LA SEMANA POLÍTICA
LA SEMANA POLÍTICA Es entendible la ansiedad que ha mostrado el Gobierno por acelerar la discusión de la reforma previsional --la comisión de Hacienda del Senado esperaba despacharla anoche-y conseguir su aprobación antes del receso legislativo veraniego.
Desde luego, para una administración cuyo listado de logros luce escuálido, una reforma de esta magnitud constituye lo más parecido a un legado, por más que muchos de sus contenidos se alejen de lo que eran sus ambiciones originales.
Y ello, sin olvidar la perspectiva de que sea durante este año --y probablemente en pleno período de campaña-cuando se empiece a pagar el reajuste de la PGU contemplado en su articulado, con el rédito político consiguiente.
Pero, más allá de cuál sea el interés específico del Ejecutivo, es una preocupación legítima la de que, de dilatarse la discusión y quedar su despacho pendiente para marzo, el debate termine contaminado precisamente por el ambiente electoral en que va internándose el país. En efecto, el acuerdo alcanzado por el oficialismo y Chile Vamos ha sido el fruto de dificilísimas negociaciones.
La fórmula convenida dista de generar unanimidad en uno y otro lado del espectro, y es una posibilidad real la de que el delicado juego de equilibrios en que se sustenta sea amenazado por los vientos electorales.
Ante ese riesgo es que el Ejecutivo ha tomado la decisión de recurrir incluso a la disposición del artículo 32 de la Constitución, que le permite al Presidente citar a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso. Deben entender, sin embargo, los impulsores del acuerdo --y particularmente La Moneda-que esa inquietud no puede ser justificación para quitar rigor al debate. Más aún cuando en las menos de dos semanas transcurridas desde que se conoció el acuerdo se ha planteado un número relevante de objeciones que exigen ser despejadas. Las más comentadas han sido, claro, los 11 riesgos advertidos por el Consejo Fiscal Autónomo.
El ministro de Hacienda ha recogido algunas de las propuestas de "mitigación" formuladas por este órgano, y según el senador Kast, presidente de la comisión, ya se habrían resuelto mediante indicaciones las distintas dudas surgidas durante la discusión en esa instancia. Con todo, economistas siguen planteando interrogantes respecto, por ejemplo, del Fondo Autónomo de Protección Previsional, y el modo en que se contabilizará la deuda de este con los afiliados.
Los supuestos usados por Hacienda en sus últimos cálculos y la posibilidad de un superávit en ese fondo --que impone preguntarse entonces sobre la pertinencia de los montos de aporte que se proponen-han sido otros tantos motivos de inquietud.
Y, en otro plano, la decisión de involucrar a un organismo del Estado, el IPS, en el servicio de administración de cuentas tiene alcances en extremo delicados --una suerte de separación light de la industria, para algunos--, los que, sumados a la reducción del encaje y a la intención del Gobierno de insistir en un administrador estatal de fondos, generan no pocas preguntas. Se agregan además las suspicacias que el mismo oficialismo sigue alimentando.
El referido tema del administrador estatal es un ejemplo, pero además esta semana, insólitamente, la diputada Gael Yeomans --líder de una de las facciones del Frente Amplio-ha propuesto que el controvertido préstamo no sea devuelto a los cotizantes, apostando a que "se pueden ir corriendo cercos". De este modo, si bien se justifican los esfuerzos por conseguir que el proyecto no quede "para marzo", ello no puede significar confundir celeridad con apresuramiento o improvisación. Tratándose de una reforma cuyos alcances se proyectarán por décadas, no puede ser despachada hasta no ser zanjada, con rigurosidad técnica, cada una de las interrogantes que se han planteado. Cualquier otro camino sería un golpe a la confianza ciudadana y ensuciaría la legitimidad de un proyecto trascendental.
Pero si de confianzas se trata, tal vez aún más relevante es que el oficialismo sincere de una vez cómo entiende este acuerdo: como un compromiso a honrar o solo como una oportunidad para empezar a "mover el cerco". LA SEMANA POLÍTICA Oficialismo y pensiones: ¿ Solo mover el cerco? Tratándose de una reforma cuyos alcances se proyectarán por décadas, no puede ser despachada hasta no ser zanjada, con rigurosidad técnica, cada una de las interrogantes que se han planteado. El vínculo PC-Venezuela supone hoy una incompatibilidad con su participación en el Ejecutivo de la que nadie parece hacerse cargo.
Elefante en la habitación En cualquier país, revelaciones como las que se han conocido esta semana respecto del caso Ojeda --resultado de una investigación que La Moneda ha respaldado con fuerza-harían insostenible la participación en el Gobierno de un partido político que apoya explícitamente al régimen venezolano.
En Chile, sin embargo, el asunto no genera más que mensajes velados por parte de las autoridades en respuesta a las descalificaciones contra la fiscalía del presidente comunista, Lautaro Carmona, y del exalcalde de ese partido, Daniel Jadue. Replicando la figura del elefante en la habitación, el vínculo PC-Venezuela supone hoy una incompatibilidad con su participación en el Ejecutivo de la que, sin embargo, nadie hasta ahora parece querer hacerse cargo. Hoy se espera que Carmona sea reelegido por el comité central como timonel de su partido. Será la oportunidad de ver si entrega alguna señal de distanciamiento o si ratifica su apoyo a un régimen imputado de ejercer terrorismo de Estado en nuestro territorio.. - -