Millonarias irregularidades en el Estado: Marcel dice que no hay fondos públicos " perdidos o defraudados"
Millonarias irregularidades en el Estado: Marcel dice que no hay fondos públicos " perdidos o defraudados" nalmente Me el ambiente de coy ontrol e ágil que permita relacionar recomendaca lasenico del MI para monitorear informar y medie del MI para monitorear informar y medie POR SEBASTIÁN VALDENEGRO A una semana de que la Contraloría General de la República (CGR) entregara un informe donde consolidó las auditorías entre abril de 2024 y marzo de 2025, detectando irregularidades en el sector público por US$ 1.600 millones, el Gobierno salió a aclarar este jueves las cifras, además de anunciar medidas para aumentar el control financiero dentro del aparato estatal.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, precisó que los hallazgos del órgano encabezado por Dorothy Pérez no significan US$ 1.600 millones "perdidos" o "defraudados" en el sector público, sino que la entidad consolida dicho monto como recursos que han sido objetados o que requieren de una mayor explicación de los organismos estatales.
También, las autoridades detallaron que la cifra se relaciona con las auditorías realizadas por Contraloría ex post, algunas que datan desde años anteriores, lo que no implica que lo detectado sin explicaciones suficientes se haya generado en hechos acontecidos entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de abril de 2024 y el 31 de marzo de El ministro de Hacienda señaló también que el Ejecutivo está analizando las propuestas para entregarle mayores atribuciones fiscalizadoras a la Contraloría. este año.
Por ejemplo, indicaron que los gastos observados por el ente de control comenzaron a subir a partir de 2017 para llegar a un peak de unos $ 5.500.000 millones en 2021, bajando a cerca de $1.500.000 millones en 2024. De hecho, Marcel y Martínez añadieron que el informe de Contraloría no incorpora las respuestas que entregaron los servicios públicos ante las auditorías.
Donde sí está esa información es en el reporte que elaboró el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno (Caigg), que está alojado en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Asimismo, se explicó que un tercio de las fiscalizaciones de la Contraloría pertenece a municipalidades y gobiernos regionales, mientras que del porcentaje restante, un 20% corresponde a instituciones que cuentan con sistemas de control distintos de los servicios públicos, como Fuerzas Armadas y policías, empresas públicas y universidades. Plan de medidas Hacienda explicó que los gastos observados se vinculan con diversas materias, como errores contables, garantías vencidas, conciliaciones bancarias desactualizadas o deudas sin cobranza. Por ejemplo, el 24% son incumplimientos de normas contables y/o presupuestarias, como sobreestimación o subestimación de ingresos; falta de análisis de cuentas; o incumplimientos en el devengo de recursos. Un 22% se relaciona con falencias en el cumplimiento de contratos, como modificaciones no justificadas; incumplimientos contractuales; falta de supervisión; o garantías vencidas o no presentadas.
Mientras que otro 21% del total se refiere a deficiencias en rendición de cuentas, como falta de control y revisión; rendiciones incompletas o ausentes; o transferencias a tas o ausentes; o transferencias a tas o ausentes; o transferencias a Marcel abordó el reporte junto con la directora de MOSTTIOS (Dipres), Javiera VELAS entidades con saldos pendientes. "En consecuencia, las cifras agregadas en pesos no corresponden a fondos públicos perdidos o defraudados. (... ) son recursos objeto de observación de parte de la Contraloría", dijo Marcel. Incluso, agregó que apenas 2,6% del monto total observado fue objeto de reparos, acreditación o restitución de los recursos. Deesta manera, Hacienda y Dipres entregaron medidas adicionales para fortalecer el control en el sector público.
Un primer ítem se relaciona con reactivar o empujar proyectos de ley en tramitación, como concluir la tramitación del proyecto que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (Saigg), esperando que se despache del Congreso en julio; reactivar el proyecto de Regiones Más Fuertes, que mejora los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para los Gobiernos Regionales; y el fortalecimiento de Contraloría, donde Marcel dijo que se están analizando las propuestas entregadas por Péreza fines de mayo. "El Gobierno está analizando las propuestas de la Contraloría y dará una respuesta en las próximas semanas", adelantó el ministro.
El segundo eje implica fortalecer el vínculo entre los informes de la CGR y las respuestas de los servicios públicos, por lo que se le encargará al Saigg una vez que se apruebe su creación que desarrolle una plataforma digital que permita relacionar recomendaciones y observaciones de auditorías internas y externas a las respuestas de cada servicio; desarrollar sistemas dentro del Programa de Mejoramiento de la Idea de la UDI sobre contribuciones: a favor del "barrio alto" E Sobre la propuesta de la UDI, que busca eximir a la primera vivienda del pago de contribuciones, el ministro Marcel afirmó que podría terminar beneficiando a los inmuebles de contribuyentes en comunas de altos ingresos, como Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes.
Junto con aclarar que aborda la propuesta porque es de un partido político y no de una candidatura presidencial --dada su relación con la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá-, detalló que el monto involucrado en el pago degravamen de bienes raíces con fines habitacionales bordea los US$ 800 millones al año: "Para el conjunto de municipalidades, en promedio, representa un 15% de sus ingresos propios. Ahora, de esa recaudación, un 45% proviene de las comunas del barrio alto de Santiago. O sea, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia y La Reina", dijo.
Por ejemplo, estimó que en promedio una persona en Lo Barnechea recibirá un beneficio anual de $ 3,3 millones con la medida; en Vitacura, alcanzaría a $ 2,2 millones; y en Las Condes a $ 1,2 millones de descuento por persona por ejercicio. "¿Quiénes terminarán pagando esos beneficios? Las comunas pobres del país, porque ellas reciben una parte de la recaudación del impuesto territorial que se recauda de viviendas del barrio alto de Santiago. Asimismo, argumentó que será "muy fácil eludir" el impuesto si se incorpora una exención así, porque muchas personas podrían dividir la titularidad de las propiedades entre sus familiares.
Gestión (PMG) para monitorear, informar y medir desempeño en la respuesta a observaciones de fiscalización; e incorporar una mayor diligencia en respuesta a acciones de fiscalización dentro de los convenios de desempeño de los jefes de servicios públicos..