Cámara despacha reajuste del sector público al Senado: aprueba alza de 3,4%, pero cae paquete de normas de quórum y se reabre debate por financiamiento
Cámara despacha reajuste del sector público al Senado: aprueba alza de 3,4%, pero cae paquete de normas de quórum y se reabre debate por financiamiento La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó este miércoles el proyecto de reajuste del sector público, dejando la iniciativa en condiciones de pasar a su discusión en el Senado, en una votación marcada por un apoyo mayoritario al incremento de remuneraciones, pero también por el rechazo total de las disposiciones que requerían quórum calificado, varias de ellas calificadas por la oposición como normas de "amarre". El texto aprobado considera un reajuste global de 3,4% para las y los funcionarios, estructurado en dos alzas nominales: un 2,0% con efecto desde diciembre de 2025 y un 1,4% a contar del 1 de junio de 2026. La iniciativa también contempla beneficios asociados a bonos para trabajadores y aguinaldos, componentes que sí lograron sortear la votación en Sala y que constituyen el núcleo del acuerdo con la Mesa del Sector Público. En términos legislativos, el proyecto avanzó con fuerza en su articulado general: 119 de sus 132 artículos fueron aprobados. Sin embargo, el punto materias misceláneas que el debate parlamentario había puesto bajo lupa.
En esa lista se incluyó la ampliación de giro para Correos de Chile y Enap, el aporte de los Gobiernos Regionales a empresas públicas y un nuevo calendario para la entrada en vigencia de ciertos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), entre otras normas que no alcanzaron los votos exigidos por su tipo de quórum.
Tras el despacho, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, adelantó que el Ejecutivo buscará reponer en el Senado los puntos que se cayeron por exigencias de quórum, con énfasis en los contenidos que provienen de entendimientos con la Mesa del Sector Público.
En un punto de prensa en el Congreso, el secretario de Estado asepolítico de la jornada estuvo en la caída de todas las normas de quórum, entre ellas la relativa a la "confianza legítima" del personal a contrata, materia que ha concentrado la controversia por su eventual efecto en desvinculaciones y continuidad laboral.
Además de esas disposiciones, entre los artículos rechazados quedaron guró que el Gobierno se siente "satisfecho" y sostuvo que la derrota legislativa se concentró en normas donde “hubo mayoría de aprobación pero no fue suficiente", anunciando que insistirán en la Cámara Alta con lo que consideran compromisos del protocolo. De cara a su siguiente etapa, el proyecto llega al Senado con dos frentes de discusión abiertos. Por un lado, la reposición de normas asociadas a contratas -los llamados "amarres" podría reactivar las críticas opositoras y tensionar la negociación en la Cámara Alta.
Por otro, crece el debate sobre la caja fiscal y la forma de financiar el paquete, especialmente luego de la advertencia del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que identificó una brecha de US$822 millones adicionales que, a su juicio, deberían cubrirse con reasignaciones y/o un mayor uso de provisiones, dentro de los límites del erario vigente.
La presidenta del CFA, Paula Benavides, recalcó ante la Comisión de Hacienda que el proyecto se discute en un contexto de "estrés fiscal" y recordó que el Presupuesto 2026 no contemplaba un reajuste por IPC, por lo que cualquier medida extra -advirtiódebe adoptarse resguardando la meta de Balance Estructural de 2026 para evitar presión sobre otras partidas del gasto público.
Con el trámite ya en el Senado, el reajuste entra ahora en una fase decisiva: el Gobierno intentará recomponer los artículos caídos y sostener el acuerdo con el sector público, mientras el Congreso vuelve a poner el foco en la sostenibilidad del financiamiento y en el alcance real de las normas laborales cuestionadas. El proyecto contempla un incremento salarial en dos tramos -2% desde diciembre de 2025 y 1,4% a partir de junio de 2026-, además de bonos y aguinaldos.
El Gobierno anunció que intentará reponer en la Cámara Alta artículos rechazados, mientras el Consejo Fiscal Autónomo advierte una brecha de US$822 millones y un escenario de "estrés fiscal".. El proyecto contempla un incremento salarial en dos tramos -2% desde diciembre de 2025 y 1,4% a partir de junio de 2026-, además de bonos y aguinaldos. El Gobierno anunció que intentará reponer en la Cámara Alta artículos rechazados, mientras el Consejo Fiscal Autónomo advierte una brecha de US$822 millones y un escenario de "estrés fiscal".