Editorial: Postergación desaladora
Editorial: Postergación desaladora La prolongación solicitada por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas para extender hasta enero de 2027 el proceso de evaluación ambiental de la planta desaladora en la Región de Coquimbo vuelve a instalar una inquietud que se repite con demasiada frecuencia en el país: la distancia entre las urgencias territoriales y la velocidad con que el Estado es capaz de responder a ellas. En una zona que arrastra más de una década de sequía estructural, cualquier señal de retraso en proyectos destinados a asegurar el abastecimiento hídrico genera legítima preocupación en la ciudadanía. Es evidente que los procesos de evaluación ambiental deben ser rigurosos y contar con toda la información técnica necesaria para tomar decisiones responsables. Estudios de biota marina, modelaciones acústicas submarinas o caracterizaciones arqueológicas forman parte de un estándar que busca resguardar el patrimonio natural y cultural. Sin embargo, también resulta razonable preguntarse si el sistema actual logra equilibrar adecuadamente esa exigencia con la urgencia que demandan territorios que enfrentan crisis profundas. La desaladora ha sido presentada como una obra estratégica para garantizar agua potable a cientos de miles de habitantes de la conurbación La Serena-Coquimbo. Por lo mismo, cada nueva postergación erosiona la confianza en la capacidad institucional para materializar proyectos prioritarios.
Más allá de las legítimas diferencias políticas o técnicas, lo que la región necesita hoy es claridad en los plazos, coordinación entre los organismos públicos y una señal inequívoca de que enfrentar la crisis hídrica sigue siendo una prioridad real y no solo una promesa reiterada.
Si a esta iniciativa se suma la situación de la circunvalación, que también fue cuestionada por Concesiones, la región queda en una posición desfavorable en su búsqueda de reactivación, evidenciando un estancamiento que las actuales autoridades han negado. EDITORIAL. En una zona que arrastra más de una década de sequía estructural, cualquier señal de retraso en proyectos destinados a asegurar el abastecimiento hídrico genera legítima preocupación. EDITORIAL