EL CÍRCULO CERCANO de Orrego, en la mira tras la primera baja en su equipo
EL CÍRCULO CERCANO de Orrego, en la mira tras la primera baja en su equipo Según dicen, cuando los primeros salieron, le avisaron inmediatamente al resto que se sumarían al requerimiento. “Es un vendaval de antecedentes. Nadie que los revise podría determinar restarse a la solicitud de destitución”, dice el core republicano Ignacio Dülger. Su colega de RN, Karin Luck, expresa que “todo es muy grave. No se puede minimizar el mal uso de los fondos públicos”. Así, se conformó unidad en la derecha, pese a las disputas electorales en materia presidencial y parlamentaria. En concreto, los tres partidos están trabajando conjuntamente en el escrito que se entregará al Servel. Por el lado de la UDI el encargado es el abogado y exsubsecretario Max Pavez. Por RN, el abogado Rodrigo Urzúa y por republicanos son Emiliano García, Felipe Serey, Jaime González y el mismo Dülger. Fuentes conocedoras afirman, de hecho, que en los documentos habrá nuevas revelaciones.
Por ejemplo, sobre la fundación Procultura, debido a que en junio del año pasado se le concedió al consultor Pablo Martínez Castro, por 16 millones de pesos, un proyecto para elaborar programas sociales para la División de Desarrollo Social y Humano del Gore. Sobre esto, en su informe Contraloría estimó que él tenía menos experiencia de lo que se requería para la tarea. Consistía en haber sido asistente, precisamente, en Procultura. Desde el Partido Republicano, en tanto, buscan ahondar en el rol de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, donde la Contraloría ya detectó rendiciones duplicadas y triplicadas por $1.848.631.797. Sin embargo, para la tienda, hay más de tres mil millones más que están bajo sospecha. Serían “106 procedimientos y contratos que no tienen una justificación en las actas”, dicen. Agregan que el gobernador tendría mucha participación en las decisiones de esa entidad, pese a que se trata de una corporación de derecho privado. Hay otros dos puntos que se está evaluando incluir de cara a la presentación en el Tricel. La mala utilización y extravío de autos institucionales de la Gobernación y la Corporación, y diversas transferencias a través de trato directo a la consultora Tironi y Asociados, en “temas que debieron ser licitados”, dicen.
EL FACTOR ASCENCIO Otro punto que se está analizando entre los abogados es la influencia que puede tener en el Tricel el voto de uno de sus integrantes: el exdiputado Gabriel Ascencio, compañero del gobernador en la DC durante décadas. Quienes lo conocen cuentan que él “jamás” ha votado con la derecha, salvo en algunos temas regionales que lo tocaban de forma más personal.
“En estas cosas Gabriel no se pierde”, dicen, y agregan que lo más probable es que rechace los argumentos de la oposición, pues sería de la tesis de que la presentación es “una operación política”. De ahí que en el equipo jurídico de la oposición no descartan pedir la inhabilitación del exparlamentario. Aunque otros advierten que pese a ser del mismo partido, Orrego y Ascencio siempre estuvieron en bandos opuestos. “No son amigos, ni siquiera cercanos”. TRES ESTUDIOS PARA TRES ESCENARIOS La visita de todos los partidos a la Contraloría forma parte, dicen, de la estrategia de la oposición para “rodear” al gobernador. El primer punto es el escrito que se presentará al Tricel. Segundo, nuevos antecedentes y sospechas que se estarán entregando a Contraloría para que el organismo ahonde. “Hay mucho más que puede descubrir”, cuentan. Una tercera etapa es ante la fiscalía. Esto, pues tanto en la UDI como en republicanos están preparando querellas.
Los primeros, de hecho, abrirían una nueva arista para Orrego, pues pretenden centrarse en el posible conflicto de intereses de la exjefa de Presupuesto Mayuri Reyes y la empresa Ajem, y la responsabilidad que podría recaer en el gobernador en esto. En contraposición, Orrego debe, hasta ahora, preparar una estrategia para tres casos distintos. Y para ello, optará por tres estudios de abogados diferentes. A cargo de la arista minutas están José Pedro Silva y Miguel Schürmann.
El primero explica a “El Mercurio” que los informes de Vera Gil no se pueden “escindir” del contexto político y que, en los escritos al respecto que recibió Orrego, los detalles de las minutas no estaban adjuntos porque se trataba de información “confidencial”. Por tanto, el argumento es que el gobernador no habría tenido conocimiento alguno de los consejos que se debatían en esas reuniones ahí. Él mismo confirma que quien está a cargo de la estrategia del gobernador en el caso Procultura es el abogado Rodrigo de la Barra, penalista, exfiscal jefe de las Fiscalía de Coquimbo y Las Condes. Y que para la arista Tricel, el gobernador elegirá a otros abogados, expertos en el tema. Algo que aún no tiene decidido. Sobre el caso Ajem, no se pronuncia todavía. Así, son tres, o cuatro, los escenarios que se le abren al gobernador, en su momento más difícil.
Y quizás, dicen en la oposición, vengan más. n La defensa de Orrego explica que en los escritos al respecto que recibió Orrego, los detalles de las minutas no estaban adjuntos porque se trataba de información “confidencial”. La semana empezó con el gobernador tomando la iniciativa ante la fiscalía, algo que incomodó en la oposición.
Pero nuevos antecedentes y una reunión con la contralora Dorothy Pérez generaron cohesión en la derecha pese a las disputas electorales, que prepara, en conjunto, un escrito para presentar al Tricel. ¿La base? La multiplicidad de tratos directos en convenios con posibles conflictos de intereses. MATÍAS BAKIT R. FUNCIONARIOS DE CONFIANZA DEL GOBERNADOR:.