Autor: Carlos Palma, fiscal regional de Aysén.
Idea de “asociar” votaciones de acusaciones constitucionales genera inquietud al interior de la Suprema
Idea de “asociar” votaciones de acusaciones constitucionales genera inquietud al interior de la Suprema C. CARVAJAL Y M.
VEGATras varios días de anuncios, tanto diputados de la oposición como del oficialismo concretaron ayer las presentaciones de acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus (ver C2). Los libelos no generaron sorpresa en el Palacio de Tribunales, pero sí llamó la atención y provocó inquietud al interior de la Corte Suprema el modo en que se ingresó uno de ellos: un escrito incorporaba el nombre de dos magistrados, lo que creen en el Congreso puede derivar en una sola votación. Es decir, podría evitar que se vote una a favor y otra en contra.
Así, por ejemplo, en la primera acusación de Chile Vamos quedaban “asociados”, de algún modo, los ministros Vivanco con un proceso de remoción en su contra por chats con el penalista Luis Hermosilla y Muñoz indagado por la Comisión de Ética del máximo tribunal, tras la denuncia de una inmobiliaria.
Sobre esta presentación, desde los tribunales comentaron que esto sería una decisión política que, sienten, de antemano prescindiría de la “seriedad” de estudiar, valorar y “tasar” cada una de las acusaciones en su mérito, capítulo por capítulo. n Presentaciones separadas contra los magistrados desde el oficialismoEl oficialismo sin la DC, no obstante, lo hizo por separado. Una acción contra la misma jueza y otra contra su par, Matus, Estado. Algunos de los presentes plantearon que las acusaciones constitucionales en 2018 contra la entonces sala penal la situación era distinta, pues era contra una resolución.
Estaba dirigida contra los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama, por conceder el beneficio de la libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad, que cumplían sentencia en la cárcel de Punta Peuco y el penal Colina I. n Acusaciones “políticas”, pero “dentro de sus facultades”, dicen exsupremosConsultados exministros de la Corte Suprema estuvieron en una línea similar. El exmagistrado Jorge Dahm expresó: “Cada uno está haciendo uso de las disposiciones legales, ahora si corresponde una u otra, eso se determinará en su momento.
El ordenamiento ju-rídico está funcionando y eso es lo que tiene que ser”. Mientras que su par, el exjuez del máximo tribunal Patricio Valdés, afirmó que “son acusaciones políticas, pero está dentro de sus facultades porque consideran que hay notable abandono de deberes es lo que dice la Constitución.
Si se aprueba en la Cámara el Senado debe resolver”. Aunque en el caso de la ministra Vivanco, cree, es “algo debe resolverlo la Corte Suprema por el cuaderno de remoción porque los cargos que se le imputan son graves”. Actualmente, la ministra Vivanco se encuentra suspendida de sus funciones; el magistrado Muñoz pidió hace unos días vacaciones y días administrativos; y el juez Matus sigue con licencia médica, por lo que ninguno de los acusados ha integrado sala o participado del último Pleno del máximo tribunal. Ayer sesionaron los ministros del máximo tribunal y abordaron las acusaciones constitucionales contra sus pares. indagado, al igual que Muñoz, por la instancia ética, aunque en su caso por mensajería con Hermosilla. Y una tercera del oficialismo, pero con la DC, res-pecto de este último también.
De todo ello se enteraron ayer por la tarde los supremos cuando sesionaban en el habitual Pleno de los lunes y, demanera unánime, resolvieron no emitir un pronunciamiento, por ahora, para respetar y no interferir en las atribuciones que tiene otro Poder delCon dos presentaciones ante el Ministerio Público el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, pidió su sobreseimiento en las indagaciones relacionadas con el caso Audio. Una se vincula con la querella por la supuesta “oferta” que Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, le hizo en 2022 para que dejara la carrera a fiscal nacional. Acá se le pesquisa por omisión de denuncia.
La otra se hace cargo de la imputación por violación de secreto por mensajes quePalma envió a Luis Hermosilla sobre una causa por narcotráfico: le hizo llegar escuchas telefónicas tras la formalización de clientes del estudio del penalista. Así, el abogado Humberto Alarcón, que representa al fiscal regional, niega la existencia de delitos y pide que se requiera una audiencia para discutir el tema.
En la primera solicitud se menciona la colaboración de Palma con su declaración, la apertura de sus cuentas bancarias y la entrega de su teléfono que dicen no fue“reseteado”, sino que solo hubo eliminación de mensajes en resguardo de investigaciones que llevaba, como el caso Convenios.
“De acuerdo con los antecedentes reunidos hasta la fecha en la carpeta investigativa, se ha descartado cualquier clase de ofrecimiento” de Migueles a Palma para que este último “ejecute algún acto propio de su cargo”, precisa el defensor.
Y, añade, si fuera real la oferta, “los hechos no son constitutivos de delito”, ya que, asegura, “el tipo penal requiere que la ofertaque se haga sea en razón del cargo que desempeñe el funcionario público, lo que no ocurre”. En el otro escrito se pide el sobreseimiento por violación de secreto, donde se le atribuye la entrega de información a la defensa, en octubre de 2022. Según el documento, a la fecha de las comunicaciones la investigación “ya era pública”, porque se había efectuado la formalización y se había entregado copia de la carpeta a los abogados de los imputados. Fiscal Palma pide su sobreseimiento en causas relacionadas con el caso Audio.
El Pleno del máximo tribunal se reunió ayer por la tarde y de manera unánime resolvió no emitir un pronunciamiento, por ahora, para respetar y no interferir en las atribuciones que tiene otro Poder del Estado. Una de ellas, de oposición, vincula el nombre de la ministra Vivanco con el del su par Muñoz: y abordaron las acusaciones constitucionales contra sus pares. Carlos Palma, fiscal reg