Editorial: Humedales urbanos y el debido proceso
Editorial: Humedales urbanos y el debido proceso a reciente admisión a trámite por parte del Segundo Tribunal Ambiental de la reclamación presentada por la Inmobiliaria Monte Aconcagua contra el Ministerio del Medio Ambiente y el Fisco de Chile, vuelve a poner sobre la L mesa una tensión que se repite con frecuencia en la política ambiental: la legítima protección de ecosistemas versus el respeto irrestricto al debido proceso administrativo. El conflicto se origina a partir de la resolución que reconoce como Humedal Urbano Kan Kan una quebrada del sector Viña del Mar Alto, incluyendo terrenos de propiedad privada. Más allá del debate ecológico -que es relevante y necesario-, el fondo de la reclamación apunta a un aspecto igualmente sensible: la forma en que el Estado adopta decisiones que afectan derechos de terceros.
Según lo expuesto, el Ministerio habría modificado sustancialmente el polígono originalmente propuesto por la Municipalidad de Viña del Mar sin abrir una nueva instancia de participación, privando a los propietarios afectados de conocer y controvertir oportunamente los antecedentes decisivos del procedimiento. Si ello se confirma, no se trata de una mera omisión administrativa, sino de una vulneración directa a principios básicos como la transparencia, la participación y la contradicción, pilares de cualquier procedimiento legítimo. Especialmente delicado resulta el rol que tuvieron las visitas a terreno. Estas inspecciones no fueron accesorios, sino elementos clave para definir el polígono final del humedal. Sin embargo, de acuerdo con la reclamación, sólo la municipalidad solicitante fue convocada, excluyendoa otros interesados directos. En un Estado de derecho, la autoridad no puede inclinar la balanza permitiendo que sólo una de las partes esté presente en instancias probatorias determinantes. La protección ambiental no puede -ni debeconstruirse sobre procedimientos opacos o asimétricos. Declarar humedales urbanos es una herramienta valiosa frente a la crisis climática y la expansión urbana, pero su legitimidad social y jurídica depende de procesos impecables, técnicamente sólidos y participativos. De lo contrario, incluso las mejores intenciones corren el riesgo de naufragar en tribunales. Cuidar el medioambiente exige convicción, pero también rigor institucional. Cuando la forma falla, el fondo queda inevitablemente en entredicho.. La disputa por el Humedal Kan Kan pone en tensión la protección ambiental y la forma en que el Estado toma sus decisiones. E Editorial