamento normativo" y los "sustentos fácticos" de las afirmaciones de un Estado en la quiebra.
El jueves 26, tres diputados del Frente Amplio hicieron una presentación en la Contraloría en contra un asesor de la Presidencia, Cristián Valenzuela, y los funcionarios de la Segegob que participaron en el posteo, por difusión de información falsa y uso irregular de la cuenta institucional en la red X. De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, Valenzuela asumió la responsabilidad de haber elaborado la pieza comunicacional.
Más allá de la cuestionable tesis del Estado quebrado -la mayoría de los analistas y economistas coincide en que no solo es fiscalmente incorrecta, sino que afecta la credibilidad del país de cara a los mercados-, la actuación de la Contraloría y los reclamos parlamentarios han puesto en evidencia una vez más la propensión de trasladar debates propios de la política a niveles judiciales o administrativos. Desde luego han sido los actores políticos, en especial parlamentarios de todos los sectores, los que con sus demandas han agudizado la judicialización y la nutrida intervención administrativa de la Contraloría.
Recientemente, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, advirtió de la "creciente tendencia" a judicializar "conflictos de naturaleza predominantemente social o política". En este contexto, el abogado y académico Pedro Anguita ha planteadoque la contralora Dorothy Pérez ha excedido "con creces" sus potestades en el requerimiento hecho a la cartera de Gobierno. A su juicio, por encima de la ley que regula a la CGR prima la libertad de opinión establecida en la Constitución y que alcanza a los ciudadanos y la autoridad. Según Anguita, la idea de Estado en quiebra, "esencialmente subjetiva por lo demás", fue formulada en el ejercicio de aquella libertad fundamental.
Conviene recordar que la Contraloríase ha pronunciado en situaciones parecidas en 2015, con ocasión de la reforma tributaria, por la recordada frase de "los poderosos de siempre", y después en 2019 y 2024, a propósito de las reformas previsionales de los gobiernos Piñera y Boric. En tales casos, la CGR no objetó las campañas publicitarias, aunque sí determinó criterios a los cuales debía subordinarse la comunicación oficial.
Así como a las entidades públicas corresponde considerar el perímetro de sus facultades, la política tiene la obligación de examinar y dirimir las disputas que son propias de su naturaleza, y contener el impulso de resolver los conflictos en otras sedes institucionales renunciando a sus responsabilidades. "La política debe contener el impulso de resolver los conflictos propios de su naturalezaen otras sedes institucionales".. "La política debe contener el impulso de resolver los conflictos propios de su naturalezaen otras sedes institucionales".