Autor: NICOLÁS FLEET

Morosidad del CAE
Señor Director: Ayer este diario publicó una nota titulada "Más de medio millón de chilenos dejaron de pagar el CAE y la morosidad impacta en las cuentas fiscales”. En ella se expone el crecimiento sostenido de la morosidad estudiantil en los últimos años, mostrando elocuentemente que el CAE es una pésima política pública —aunque un negocio seguro para los bancos—, tal como se planteaba desde las movilizaciones estudiantiles de 2011 que demandaron su abolición. Durante las últimas décadas, distintos reportes evidenciaron que las patologías del CAE vienen desde su origen. En 2009, la Dipres mostró que los recursos gastados en las garantías estatales excedieron los recursos asignados a los estudiantes. O sea, ya estaba claro que la participación de los bancos era un ingrediente innecesario para este irracional sistema de financiamiento.
En 2012, un reporte del Banco Mundial proyectaba un endeudamiento en torno al 18% de los salarios mensuales de los egresados —lo cual llevó a bajar la tasa de interés—. Luego, en 2018 el expresidente Lagos reconoció ante la Comisión Investigadora del CAE que las proyecciones que se hacían para 2013 estimaban que se entregarían aproximadamente 40 mil créditos, cuando esta cifra llegó a más de 350 mil ese año, en conformidad con las tendencias de expansión de la matrícula.
El aumento en la morosidad describe entonces una tendencia estructural que, como mostró un reporte de Mineduc de 2022, se asocia fuertemente también a la baja capacidad de pago de los profesionales endeudados, impactando en un desembolso fiscal creciente.
La única solución es que el Estado se haga cargo de terminar con el CAE, generando alternativas de financiamiento y condonación que atiendan las condiciones de empleabilidad y salarios de los profesionales egresados del sistema de educación superior.